Astillero Ť Julio Hernández López

El señor cardenal Juan Sandoval Iñiguez, arzobispo de Guadalajara, licenciado en filosofía y doctor en teología por la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma, no ha querido beneficiarse de uno de los regalos divinos, que es el silencio. Días después de acusar a los organismos defensores de derechos humanos de ser protectores de delincuentes, ha vuelto a colocarse en la polémica.

Ahora, asegura el alto prelado que quienes se han ``enrolado'' en organizaciones no gubernamentales de defensa de derechos humanos ``son chamberos, o tontos útiles: ven la paja en el ojo ajeno de los gobiernos, pero son incapaces de ver la viga en el ojo de sus amos, los banqueros internacionales. Esos son los amos de las ONG''.

Don Juan, relator del Sínodo de América, cuyas conclusiones firmó y difundió Juan Pablo II en días pasados en México, arremetió en especial contra Human Rights Watch, a la que considera como la madre de todas las ONG, y de cuyas páginas difundidas por Internet recolectó párrafos en los que, a su entender, se muestra el perfil golpista y desestabilizador de las ONG y de comisiones estatales de derechos humanos, como la que en Jalisco preside Guadalupe Morfín, o como el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro, que presidía David Fernández, ahora rector del ITESO de Guadalajara y recipiendario en 1996, en Nueva York, del reconocimiento de Human Rights Watch por la defensa de esos derechos.

La gran pregunta, dice el cardenal Sandoval Iñiguez, es ``¿Cómo es posible que estos defensores de los derechos humanos estén financiados por familias, individuos y organizaciones multimillonarias, entre los que se encuentran los mismos jesuitas, y criminales como el megaespeculador y promotor de las drogas George Soros?''

Que defiendan a niños de sus papás, a alumnos de sus maestros, a esposas de sus maridos...

A pesar de los títulos y estudios del señor cardenal Sandoval Iñiguez, no ha logrado entender que la esencia de la defensa de los derechos humanos se da frente a los abusos del poder público. Por el contrario, defiende una y otra vez su tesis de que esas organizaciones deben actuar también ``cuando alguna persona de bien vivir les llama'' y que no suceda, como ahora, que les busca ``alguna empleada de banco porque no le quieren pagar, y no le hacen caso'', según las declaraciones hasta ahora citadas y que fueron hechas al diario Mural el 17 del presente mes.

Y para que no quedase duda de la apasionada convicción con la que sostiene tan terrible aberración jurídica, el semanario arquidiocesano de Guadalajara publicó, en su edición dominical del 24 del enero que corre, la siguiente perla arzobispal: ``Yo quisiera proponer, porque así lo espera -pienso yo- toda la gente, que la comisión (estatal) se ocupara de los derechos humanos de todos los ciudadanos, donde quiera que alguien sea maltratado por un semejante, por cualquier organización, aunque no sea el gobierno, las policías o los jueces. Ahí, pienso, debería intervenir la comisión para defender al que sufre maltrato. Por ejemplo, al que en su casa es maltratado, a la mujer que es golpeada, al niño maltratado en la escuela por el maestro, entre otros muchos casos''.

Dicha tesis, sostenida con alegría digna de mejor causa por el señor cardenal, ha llevado a simples reporteros jaliscienses a recordar a Su Excelencia que las comisiones de derechos humanos defienden a ciudadanos de las agresiones de las autoridades, no de los particulares, y han tenido esta sesuda y profunda respuesta:

-Ah, nada más, entonces que se definan (las comisiones, puntualiza Astillero). Que digan que se van a dedicar nomás a defender a los delincuentes que agarre la policía. Entonces que la gente juzgue si vale la pena tener un organismo así, y estar pagándole. Porque para defender a los delincuentes está la Ley de Amparo, que es muy mexicana y es muy buena''.

