n El Estado mantendría su función rectora, asegura Ernesto Zedillo
Al Congreso, iniciativa para abrir el sector eléctrico a la inversión privada
n Niega que se busque cubrir algún apremio financiero n Pide a legisladores discutir sin ''dogmas''
El presidente Ernesto Zedillo anunció que enviará hoy al Congreso de la Unión una iniciativa de reformas constitucionales para permitir la inversión privada en la generación, distribución y comercialización de energía eléctrica. Aclaró que el gobierno mantendrá ''la rectoría necesaria'' en ese sector y argumentó que si no se toman ''las decisiones correctas'' la actual infraestructura eléctrica será en pocos años un obstáculo para la economía y la creación de empleos.
En un mensaje difundido anoche en los noticiarios de radio y televisión, el mandatario resaltó que en los próximos seis meses la industria eléctrica requerirá 250 mil millones de pesos para crecer y modernizarse, por lo que es indispensable cambiar el actual esquema, que limita la participación privada.
Zedillo puntualizó además que su propuesta ''no la dicta ningún apremio financiero de corto plazo'' y que, de aprobarse, el actual gobierno sólo haría los preparativos, pero no ejecutaría ninguna acción privatizadora en el sector eléctrico. Finalmente, propuso hacer un examen ''abierto y objetivo'' de los argumentos que sustentan esta iniciativa y llamó a debatir ''con civilidad, respetuosamente, sin prejuicios ni dogmas''.
A continuación, el texto íntegro del mensaje presidencial.
Les pido su atención unos minutos para informarles sobre una muy importante reforma constitucional que mañana mismo propondré al honorable Congreso de la Unión y que será vital para el futuro de México.
Los mexicanos estamos uniendo esfuerzo y perseverancia para que el siglo XXI sea una época de crecimiento y de oportunidades para nuestro país.
Como Presidente de la República, es mi deber ejercer todas las facultades que me otorga la Constitución para anticipar y resolver desde ahora asuntos que pudiesen significar graves obstáculos para el avance de México en el inicio del próximo siglo.
Uno de estos asuntos es el abasto de electricidad que, como todos sabemos, es indispensable para el buen funcionamiento de la economía nacional y para toda la vida diaria de todas las personas.
En los años anteriores, el gobierno federal ha tomado decisiones que garantizan que no tendremos problemas de abasto de electricidad en éste y en los siguientes dos años, cuando menos.
Ahora es preciso ver más adelante, y asegurarnos de que la industria eléctrica tendrá el marco legal, la organización y los recursos necesarios para que el desarrollo futuro de México no se vea frenado por falta de un suministro eléctrico suficiente, confiable, de calidad y a precios adecuados.
Por eso debemos emprender ya una profunda reforma del sector eléctrico nacional con el fin de asegurarnos que la electricidad, lejos de limitarnos, se afiance como un factor seguro y eficaz del desarrollo de México en los primeros años del próximo siglo.
Aprovechando todo lo valioso que tiene, la industria eléctrica debe adaptarse para que contribuya plenamente al México del siglo XXI.
La adaptación que propongo comprende muchos aspectos, pero uno esencial consiste en crear las condiciones para que no falten los enormes recursos económicos que será necesario invertir a partir de un futuro muy cercano, y durante muchos años, para seguir contando con la electricidad que necesitaremos.
Para lograrlo, propondré al Congreso de la Unión una reforma a la Constitución que abra posibilidades a fin de que los particulares puedan invertir en la generación, distribución y comercialización de energía eléctrica, sin que el Estado pierda por ello la rectoría necesaria en este sector.
La reforma que propongo ve con orgullo lo que hemos logrado en el pasado en materia eléctrica, y proyecta con realismo y responsabilidad lo que tendrá que hacerse para enfrentar con éxito los desafíos que el futuro nos depara en este campo.
Los mexicanos debemos sentirnos muy satisfechos de lo que hemos alcanzado hasta ahora en nuestra industria eléctrica. En la actualidad, 95 por ciento de una población total de más de 96 millones de mexicanos disfrutamos del servicio eléctrico.
En 1960, cuando éramos sólo 34 millones, apenas 44 por ciento de la población total disponía de electricidad. Esto significa que en menos de 40 años la industria creció para darle servicio a 76 millones más de mexicanos, al tiempo que apoyaba el desarrollo que han tenido la industria, la minería, la agricultura, el comercio y todas las actividades que son parte del México moderno.
