En 99, "política de apertura" para observadores extranjeros

José Gil Olmos Ť En 1999, la política del gobierno mexicano será de apertura para los extranjeros interesados en observar la situación de los derechos humanos en el país, particularmente en Chiapas. En este sentido, el subsecretario de Población y Asuntos Migratorios, Fernando Solís Cámara, aseguró que no hay ni habrá censura y que las nuevas reglas de acreditación para los visitantes no significan ``una camisa de fuerza'' o ``un filtro'' para impedir la entrada de visitantes incómodos.

Entrevistado en sus oficinas de la Secretaría de Gobernación, el funcionario rechazó, sin embargo, cualquier pretensión de modificar el artículo 33 de la Constitución, que permite al Ejecutivo federal expulsar sin previo juicio a cualquier extranjero cuya estancia en territorio mexicano se juzgue ''inconveniente''. Se trata, explicó, de la defensa de la soberanía nacional y no de la aplicación arbitraria de una ley.

A manera de evaluación de los logros obtenidos el año pasado, Solís Cámara calificó de positiva la implantación de las nuevas reglas para los observadores extranjeros, a partir de mayo del año pasado ųa raíz de la expulsión de los italianosų, porque dan orden y claridad a una actividad que es muy delicada.

En este sentido, también destacó que el Senado de la República haya ratificado la Convención Internacional para la Protección de los Derechos de los Trabajadores Migratorios, pero con la reserva que hace el gobierno mexicano a la aplicación del artículo 22, ya que contraviene el contenido del artículo 33 de la Constitución.

Impulsor de una política migratoria ''humanitaria'', Solís Cámara aseguró, por otro lado, que la nueva barda que construye el gobierno de Estados Unidos, así como los operativos policiacos y militares en su frontera con México, no servirán para detener el paso de los migrantes mexicanos, pues se trata de un problema económico y laboral. Al año son deportados un millón de mexicanos, apuntó.

Incluso acusó al gobierno estadunidense de provocar la violación de derechos humanos y la muerte de 300 mexicanos en su intento de cruzar la frontera por zonas de peligro. Señaló que esto ocurre,''entre otras causas, por las medidas de protección tan cerradas y estrictas, que están generando la muerte de un mayor número de mexicanos que buscan el cruce a Estados Unidos''.

Respecto a las críticas que se hicieron el año pasado por la expulsión de observadores extranjeros, sobre todo un grupo de italianos, Solís Cámara explicó que las nuevas reglas establecidas a raíz de este caso pretenden que los contingentes no sean numerosos --máximo 10 personas--, que el tiempo de permanencia sea el necesario y que respeten las leyes nacionales.

''Es una política de apertura, de reglas claras, pero (también) de exigir que se respete la legislación mexicana''. No hubo ningún grupo, en 1998, ''que haya solicitado su internación y que haya sido rechazado'', aseguró el subsecretario. Sostuvo que ''no hay censura'' en ninguno de los casos, pues los programas presentados han sido autorizados, no se les acompaña, no se les pide que muestren sus informes y tampoco que digan el nombre de quienes van a entrevistar.

''La crítica que en principio se hizo estaba fundamentada en una impresión de que queríamos impedir la labor de observación de derechos humanos, pero a siete meses de aplicación de las nuevas reglas está claro que el propósito no es delimitar o impedir esta tarea'', expuso. Antes del establecimento de las nuevas reglas, siete grupos extranjeros de observación visitaron México, y después de éstas se recibió a ocho grupos, precisó.

''Esto muestra que no son restrictivas, que busquen inhibir o impedir la visita de observadores de derechos humanos, sino que buscan darle orden a la tarea de observación y que nos visiten aquellos grupos o individuos que realmente tengan algún tipo de experiencia y entiendan lo delicado que implica una actividad de esta naturaleza y que requiere de ciertos principios y procedimientos aceptados universalmente''.

