n No podrán ser detenidos por la fiscalía especial
Otorgan amparo a ex funcionarios acusados por la matanza de Acteal
Angeles Mariscal, corresponsal, Tuxtla Gutiérrez, Chis., 3 de febrero n Un juez federal otorgó amparos provisionales al ex coordinador de la policía en el estado, Jorge Gamboa Solís; al ex procurador de Justicia y ex secretario del Consejo Estatal de Seguridad Pública, Jorge Enrique Hernández Aguilar, y al ex subsecretario de Gobierno, Uriel Jarquín Gálvez, en contra de una eventual detención por parte de la fiscalía especial para el caso Chenalhó, por el delito de homicidio por omisión, uso indebido de funciones, abuso de autoridad y dilación de funciones, derivado de la masacre de Acteal.
Con fecha del primero de febrero, el juez segundo de distrito, Alejandro Navarro Suárez, dio por recibido el informe y las pruebas documentales que el ex funcionario --acusado de intentar borrar la evidencia de la masacre de Acteal-- Hernández Aguilar presentó con el fin de solicitar un amparo contra la eventual detención, que hasta que no se resuelva (el amparo) no podrá ser aprehendido.
La lista de acuerdo del juzgado señala la creación del expediente 81/99 a fin de analizar el informe previo que solicitó a la fiscalía para determinar en los próximos días si se concede el amparo contra la orden de aprehensión girada por el juez de ramo común.
La Procuraduría General de la República (PGR) consideró que existen elementos suficientes para ejercitar acción penal en contra del ex procurador, quien ocupó dicho cargo hasta meses antes de la masacre, mismos en los que los autores de la muerte de los 45 indígenas acopiaron armas y participaron en diversos enfrentamientos y muertes que posteriormente dieron origen a los hechos de Acteal.
Hernández Aguilar, además de ser acusado de intentar borrar las evidencias de la masacre --siendo este funcionario el primero en acudir a la comunidad donde sucedieron los hechos y ordenó "limpiar" el lugar, según declaraciones de los policías a su mando--, como secretario general del Consejo Estatal de Seguridad también es responsable de que Acteal no estuviera considerada en los dispositivos de seguridad distribuidos en las zonas de mayor violencia.
En tanto, el general Jorge Gamboa Solís, en su calidad de ex coordinador general de la policía del estado, también está acusado del delito de homicidio por omisión y dilación de funciones al haber estado a su cargo los cuerpos de policía que permitieron y coadyuvaron a que la población civil que efectuó la masacre de Acteal se armara y entrenara para cometer esta y otras acciones.
El general había solicitado desde semanas antes un amparo ante el juez federal, por lo que igualmente no podrá ser aprehendido.
Uriel Jarquín está acusado por el delito de uso indebido de funciones, pues al igual que Hernández Aguilar participó en el levantamiento de los cuerpos de los indígenas masacrados y presuntamente borró evidencias.
Mientras Hernández Aguilar y Gamboa Solís se encuentran prófugos de la justicia, Jarquín Gálvez se encuentra en su domicilio y dijo que ahí permanecerá en tanto mantenga el amparo a su favor.