Adolfo Gilly
Rendición de cuentas

Cualesquiera que sean sus intenciones, una virtud tiene la propuesta del doctor Ernesto Zedillo sobre la desnacionalización de la industria eléctrica y, para ello, una nueva reforma al artículo 27 constitucional: obliga a todo mundo a definirse antes del 2000 y no después. Referéndum sobre el tema habrá, y ese referéndum será la elección presidencial. Sé que hay a quienes no les gusta que una elección sea tan nítida. Pero ni modo, así vino otra vez el juego.

La propuesta apunta, por supuesto, a abrir las puertas a la desnacionalización del petróleo y la subasta de Pemex. Así lo ha comprendido Vicente Fox y se ha apresurado a apoyar al doctor Zedilla y a recordarle que todavía está por vender la petroquímica. Es una posición coherente con su apoyo al Fobaproa. Mejor así: quien apoye a Fox sabrá qué está haciendo y a qué nos está convocando. Debemos desear que la misma virtud de claridad tengan los ineludibles pronunciamientos de los precandidatos dentro del PRI.

Desnacionalizar la electricidad y el petróleo no es una cuestión meramente económica, como no lo sería en Francia desnacionalizar los ferrocarriles y venderlos, digamos, a un consorcio alemán. Tiene que ver con el territorio nacional, el patrimonio común de los mexicanos, la propiedad de sus recursos estratégicos, el dominio de la nación y la soberanía frente a un vecino poderoso y expansivo.

En otras palabras, de lo que se trata no es de quién posee, sino de quién manda. Cualquier cosa que pueda pensar hoy el doctor Zedillo, educado en la escuela económica de Yale y no en la herencia política de Querétaro y de Múgica, detrás de la electricidad y del petróleo viene el Istmo de Tehuantepec y, en un descuido, Baja California. Hay muchas formas de perder el dominio de un pueblo sobre el propio territorio sin perder formalmente la independencia política. La economía, en este caso, no pasa de ser una variable subordinada de la geopolítica.

Tres temas serán decisivos en el futuro inmediato: el artículo 27, la paz en Chiapas y la corrupción de Estado, narcotráfico y finanzas incluidos. Sobre esos tres temas hablarán las conductas junto con las palabras. El PRD ha sido claro sobre los tres, tanto en el debate sobre el Fobaproa como en la defensa del artículo 27 y en la exigencia del respeto a los acuerdos de San Andrés.

Cada uno de sus dirigentes, representantes y candidatos está también obligado a serlo. No sé que opina al respecto Gastón Alegre, candidato a gobernador de Quintana Roo, pese a la opinión contraria de la mayoría del Comité Ejecutivo Nacional perredista. Pero no es sólo Quintana Roo. En todo el territorio nacional, la ciudad de México incluida, el PRD tiene que aprestarse a esa confrontación. Las crisis de una sociedad tienen al menos la virtud de poner a prueba a todo mundo y obligar a todos a una rendición de cuentas. No se puede entrar en una confrontación de esa magnitud sin antes poner la propia casa en orden.

Varios diputados del PRD en la ALDF han sido acusados de utilizar la venta de leche a precio reducido como recurso para obtener apoyo electoral o personal. La conciencia de algunos de sus acusadores está ciertamente poblada de colibacilos: basta ver las tareas cotidianas a las cuales se dedican. Pero no se trata de eso. Lo cierto es que la defensa de los citados legisladores no tiene la menor fuerza de convicción. En el mejor de los casos, han dicho que la leche no es mala, sin responder al hecho evidente de que un diputado no puede dedicarse a explotar la pobreza ajena vendiendo leche barata, buena o mala.

Comparto en sus razones las reflexiones de Arnoldo Kraus en esta páginas. Pero no quiero prejuzgar sobre las notas periodísticas. Digo sólo que el PRD -a través de su dirección, su Consejo Nacional y sus órganos de justicia y vigilancia- tiene que tomar en sus manos ese caso, convocar a los diputados, escucharlos y, si las acusaciones fueran falsas, poner en su lugar a los acusadores; pero si llegaran a ser verdaderas, poner en su lugar a esos representantes. Es una obligada rendición de cuentas que la opinión pública demanda. Ahora, antes de las elecciones para la próxima dirección nacional del PRD y antes de la discusión sobre el artículo 27.