Entre estas actividades están incluidas algunas tan importantes como la educación, la salud y el abasto de agua potable.
El avance de nuestra industria eléctrica en esos años se sustentó en grandes inversiones hechas exclusivamente por el Estado. Esto era lo conveniente entonces para extender e integrar rápidamente el sistema eléctrico del país.
Hoy podemos decir que los objetivos de esa importante etapa se han cumplido muy satisfactoriamente.
Ahora debemos avanzar a una nueva etapa, reconociendo que si hoy no tomamos las decisiones correctas la infraestructura eléctrica sería insuficiente en pocos años y se convertiría en un obstáculo para el crecimiento de la economía y para la creación de empleos.
Con el fin de hacer frente al crecimiento de la demanda de electricidad durante los próximos seis años, se tendrá que invertir lo necesario para aumentar en más de una tercera parte la capacidad eléctrica instalada desde que esta industria nació en México, hace más de un siglo.
En pocos años habrá que hacer lo que antes nos tomó muchas décadas.
Este reto de crecimiento y modernización significa necesidades de inversión por 250 mil millones de pesos, sólo para los próximos seis meses.
Esto es más de lo que gasta el gobierno federal en educación, salud y seguridad social en sólo un año. Para que no se frene la industria eléctrica y el gobierno pueda atender mejor otras importantes necesidades sociales con los recursos que tenemos, es preciso abrir el sector eléctrico a la inversión privada.
Es indispensable pasar de un esquema que limita la participación privada en la industria eléctrica a uno nuevo que la promueva, en beneficio de la economía nacional, de las familias y las fuentes de trabajo. Estoy convencido de que para que esto ocurra debemos preservar la rectoría del Estado, sólo que ahora con instrumentos más modernos y eficaces.
De ser aprobada esta reforma, la participación del Estado en la industria eléctrica comprendería la conducción de la política energética del país, la realización de los programas de electrificación en el campo y en las colonias populares, el otorgamiento de subsidios transparentes y directos en los casos socialmente justificables, la generación de energía eléctrica nuclear, la operación de algunas plantas hidroeléctricas y la de otras para respaldo de todo el sistema eléctrico, el control operativo de la red nacional de transmisión en forma exclusiva y la regulación de la industria eléctrica en general.
Es importante insistir en que la reforma de la industria eléctrica que propongo ahora es, sobre todo, para el futuro. Sus causas no están en el presente, sino en el mediano y en el largo plazos. Nos estamos anticipando a ellas porque representarán fuertes exigencias a esta industria fundamental.
Es preciso que hagamos ahora lo necesario para que México tenga la industria eléctrica vigorosa que necesitaremos en los siguientes años, y para que los próximos gobiernos cuenten con más recursos para impulsar el desarrollo social del país, que es lo que más nos interesa a todos.
En lo que resta de esta administración, y trabajando junto con el Congreso de la Unión, debemos hacer los cambios jurídicos, de regulación, de organización y financieros que le permitan al próximo gobierno promover las nuevas inversiones privadas que necesitará la industria eléctrica para seguir creciendo.
Esto significa que este gobierno haría los preparativos, pero no ejecutaría ninguna acción de privatización en el sector eléctrico, pues estoy convencido de que una reforma como la que propongo debe hacerse muy cuidadosamente, sin apresuramientos que pudiesen afectar negativamente sus beneficios y su transparencia.
También debo subrayar que la reforma del sector eléctrico no la dicta ningún apremio financiero de corto plazo. Estos se atienden con otros instrumentos de la política económica.
Y quiero también dejar muy claro que la reforma de la industria eléctrica tiene que ser respetuosa de los derechos de sus trabajadores.
El período ordinario de sesiones del Congreso de la Unión se inicia el 15 de marzo. Sin embargo, he querido dar a conocer esta iniciativa desde ahora con el propósito de que los señores y señoras legisladores, como todos los interesados en ella, puedan analizarla con el detenimiento y la amplitud que merece un tema tan importante.
Propongo que realicemos un examen abierto y objetivo del tema. Que antes de aceptar o rechazar la propuesta que hago se analicen las razones que la sustentan. Que se debata con civilidad, respetuosamente, sin prejuicios ni dogmas. Que antes de cualquier otra cosa se piense en el interés supremo de nuestra nación.
Que se considere que esta propuesta la hago pensando sólo en el futuro del país, ese futuro que todos queremos, con mejores oportunidades para nuestros hijos.
Muchas gracias por su atención.