Entre una de sus grandes virtudes, la democracia tiene la de realizar en su especie más acabada el estado de derecho. La democracia puede mitigar la aplicación del derecho estricto y tal aplicación puede hacerse tendiendo más que en otros regímenes jurídicos al sentido de la equidad (que, como lo viera Kant, no es ni derecho ni moral, sino algo que se ubica entre ambos). Podría decirse que en la democracia el derecho tiende a hacerse más justo. También puede ocurrir lo contrario, como en Estados Unidos, país en el que el derecho está claramente orientado por criterios racistas, de discriminación social y también de naturaleza política.

Aplicar en forma estricta el derecho no significa siempre la mejor forma de su aplicación. Eso cualquier filósofo del derecho de hoy en día lo sabe a la perfección. A veces, muchas, la aplicación estricta vuelve al derecho injusto. El formalismo jurídico es una continua fuente de injusticias, porque, por formalista, no da cabida a casos en que la fría letra de la norma debe ser mediana, precisamente, con criterios de equidad. A los maestros encarcelados por su ocupación violenta del Senado, se les quiere aplicar la norma tal y como está escrita, tanto por la PGR, como por el juzgado que libró la orden de aprehensión, como por articulistas ignaros del derecho y de los problemas de la justicia. Igual sucede con los militares disidentes.

Si cometieron un delito definido en la ley, habrá que aplicarles con todo rigor esa ley. Ciertamente, no hay manera más irresponsable de desvirtuar y corromper la aplicación del derecho y, peor aún, la idea misma de justicia. Mi más grande maestro en la Facultad de Derecho de la Universidad Michoacana, el excelente abogado Guillermo Morales Osorio, me dijo un día: ``El que piense que el derecho se hace para ser aplicado es un pendejo. El derecho no es más que la guía para hacer de nuestra vida en sociedad una vida más ordenada''. Creo que tenía razón.

De los militares, no es de extrañar. Un amigo mío, abogado militar, que se desempeña como agente del ministerio público, militar, me dijo en una ocasión que su problema es doble: tienen que cumplir estrictamente con la ley y, al mismo tiempo, con las órdenes que les llegan con faltas de ortografía, lo que a menudo ocasiona que se aplique mal la ley.

Lo indignante es el comportamiento de la Procuraduría General de la República y de la juez que dictó la orden de aprehensión contra los maestros disidentes. Ya el distinguido jurista Raúl Carrancá y Rivas señaló el exceso y, por lo tanto, la injusticia que se cometió al enjuiciar a los mentores.

Yo tampoco voy a decir que estoy de acuerdo con el comportamiento de los profesores en su ocupación del Senado; pero a mí no me parece que hayan cometido ningún delito. En los actos de masas, que deben ser juzgados ante todo como actos políticos, los desmanes que den lugar a puniciones no pueden ser atribuidos con certeza a ninguno en particular. La juez pensó que los dirigentes eran los responsables de sus dirigidos y, en particular, la maestra Blanca Luna, y consideró que a ellos se les debía enjuiciar. Ese fue el criterio que en 1948 y 1949 usó el gobierno de Alemán para reprimir a los grandes sindicatos nacionales que buscaban un sindicalismo independiente: como sus dirigentes eran de izquierda, la cacería de comunistas no tuvo límite alguno.

La represión de delitos en un régimen democrático no puede llevarse a cabo bajo el criterio de que la ley es dura pero es la ley (lex dura est, sed lex). Eso es un dato de la barbarie en medio de la cual se desarrolló el sistema jurídico de la era moderna. Quienes exigen el castigo de los maestros no saben lo que están pidiendo.

En la democracia, lo que algunos llaman la ``aplicación del derecho'' no puede hacerse sólo fundados en la letra de la ley. Ese régimen exige que se haga justicia, ante todo, y la justicia nunca está en la letra de la ley o de los reglamentos. Está en la comprensión del entorno social, económico y político en el que se da el acto delictivo. Está en gran medida en la equidad.

En un régimen democrático no se puede esperar que los ciudadanos se ``comprometan'' a obedecer las normas jurídicas, cuando jamás se les pide si aprueban o no esas leyes. Eso es una necedad. Un día, tendremos que avanzar hacia formas de consenso popular que nos permitan a todos juzgar de los contenidos de las leyes. En muchos países europeos, ciertas leyes son sometidas a referéndum o inclusive a plebiscito (antes mismo de ser formuladas por el Legislativo). Pero la justicia requiere de algo más: que los juzgadores se comprometan a juzgar tomando en cuenta el hecho social y no sólo la letra de la ley. Es así como se realiza el derecho, según han planteado las más grandes jurisconsultos de la época moderna.