El empeño en afirmar que 1999 será un año ``difícil'' para la economía mexicana, ya ha sido debatido por el sector bancario del país. Si bien es cierto que la política monetaria continuará con su tendencia restrictiva para alcanzar las metas gubernamentales en déficit e inflación, y que no se puede confiar en la situación internacional mientras existan amenazas como Brasil y Asia, también es preciso subrayar que existe una gran diferencia respecto de 1995. De acuerdo con el Grupo Financiero Bancomer (GFB), se espera un repunte del producto interno bruto de 2.7 por ciento, por lo cual el organismo calificó de ``exagerados'' los temores que han expresado algunos analistas sobre el desempeño de la economía para este año, aunque no dudó en señalar que las principales restricciones al crecimiento continuarán siendo externas, pues los inversionistas del exterior se mostrarán cautelosos para invertir en los mercados emergentes. México podría ver reducidos sus flujos externos hasta en 30 por ciento, lo que implicaría la necesidad reducir el déficit en la cuenta corriente. La visión de una aceleración económica durante 1999 no es exclusiva del GFB. La revista Latinwatch, del Grupo Banco Bilbao Vizcaya, sostiene que hacia mediados de año ocurrirá una recuperación, que propiciará un crecimiento razonable en el 2000. Los analistas opinan que se reducirá el saldo negativo en el déficit de la cuenta corriente del continente, lo que estabilizará las reservas monetarias, pese a la debilidad en los precios de las materias primas. No hay que pasar por alto que el deterioro de las expectativas del precio del petróleo causarán una contínua rigidez en la política fiscal monetaria. Pese a que los analistas también han descalificado en muchas ocasiones la meta inflacionaria propuesta por el gobierno al término de 1999, el sector financiero del país sostiene que la inflación mostrará una pendiente positiva en los primeros meses y luego seguirá una trayectoria descendente. No sólo eso; auguran un panorama mucho más alentador en el mercado cambiario donde, según sus previsiones, habrá menor volatilidad que el pasado. El sector bancario basa sus buenas expectativas en las políticas restrictivas que el Banco de México aplicará con el fin de detener las presiones inflacionarias.

Melée

Las pruebas de corrupción y de flexibilidad ante la ley sobran. Por lo que no tendríamos por qué escandalizarnos si cualquier extranjero sostiene que México es un país de autoridades corruptas. Menos tendríamos aún que escandalizarnos del hecho de que existan jueces que creen estar encima de la ley y la manejen a su antojo. En el juzgado 46 de lo penal del Distrito Federal en el Reclusorio Norte, el juez Carlos Yarza Carranza, mostró un interés particular en beneficiar a Mary Kathleen Elaine Shouse Fano, quien estaba acusada de usar documentación falsa. Según la causa 130/98, el mismo día en que se dictó la orden de aprehensión contra la procesada, a está se le dio aviso y de inmediato se amparó, con lo que evitó ser aprehendida con un suspensión provisional fechada el mismo día en que se emitió la orden. El aviso, por lógica, no pudo salir más que del juzgado, que al poner sobre aviso a la inculpada cometió un acto del todo ilegal. La impunidad en este caso no conoce límites: el juez admitió pruebas a la procesada fuera del término correspondiente, cuando la obligación del mismo era desecharlas. En cambio, el señor Yarza Carranza la admitió sin ningún detenimiento, bajo el argumento de que se trataba de una ampliación de otra prueba pericial ofrecida en tiempo, a pesar de que no existe ninguna relación entre las pruebas en cuestión. A la larga lista de ilegalidades se suma el impedimento para que la parte acusadora, Pelletier París SA de CV, interviniera en el proceso. Por si no fuera bastante, el señor Yarza permitió a la procesada firmar el libro del juzgado de las personas libres bajo fianza, lo que hace mensualmente, en lugar de hacerlo cada semana, como ocurre generalmente con quienes se encuentran en esta situación, por lo que cada 30 días que la procesada asiste al juzgado tiene la libertad de firmar las fechas correspondientes a las semanas que no asiste. Frente a este tipo de impunidad de leyes que se aflojan y estrechan a conveniencia de quienes malamente ostentan el nombre de jueces y tienen a su cargo la impartición de la justicia, no se puede cuestionar que un brasileño o un canadiense sostengan que México es un país de autoridades corruptas. Menos, cuando el mismo Juan Pablo II hizo un llamado y rogó por el comportamiento honesto de las autoridades que guían a los latinoamericanos, en clara conciencia de las corruptelas que se tejen en los círculos de poder. Uno se pregunta entonces: ¿Dónde están las afirmaciones presidenciales de que nadie está encima de la ley y de que ya no existen jueces corruptos?