ELECTRICIDAD, PATRIMONIO NACIONAL
El anuncio de que el Ejecutivo federal enviará al Congreso de la Unión una propuesta de reformas constitucionales para permitir la participación de la iniciativa privada en la generación y distribución de electricidad ha dado pie a un amplio debate en torno a las razones, las implicaciones y las consecuencias que tendría para el país la apertura del sector eléctrico al capital privado.
En los últimos meses, diversos funcionarios gubernamentales ųentre ellos el secretario de Energía, Luis Téllezų han señalado que el gobierno federal no cuenta con los recursos para la construcción de la infraestructura necesaria para cubrir la demanda de electricidad en los próximos años y, por consiguiente, resulta indispensable reformar el marco jurídico a fin de permitir la inyección de capitales privados en este sector estratégico. Según la lógica oficial, el país corre el riesgo de paralizarse si no se realizan las inversiones necesarias para incrementar la capacidad de generación de energía eléctrica
Pero más allá de estos razonamientos, y antes de proponer cualquier cambio legal, habría que reflexionar sobre alternativas dis- tintas a las propuestas por las autoridades y, sobre todo, prevenir que una posible reforma del artículo 27 constitucional se realice mediante acuerdos cupulares y a espaldas de la sociedad. Por ello, resulta conveniente considerar los señalamientos de diversos estudiosos y analistas, quienes han alertado sobre las consecuencias que tendría para el país la entrada de capitales privados en el mercado de la energía eléctrica.
En primer lugar, habría que preguntarse si realmente la CFE no cuenta con los recursos para financiar la ampliación de sus actividades, pues según un análisis divulgado por el presidente de la Comisión de Energéticos de la Cámara de Diputados, Sergio Osorio, esa dependencia podría cubrir hasta 72 por ciento de la inversión requerida y obtener el resto ųcomo ya lo hace Pemexų de los mercados internacionales. De igual manera, es de reconocer la pertinencia de los señalamientos del investigador del Instituto Politécnico Nacional, Ricardo Mota Palomino, en el sentido de que en el marco de la transición democrática que experimenta el país, antes de que cualquier iniciativa sea enviada al Congreso, debe emprenderse una discusión abierta sobre la conveniencia de abrir el sector eléctrico al capital privado. Las autoridades, además, harían bien en reconocer su responsabilidad en las limitaciones presupuestales de la CFE, pues es evidente que la insuficiencia de recursos que experimenta el gobierno federal tiene, entre otros orígenes, la mala conducción económica del país y la canalización de sumas exorbitantes al ilegal rescate bancario.
Cualquiera que fuese el camino para el fortalecimiento de la industria eléctrica del país, es claro que la rectoría del Estado en materia de generación, conducción y distribución de electricidad debe ser preservada, al igual que la primacía del interés público y de las necesidades sociales por encima de los intereses comerciales o de los problemas económicos de coyuntura. Entregar al capital privado el control del mercado de la electricidad resulta inaceptable, pues se corre el riesgo de que la fijación de las reglas y las tarifas en el consumo de este recurso estratégico ųparte del patrimonio nacionalų se sujeten a consideraciones mercantiles y no a los requerimientos del desarrollo social.
Como en el caso de la pretendida privatización de la petroquímica, cualquier iniciativa de reformas constitucionales en torno a la energía eléctrica debe ser explicada y fundamentada a fondo ųcircunstancia que hasta el momento no se ha dadoų, contar con el consenso de los diferentes sectores políticos, económicos y sociales del país, y recibir el apoyo mayoritario de la población.