La debacle del sector propicia la inestabilidad social, advierten productores

Rentismo y descapitalización, efectos de la apertura comercial en la industria silvícola

Insurección armada y narcotráfico, vertientes donde se encauza el abandono forestal

Matilde Pérez U. /I Ť El tiro de gracia a los productores forestales, luego de 50 años de descapitalización y rezago, fue dirigido por el gobierno federal con la firma del Tratado de Libre Comercio, el cual llevó al quebranto a las pocas industrias campesinas y pequeñas empresas del sector, lo que ocasionó la pérdida de 31 mil empleos ųequivalentes a 13 por ciento de la ocupación totalų y prácticamente eliminó sus escasas posibilidades de incrementar su actual participación ųmenor a 1 por cientoų en el producto interno bruto.

Hace tres años, después del análisis y 28 recomendaciones que hizo el Banco Mundial sobre el sector forestal, el gobierno impulsó los Programas para el Desarrollo Forestal (Prodefor), para el Desarrollo de Plantaciones Comerciales Forestales (Prodeplan), así como el Nacional de Reforestación (Pronare) con los cuales ha pretendido amortiguar el golpe y frenar la deforestación, cuyo rango es de 600 a un millón y medio de hectáreas anuales.

Para el sector organizado de esos 12 millones de mexicanos dueños de 80 por ciento de las 56.5 millones de hectáreas bosques y selvas y de las 58 millones de hectáreas de vegetación de zonas áridas, las acciones han sido insuficientes. Lo que requieren --dicen-- son medidas de fondo para combatir de raíz los problemas que los han sumido en la pobreza extrema y ha obligado a rentar sus bosques.

En enero de 1999, los productores pondrán una vez más sobre las mesas de los secretarios de Medio Ambiente (Semarnap), Julia Carabias, y de Hacienda (SHCP), José Angel Gurría, sus propuestas para revisar las reglas de operación de esos programas, y sobre todo señalarán la ineficiencia del Pronare y su uso como instrumento de "promoción política".

Para el Prodeplan exigirán que el beneficio económico no esté dirigido a las grandes empresas. "Nos oponemos a que los recursos de los contribuyentes sirvan para financiar la renta directa o indirecta de tierras campesinas por las grandes empresas". En la primera licitación para asignar los 250 millones de pesos de subsidio del Prodeplan, al sector privado se le otorgó el mayor monto económico tras aprobársele tres proyectos para la producción de materias primas celulósicas y tres para forestales maderables; al sector social se destinó sólo siete por ciento de este último rubro.

En una carta, la Unión Nacional de Ejidos y Comunidades Forestales de la Confederación Nacional Campesina (Unecof-CNC), Unión Nacional de Organizaciones de Forestería Comunal (Unocof), Red Mexicana de Organizaciones Campesinas Forestales (Red Mocaf) y la Unión Nacional de Productores Forestales de la Confederación Nacional de Productores Rurales (Unproff-CNPR) pidieron al presidente Ernesto Zedillo que destine recursos suficientes para impulsar el desarrollo de la actividad forestal.

Las organizaciones recordaron al mandatario que 90 por ciento de los grupos indígenas están asentados en los municipios forestales, en los que estará latente el riesgo de inestabilidad social de persistir en la marginación y el olvido. Los dirigentes de las organizaciones asentaron que "la sociedad y el erario público se podrían ahorrar muchos costos combatiendo los problemas en su origen, y no en sus consecuencias".

Al sector forestal no sólo se le debe valorar por sus aportaciones de madera sino también, destacaron, por sus numerosos productos y servicios, que deben ser incluidos en el sistema de cuentas nacionales.

Advirtieron al presidente Zedillo: "Es una apuesta peligrosa abandonar a su suerte a esos 12 millones de mexicanos que buscan una vida digna en áreas donde prolifera la inestabilidad social que ha alcanzado vertientes extremas, como la insurrección armada y el narcotráfico". Por ello, piden que 60 por ciento de los recursos asignados a Pronare sean destinados a reforestación comunitaria; 60 millones de pesos a la operación de brigadas campesinas para la prevención y control de incendios; 50 millones del programa de Empleo Temporal a construcción y mejoramiento de los caminos en las zonas forestales; 10 millones a fortalecer la capacidad institucional de las organizaciones forestales y establecer esquemas de financiamiento adicional para mejoramiento de cuencas y desarrollo regional.

Insisten "de cara al momento, y en condiciones realistas", en sus propuestas de que una asignación más racional de los recursos implica un "esfuerzo adicional extraordinariamente modesto que no significa más de 0.4 por ciento del presupuesto ya asignado al campo".

Según el secretario de Bosques y Aprovechamiento Forestal de la CNC, Julián Rodríguez Sesma, ya es momento de fomentar una cultura forestal para evitar la pérdida de cientos de miles de hectáreas por deforestación y tala clandestina agudizado en la selva Lacandona, los Chimalapas, el Uxpanapa, en Michoacán, Jalisco y Campeche, en donde si no se establece una política de protección a los bosques, en cinco años éstos dejarán de existir.

Pese a que los productores organizados reforesten, "el clandestinaje" los afecta, porque la acción resulta insuficiente frente al fenómeno; urgen mayores apoyos económicos, señaló, y comentó que el gobierno debe aprovechar la disposición de los dueños de los bosques para impulsar con mayor eficacia el programa de combate a los incendios, de reforestación y sobre todo motivar a los productores a mejorar su organización.

Por lo pronto, la CNC promoverá la creación de las uniones estatales de productores forestales. Este mes nacerá la de Michoacán, y al finalizar el primer trimestre de 1999, las de Durango, Jalisco, Chihuahua, Guerrero y Oaxaca.

Nicolás Aguilar Murillo, coordinador de la zona oriente Unocof, indicó que 70 por ciento de la superficie boscosa de Michoacán "está siendo saqueada", pero la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) "no puede hacer nada por el poco personal técnico" para atender el problema social de la deforestación. Subrayó que "una de las principales preocupaciones de las organizaciones de los productores es la creación de empleos y la comercialización directa de la madera".

Agregó que uno de los acuerdos de las 34 organizaciones de productores de la Unocof, que agrupan a 450 ejidos y comunidades indígenas, es desarrollar programas para el aprovechamiento diversificado de sus riquezas naturales y un reparto equitativo de los beneficios derivados de la explotación forestal.

Pero el panorama, consideró, será muy difícil para 1999 por las alzas de precios y recortes de presupuestos.

Por ello, las organizaciones acordaron actuar conjuntamente para comercializar sus productos, intercambiar experiencias y apoyarse en la capacitación técnica.

Según cifras de medio ambiente del Instituto Nacional de Geografía y Estadística, en Durango, Chihuahua, Michoacán, Oaxaca y Jalisco se concentra 81 por ciento de la producción maderable, cuyo 88 por ciento es de pino, 8 por ciento de encino y otras especies y 4 por ciento de maderas preciosas y comunes tropicales. De ese total, los aserraderos absorben 75 por ciento, la de celulosa 19, y seis por ciento se destina a la producción de postes, combustibles y durmientes.

Agrega que en las últimas dos décadas se han perdido 17.8 millones de terrenos forestales, y actualmente 6.8 millones de hectáreas de selvas y 3.5 millones de hectáreas de bosques, equivalentes al 29 y 11 por ciento de la superficie de ellos, respectivamente, están fragmentados, lo cual dificulta su manejo y conservación.