El conflicto sobre el presupuesto del Distrito Federal para 1999, generado por el grave recorte impuesto por los diputados federales del PRI y PAN a su capacidad de endeudamiento y la exclusión de las aportaciones federales, no ha concluido. Los inexplicables vaivenes de los priístas, que ofrecieron reconsiderar su postura y luego volvieron a su posición inicial, y la obstinada negativa de los panistas a revisar la suya, mantienen el tema en primera plana de los diarios y en la preocupación de la opinión pública local y nacional.

En la cuestión se diferencian dos posiciones en lo general, una de ellas con matices. PRI y PAN anteponen sus intereses electoreros a la satisfacción de las necesidades esenciales de los ciudadanos y usuarios del DF y un amplio territorio del centro del país. El matiz está en que el PRI, cuyos gobiernos fe- derales y locales del pasado, aún demasiado reciente para que sea olvidado, son responsables de la crisis profunda que vive la capital; asimismo, se debate entre su arrogancia de partido de Estado, su ansia por mantener el poder en el país y recuperarlo en la capital, su profunda descomposición interna y lo que le queda de olfato político, dando bandazos que sólo atina a justificar con for-malidades que mal ocultan su deseo de someter personalmente al jefe de gobierno a un interrogatorio inquisitorial en el Congreso.

La posición del PAN es aún más primaria y burda: no oye razones, sólo le interesa golpear al gobierno cardenista, asfixiarlo con la negación de recursos para operar, lavar con agua sucia la triste derrota de su candidato en el 97 y construir un hipotético camino a la victoria electoral en el 2000 sobre la base de la agudización de los problemas y conflictos de la ciudad de México.

PRI y PAN golpean a millones de mexicanos en su afán de agredir a un solo hombre. Cegados por su interés político de corto plazo, no entienden que a quienes afectan no es a Cuauhtémoc Cárdenas y los miembros de su gabinete, sino a un conjunto de actores económicos, sociales y políticos que, paradójicamente, los incluye a ellos mismos. Niegan recursos para atender las necesidades esenciales de 9 millones de capitalinos y de más de 3 millones de habitantes de municipios conurbados del estado de México y otras partes de la región centro, que son usuarios cotidianos de ellos: entre las obras que serían pospuestas están la línea B del Metro y el drenaje profundo, como ejemplos claros. Impiden atender las necesidades de los agentes económicos que generan una cuarta parte del Producto Interno Bruto del país o cuyas oficinas en el DF controlan la mitad de las grandes empresas nacionales y trasnacionales. Afectan la economía y la cultura nacionales que, mientras no cambie la situación estructural, tienen por corazón al DF y su zona metropolitana. Con el recorte al presupuesto lesionan también la seguridad y las condiciones de operación del gobierno federal (priísta), el Congreso y las cúpulas partidarias federales. Es evidente que la ciudad tiene que seguir funcionando, aunque sea gobernada por un opositor a la alianza PRI-PAN.

El jefe de gobierno del DF entiende perfectamente este hecho, y asumiendo su responsabilidad como gobernante y hombre de Estado, coloca en primer plano las necesidades de la ciudad. Al tiempo que se compromete a responder a la ciudadanía de la mejor forma posible con los pocos recursos que le dejan el gobierno federal, PAN y PRI, utiliza su facultad legal y derechos democráticos para informar a la opinión pública, ubicar a los responsables del problema, reclamar a quienes corresponde y por los canales legales que enmienden la errada decisión y llamar a los defeños y demás mexicanos afectados a reclamar sus derechos. Para defender los intereses de sus gobernados, pone a disposición de los diputados la información necesaria y parece dispuesto aun a aceptar el dudoso condicionamiento de la rectificación del PRI a su asistencia a la Cámara de Diputados, que podría derivar hacia una comparecencia abusiva y sin apego a la legalidad, para conveniencia de la alianza conservadora.

El Presidente de la República, a quien corresponde un lugar crucial en este conflicto debido, entre otras cosas, al papel que le asigna la limitada reforma política para la capital permitida hasta ahora por los diputados del PRI y PAN, no asume la misma posición, y sus portavoces dan explicaciones incomprensibles. Son actitudes políticas distintas que debemos reconocer.