n La coalición PRD-PT y el PRI afinan estrategias para la jornada electoral
El IEE fue incapaz de frenar la guerra sucia en Baja California Sur
n Los principales contendientes se acusan de utilizar recursos públicos en sus campañas
Georgina Saldierna, enviada, y Carlos González, corresponsal, La Paz, BCS, 2 de febrero n A cinco días de los comicios en los que se renovarán la gubernatura estatal, 21 diputaciones locales y cinco ayuntamientos, Baja California Sur registra una verdadera guerra sucia en la que destacan las acusaciones y denuncias entre los dos principales aspirantes a ocupar el palacio de gobierno de la entidad.
Rebasado por la virulencia de la lucha electoral y sin la experiencia necesaria, el Consejo General del Instituto Estatal Electoral (IEE) amagó con sancionar a los partidos políticos que han utilizado la guerra sucia en su propaganda televisiva y radiofónica. Sin embargo, ni las amenazas ni los acuerdos firmados han dado resultado.
El lunes pasado, a dos días de concluir el periodo legal para realizar campañas de proselitismo, los consejeros no habían logrado retirar la propaganda "negativa" de los medios de comunicación.
En tanto, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y la coalición Partido de la Revolución Democrática-Partido del Trabajo (PRD-PT) afinan detalles de sus operativos de vigilancia electoral y conteo de resultados, ante el vacío que han dejado los consejeros al rechazar que se estableciera un programa preliminar de resultados electorales, y propiciar, de esta manera, la "guerra de cifras" al término de los comicios.
Las críticas contra el Instituto Estatal Electoral provocaron que el lunes pasado se empezara a organizar un operativo que permita tener los resultados electorales el mismo día de la elección. No se trata de un sistema de cómputo, sino simplemente de colocar nuevas líneas telefónicas para que los resultados lleguen al organismo electoral con más rapidez.
El objetivo es ofrecer un adelanto del resultado de las votaciones, aunque las cifras oficiales se publicarán hasta el miércoles siguiente al día de los comicios.
De acuerdo con el IEE, el domingo 7 de febrero se colocarán 514 casillas en toda la entidad, para una lista nominal de 230 mil 691 ciudadanos, de los cuales más de 50 por ciento se ubican en la ciudad de La Paz y en Los Cabos.
Dimes y diretes
Desde que arrancaron las campañas electorales las acusaciones se propagaron hacia todos lados, principalmente entre los dos aspirantes más fuertes a la gubernatura: Leonel Cota Montaño, ex priísta que encabeza la coalición PRD-PT, y Antonio Manríquez Guluarte, del PRI.
La coalición ha entablado demandas al por mayor contra funcionarios estatales y federales, como Alfredo del Mazo, entre las cuales destaca la denuncia pública contra el secretario de Educación Pública estatal, Alfredo Reyes Cervantes, por la presunta compra de "equipo de cómputo fantasma" y por desviar recursos a la campaña del PRI.
Asimismo, se encuentran los señalamientos contra el secretario de Gobierno, Raúl Antonio Ortega Salgado, por sobrefacturar vehículos destinados para la seguridad pública y ser el propietario de un periódico que "golpea" a su candidato, Cota Montaño.
Por su parte, el PRI acusa a la coalición de recibir recursos del ayuntamiento, a través del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado, y de aplicar prácticas clientelares, como la venta de pescado y mariscos a precios bajos.
Por medio de la televisión, los priístas transmiten un spot propagandístico en el que advierten sobre la posible llegada de los hermanos Carrola en caso de que gane la coalición y recomiendan a la población no tomar riesgos y que sería mejor votar por el tricolor.
Cuando en la ciudad de México estalló el escándalo perredista por la leche Betty, el Revolucionario Institucional aprovechó la ocasión para presentar en los medios de comunicación electrónicos otro spot en el que señalaba la forma como gobierna el PRD en el Distrito Federal y mostraba imágenes sobre el lácteo.
Las acusaciones, incluso, han llegado a la vida privada. Los priístas han señalado que el candidato perredista Leonel Cota Montaño padece lupus, y que ello le impediría gobernar, ya que existe la posibilidad de que la enfermedad --de la piel-- pudiera afectar su memoria.
La coalición PRD-PT rechaza que los Carrola se encuentren en Baja California Sur o que vayan a llegar cuando gane la gubernatura y, de paso, denuncia que el PRI ya comenzó la compra de credenciales a 500 y hasta mil pesos; que se distribuyen materiales de construcción condicionados a votar por el tricolor, y que se ha utilizado la figura del papa Juan Pablo II a favor de Manríquez Guluarte. Y es que, durante la estancia del pontífice en México, el PRI hizo llegar a los ciudadanos tarjetas con la imagen del prelado y la de su candidato.
En tanto, los seguidores de Leonel Cota Montaño acusan a los gobiernos estatal y federal de utilizar sin el menor rubor todo el peso y todo el poder del Estado para bloquear el cambio que está exigiendo la ciudadanía.
En este marco, denuncian que desde el martes 12 de enero, cuatro días después de la gira del presidente Ernesto Zedillo por la Paz y Los Cabos, desfilaron por Baja California Sur el director general del Fonatur, Alfredo del Mazo; los secretarios de Turismo, Oscar Espinosa Villarreal, y de Agricultura, Romárico Arroyo, y una serie de directores generales de empresas paraestatales, como la CFE y la Comisión Nacional del Agua.
A estos señalamientos, los priístas responden con una acusación similar: también han llegado los gobernadores perredistas Ricardo Monreal y Alfonso Sánchez Anaya, así como el jefe de gobierno de la ciudad de México, Cuauhtémoc Cárdenas. Además, aseguran que Baja California Sur está llenó de mapaches zacatecanos, mientras del lado de la coalición se afirma que los alquimistas priístas llegaron de Sinaloa.
En estas condiciones, y en medio de una crisis económica que se inició desde que La Paz dejó de ser un centro de atractivo comercial por la entrada de México al GATT, las encuestas dan como un hecho que la coalición PRD-PT arrebatará al PRI la gubernatura en los comicios del 7 de febrero, con una ventaja de 17 por ciento. Por eso, no son pocos los analistas que aseguran que el PRI apostará al conflicto poselectoral.