DROGAS: LA GUERRA PERDIDA

A unos días de que inicie en Washington el proceso de la infamante certificación de los esfuerzos de Estados extranjeros en el combate al narcotráfico, los secretarios de Gobernación, Defensa y Marina, y el procurador general de la República, presentaron, ayer, un plan conjunto de "guerra total" contra la producción y el comercio de drogas ilícitas.

Debe resaltarse el dato positivo de que la coordinación general de los esfuerzos antidroga sea retomada por la Secretaría de Gobernación y por el poder civil. Pero, más allá de eso, y a pesar del anuncio de la utilización intensiva de nuevas tecnologías en el combate del Estado al narcotráfico, las acciones anunciadas son, en lo esencial, "más de lo mismo", es decir, aplicaciones de una concepción antidrogas policial-militar, heredada de la era Reagan-Bush, que ha perdido vigencia incluso en Estados Unidos y que ha mostrado, con creces, su fracaso.

En la nación vecina, las autoridades están dando un énfasis cada vez mayor a las medidas educativas, sociales y de salud pública, para reducir el consumo interno de estupefacientes, y han dado marcha atrás en la tendencia, vigente hasta 1992, de emplear a las Fuerzas Armadas como pieza fundamental para enfrentar a los narcotraficantes.

Resulta inexplicable que en México, a estas alturas, después de los miles de muertos que ha dejado la confrontación entre las fuerzas oficiales y los cárteles, y ante la evidencia del sostenido proceso de disolución institucional que provoca la capacidad corruptora del narco, se siga pensando que basta con destinar más y mejores recursos policiales y militares para lograr la erradicación de las mafias productoras, transportadoras y comercializadoras de droga.

La insuficiencia y la improcedencia de tal empeño ųy el indetenible crecimiento de los poderes fácticos de las corporaciones delictivas asociadas a los estupefacientesų quedaron palmaria y simbólicamente demostradas ayer, cuando dos agentes policiales fueron asesinados, prácticamente a las puertas de la sede central de la Procuraduría General de la República, en esta capital, por presuntos sicarios de los narcos.

Cabe preguntarse si, para formular y presentar una estrategia de guerra verdaderamente "total" contra las drogas, no sería necesaria la participación, además de la PGR y las secretarías de Gobernación, Defensa y Marina, de las instituciones responsables de la educación, la salud y la agricultura, entre otras.

Por lo demás, la credibilidad de la estrategia anunciada ayer se ve comprometida, en lo político, por la ausencia inexplicable de investigaciones oficiales de las muchas denuncias que existen contra funcionarios y ex funcionarios, como Mario Villanueva Madrid ųa quien el presidente nacional del PRI extendió en días pasados una especie de "certificación"-- y Raúl Salinas de Gortari.

Expresada en sus términos actuales, la guerra del gobierno contra el narcotráfico se pierde, a ojos vistas, todos los días. Es tiempo de revisar las bases y premisas éticas, jurídicas, políticas y económicas de esa estrategia.

LECHE BETTY: DESLINDE NECESARIO

El escándalo causado por la distribución de una bebida láctea de calidad dudosa por parte de diputados locales perredistas y funcionarios del gobierno capitalino rebasa, con mucho, el aspecto de la pureza o la integridad de la leche referida. Independientemente de la necesidad de investigar y esclarecer todas las dudas sobre si el producto señalado es apto para el consumo humano e inocuo para la salud, o no, el episodio ha puesto al descubierto la realización de prácticas clientelares inadmisibles en las filas del partido que gobierna la ciudad, prácticas harto conocidas ųy repudiadasų por la sociedad, y que buscan convertir la pobreza y la miseria en lucro electoral.

Lo anterior representa un agravio político para la sociedad en general y, particularmente, para los ciudadanos que el 6 de julio de 1997 votaron en el Distrito Federal por el Partido de la Revolución Democrática. El trasvase de prácticas corporativas de tradicional signo priísta a agrupaciones y tendencias que se amparan bajo el logo del sol azteca puede llevar a la cancelación, en muchos sectores, de la expectativa de transformación social democrática y de superación de las peores lacras de un sistema político que no termina de morir.

Por razones éticas elementales y hasta por motivos de sobrevivencia política y partidaria, las autoridades capitalinas y la dirigencia de su partido tienen ante sí la impostergable obligación de investigar los usos clientelares de varios de sus compañeros de partido, de deslindarse en forma inequívoca de ellos y, en su caso, de sancionar a los funcionarios públicos que hayan participado en tales actividades.