--Usted dice que estas reglas son flexibles y que el gobierno mexicano busca dar seguridad, pero hay críticas de que se trata de un filtro para impedir la entrada de algunas personalidades y grupos que buscan obervar lo que sucede en Chiapas. Incluso se comparó a estas reglas con las de países totalitarios.

--Al gobierno mexicano le interesa que haya grupos de individuos que vengan a observar cómo se está buscando dar una solución en Chiapas. Estoy convencido de que el gobierno mexicano hace todo lo que está a su alcance para dar una solución pacífica al conflicto, y es útil que vengan organizaciones a verificar lo que el gobierno y la sociedad en general estamos haciendo.

''Lo que no podemos aceptar --agregó-- es que vengan grupos a realizar actividades que no están autorizadas por nuestras leyes. La actividad de observación de derechos humanos está perfectamente permitida por las leyes mexicanas, y en los hechos hemos recibido a 15 grupos de extranjeros que han podido realizar sus labores, con el incidente particular con el grupo Ya Basta, que violó diversas leyes mexicanas y por ello se les tuvo que aplicar las sanciones que la propia ley establece''.

--ƑNo hubo saldo negativo para las autoridades mexicanas en su imagen hacia el exterior? No sólo por la expulsión de los italianos, sino la del padre Michael Chanteau y de Peter Brown.

--Estoy convencido de que no, porque el gobierno de México dio una imagen ante los gobiernos de todos los países vinculados a este tema, de apego a la ley mexicana, de apego a las convenciones internacionales, y de respeto a los derechos humanos. De todas las acciones de expulsión, en ningún caso hubo protesta de los gobiernos de esos países.

Respecto de la posibilidad de cambiar el artículo 33 constitucional, Solís Cámara reiteró su convencimiento de que no es necesario, pues ''deriva de la voluntad del pueblo mexicano, de establecer reglas a quien visita nuestro país, y también para que el gobierno elegido por el pueblo pueda hacer abandonar el territorio nacional a personas cuya presencia juzge inconveniente''. En todo caso, dijo que su posible modificación sería responsabilidad del Congreso de la Unión y no del Ejecutivo federal.

Asimismo, se le preguntó qué razones tuvo el gobierno mexicano para reservarse la aplicación de la fracción cuarta del artículo 22 de la Convención Internacional para la Protección de los Derechos de los Trabajadores Migratorios. Dijo que este precepto establece que el gobierno del país firmante puede suspender la expulsión de un visitante internacional bajo determinadas condiciones, lo que contraviene el artículo 33 de la Constitución mexicana.

Sobre el saldo de la política migratoria, dijo que la ratificación de la Convención que el gobierno mexicano había firmado en 1991, es una ''señal clara al mundo y a nuestro propio país de que México quiere y está comprometido con una política de protección de los derechos humanos de los trabajadores migratorios''.

25 años de la política de población

Fernando Solís Cámara subrayó que en 1999 se celebran 25 años de la ''nueva política de población'', que comenzó en 1974 con la promulgación de una nueva ley en la materia y la creación del Consejo Nacional de Población (Conapo).

Enfatizó que como resultado de esa política demográfica, la población, que crecía en un ritmo de 3.5 por ciento, hoy lo hace en 1.88; cada familia tenía siete hijos en promedio, y hoy tiene tres; y la expectativa de vida del mexicano era de poco más de 60 años y hoy es de 74 años.

Según el funcionario, hubo una especie de ''revolución silenciosa'' que ha determinado que hoy, en lugar de ser 134 millones de mexicanos seamos 98 millones; es decir, 37 millones menos de los que seríamos sin dicha política

Hacia el futuro, señaló que en los próximos 20 años se espera satisfacer la demanda de empleo y vivienda de quienes nacieron antes de 1974. Pero a partir del 2020, pasarán a formar parte de la población de edad avanzada, que de 4 millones aumentará a 16 millones, lo cual requerirá de nuevos cambios, de un sistema de seguridad social, salud y asistencia que se tiene que preparar desde ahora, porque la población económicamente activa en ese entonces será reducida y no va a poder con la carga.