El anuncio hecho por Ernesto Zedillo de que su gobierno pretende reformar los artículos 27 y 28 de la Constitución para privatizar la industria eléctrica (2 de febrero) ha suscitado una respuesta social que ha sorprendido a los economistas que gobiernan a México, abriendo un nuevo escenario de controversia en el país.

1. El desprecio de los tecnócratas a las instituciones nacionales ha sido absoluto, y no extraña por ello que Zedillo haya hecho su anuncio en vísperas del 82 aniversario de la promulgación de la Constitución de 1917. Lo que sorprende es sin embargo la forma tan antidemocrática en que planteó su iniciativa y la precipitación con la que busca alcanzar las modificaciones legales.

2. En los países que tienen una legislación democrática medianamente avanzada, las reformas constitucionales se hacen por la vía del referéndum: consultándole al pueblo. En México, por el contrario, estas modificaciones se emprenden de manera cada vez más autoritaria y de espaldas a la sociedad, ya que el titular del Ejecutivo puede a su arbitrio modificar la Constitución pues cuenta con un Congreso subordinado, de manera que en los últimos sexenios esto se ha hecho por lo general en función de intereses privados.

3. La privatización de la energía eléctrica, como se sabe, es una de las principales cartas de las que dispone en lo personal Ernesto Zedillo para demandarle a Washington que le dé carta blanca para imponerle un nuevo presidente al país en el 2000. Zedillo y sus íntimos saben bien que la administración de Bill Clinton y un buen número de republicanos coquetean con la idea de respaldar a Miguel Alemán III para llegar a Los Pinos. Como también que --aunque a algunos parezca inverosímil-- no faltan en el Capitolio y en el Departamento de Estado algunas voces que piensan que en la carrera presidencial se debe apoyar al panista Vicente Fox, lo que a su juicio les permitiría reconstituir la antigua fuerza social del salinismo. De ahí que el gobernador de Guanajuato se tropiece para aparecer más entreguista que Zedillo (3 de febrero) y, mostrando que no tiene respeto alguno por la Constitución, exija la entrega de esta industria estratégica al capital extranjero.

4. El gobierno tecnocrático ``de Zedillo'' puede en la práctica modificar la Constitución sin mayores problemas, pues dispone de una dócil mayoría PRI-PAN en las cámaras federales y locales (componentes del órgano revisor de la Constitución) y no tendría obstáculos legislativos para modificar el texto constitucional y las leyes reglamentarias: y todo ello en muy pocos días. Los legisladores priístas (como ahora los panistas) al tener escasos principios y muchos intereses suelen disciplinarse a los dictados de Los Pinos, máxime si se trata de una exigencia del FMI y del Banco Mundial, y no opondrían más que escasa resistencia a esta contrarreforma. Quienes piensan que este gobierno no tiene ya tiempo para ella se equivocan: en 1991, el Congreso y las legislaturas locales aprobaron en diez días la privatización de la banca.

5. El problema de Ernesto Zedillo no es el de culminar la privatización del sector eléctrico, sino el de iniciar el proceso exigido desde el exterior: eliminando las restricciones legales, quebrando las resistencias políticas y creando ``candados'' en las leyes que garanticen los intereses trasnacionales y hagan muy difícil el dar marcha atrás. El desafío actual para la sociedad es por esto aún mayor que ante otros procesos privatizadores, pues se busca eliminar para siempre del marco constitucional mexicano no sólo los derechos sociales, como se ha venido haciendo, sino también y sobre todo los derechos de la Nación, conforme a las pretensiones de la globalización neoliberal.

6. El principal obstáculo para el gobierno lo constituye esa oposición de la sociedad a que se siga subastando el patrimonio de la Nación y a que un puñado de tecnócratas se autoadjudique parte de esos bienes para fungir como ariete y cómplice de los intereses del exterior, y esta oposición ha crecido aunque los tecnócratas pretendan ignorarlo. Resulta significativo que el mismo día en que Zedillo hizo su anuncio se haya dado a conocer la constitución de la Alianza Nacional Democrática de Trabajadores Petroleros, que tiene como objetivos democratizar al sindicato, luchar contra la subasta de la petroquímica y contribuir a la concientización sindical (2 de febrero). Y que un día después el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) haya convocado a los ciudadanos y a todas las organizaciones obreras a integrar ``un frente de resistencia'' contra la intentona de Zedillo.

7. El gobierno no tiene en esta iniciativa argumentos sólidos y carece de apoyos claros. Luis Téllez (secretario de Energía), repite de manera sistemática con un discurso casi mongoloide que se privatizará esta industria ``para que los mexicanos puedan tener aparatos eléctricos en su casa'' (pretendiendo que con eso logrará el apoyo de los mexicanos marginados), e insiste una y otra vez, como lo hizo en El Noticiero de canal 2 el 4 de febrero, que cuenta con el apoyo irrestricto del PRI, partido que no representa a nadie más que al propio gobierno.

8. En México se están definiendo así dos lógicas políticas: la de los tecnócratas salinistas que se sienten dueños del país y creen poder seguir disponiendo de los recursos nacionales, y la de la sociedad que se organiza para defender a la Nación.

9. Hay un consenso que está creciendo en el sentido de que las reformas a la Constitución deben ser en el futuro consecuencia de la voluntad nacional y no de las componendas de grupos oligárquicos con el capital extranjero; y de que por lo mismo han de hacerse por la vía del referéndum. La consulta del EZLN sobre derechos y cultura indígena a efectuarse el 21 de marzo, organizada por la sociedad civil, es un ejemplo de esta decisión de la sociedad.

10. Los mecanismos institucionales no pueden detener la subasta de la Nación, pero sí puede y debe hacerlo la movilización de la sociedad.