Y otro ejemplo de que las citadas comisiones no cumplen su cometido, y en particular la jalisciense, presidida por la señora Morfín: si hiciesen las cosas bien, ``defenderían al que han secuestrado, y protestarían grandemente porque al secuestrado le mochan las orejas o le mochan los dedos. ¿Han oído ustedes alguna protesta de esta señora porque estos secuestradores le mocharon los dedos a éste y al otro?''

Ignorante en absoluto de la filosofía y el desenvolvimiento de los derechos humanos, el cardenal ha seguido así, perorando, alimentando los sentimientos bélicos de la ultraderecha jalisciense que desea cancelar todo tipo de vigilancia de excesos policiacos y privilegiar intereses de clase de la gente bien, la gente decente de aquella entidad.

La gran conspiración internacional

Y, ciertamente, esta columna no puede dejar de transcribir otros dos párrafos que deliciosamente pintan al señor cardenal de Guadalajara: ``esas organizaciones (de derechos humanos) no son autónomas, están en una red internacional, reciben línea y hasta el manual de cómo han de proceder y toda la cosa, y la intención de que los gobiernos que se resistan, los doblegan...''

Esa red de defensa de derechos humanos ``es una organización internacional con muchos recursos, con mucho dinero, para meterse a todos los rincones, sobre todo de los pueblos del tercer mundo, y desde ahí controlarlos''.

Cada vez más violaciones a los derechos humanos

Pero, más allá de las perlas cardenalicias, las quejas presentadas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos por presuntas violaciones cometidas por agentes de la Dirección de Seguridad Pública de Guadalajara se incrementaron 42 por ciento de 1997 (366 quejas recibidas) a 1998 (520) y, por tal motivo, esa corporación ha ganado el primerísimo lugar en la materia.

Otra agrupación que ha avanzado de manera notable en cuanto a ser señalada como supuesta violadora de derechos humanos es la Dirección de Seguridad Pública de Puerto Vallarta, que en 1997 no estaba entre los 15 primeros lugares y en 1998 avanzó portentosamente hasta el noveno.

Guadalajara y Puerto Vallarta tienen como jefes a dos hermanos, Sergio y Leopoldo Guerra Cruz, director operativo de la policía municipal de la capital estatal el primero, y director general en el puerto turístico, el segundo. Leopoldo ha recibido tres recomendaciones de la ombudsman jalisciense por abusos y torturas. El mismo Leopoldo fue jefe policiaco en Chapala con Raúl Robles Puga, un panista que fue alcalde de aquel municipio y luego, por obra y gracia de Antonio Lozano Gracia, agente del Ministerio Público Federal en su propia tierra, Chapala. Las referencias respecto de Robles Puga y los hermanos Guerra Cruz son contradictorias, pero en todos los casos asoman indicios de negocios de alto riesgo.

Operativos y preparativos

El miércoles recién pasado, alrededor de las 16:30 horas se produjo en Camino a Santa Teresa, en la capital del país, un despliegue de elementos de seguridad que los vecinos no habían vuelto a ver desde que Carlos Salinas de Gortari dejó el país.

Seis Spirit nuevos, con personas de traje y corte de pelo tipo militar; dos motocicletas con torreta roja, pintadas de blanco, sin placas ni distintivos, y otras dos motocicletas con policías uniformados, formaban el operativo Zde protección para algún personaje de importancia mayúscula.

Los vecinos ya estaban acostumbrados a los vehículos de las escoltas de los hijos de don Carlos: Cherokees blindadas para los jóvenes y Jettas VR6 blancos, con vidrios de espejo, para los agentes, aunque recientemente éstos han cambiado a Contours blancos. A esos vehículos les ha acompañado siempre una moto Kawasaki, con torreta roja y el número 06 pintado donde debería ir la placa trasera.

Pero, ahora, no eran esos los vehículos acostumbrados, los que montaban guardia, sino otros bien distintos. ¿La señora Ana Paula habrá ido de visita a la casa que antes fue de la familia Salinas Occelli? ¿Se estará preparando ya el regreso de El Señor?

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