Francisco Pérez Arce Ibarra
Eso lo sabe todo el mundo

Blanca Luna no merece estar en la cárcel. Tampoco María del Refugio Vargas ni Elio Bejarano ni Alonso Vargas ni Néstor Trujano. Eso lo sabe todo mundo.

¿Qué quiere decir todo mundo? Bueno, los lectores de la prensa escrita, los padres de familia enterados, los maestros democráticos, los maestros priístas, los periodistas serios. Lo saben incluso los apologistas del régimen zedillista que se apresuraron, como siempre, a justificar la detención de los maestros enarbolando la vigencia del Estado de derecho y criticaron, airadamente, la politización de un problema ``estrictamente judicial''.

Estos lúcidos comentaristas tienen razón. Nada más hay que ponerlos de cabeza. Los maestros no recurren a la movilización para enfrentar un asunto judicial, sino que el gobierno recurrió al expediente judicial para enfrentar un conflicto político. Nadie en su sano juicio puede creer que el problema es el robo del facsímil del texto de Belisario Domínguez, o la desaparición de dos ceniceros del recinto senatorial o la pata rota de una silla (o escaño, como le llaman a esos asientos especiales). El problema es el control de la Sección IX del SNTE, una de las secciones más poderosas del más grande de los sindicatos de México; control que hace varios años perdió la corriente identificada con el partido oficial. En el pasado congreso seccional, las corrientes de izquierda ganaron abrumadoramente. Luna resultó electa secretaria general y los otros cuatro detenidos ocupan diferentes carteras en el Comité Ejecutivo. Durante varios meses el Comité Nacional les ha regateado el reconocimiento, limitando su capacidad de gestión y escamoteándole las cuotas sindicales que les corresponden como legítimo comité seccional. Lo que el Comité Ejecutivo Nacional del SNTE, el PRI y el gobierno quieren es recuperar el control de la sección IX. Ese es el verdadero problema y eso también lo sabe todo mundo (en este todomundo incluyo ahora a las senadoras Moreno y Gordillo).

El entramado jurídico con base en el cual declaró formalmente presos a cinco mastros es verdaderamente endeble. Se les acusa de motín, secuestro y robo. La acusación proviene del Senado, pero como son delitos que se persiguen de oficio, no puede haber desistimiento. Los indicios en los que apoya su decisión el juez son pobres, sobre todo en lo referente al delito de secuestro, debido al cual se les niega el derecho a la libertad bajo fianza. Difícilmente puede sostenerse la tipificación de tal delito, cuando uno de los supuestos secuestrados, el senador Héctor Sánchez, declara que nunca estuvo secuestrado, y dos de ellos pudieron salir a hacer gestiones a las oficinas del SNTE sin ningún obstáculo. Forzaron las evidencias para configurar el delito de secuestro, precisamente porque así los acusados no tienen derecho a la libertad bajo fianza. No trato de justificar la ocupación mediante la fuerza del Senado ni de las acciones de la multitud enardecida. Sin duda se trata de hechos condenables. Desde el punto de vista político se trató de un error que el movimiento democrático inmediatamente reconoció.

Sucede entonces que los enemigos políticos del movimiento aprovecharon el error, recurrieron al expediente judicial, y dieron un golpe que busca efectos políticos. No es un caso cualquiera, con el seguimiento normal de una averiguación previa que conduce a una orden de aprehensión ``obsequiada'' por un juez, etcétera, etcétera. En medio de ese proceso hubo una decisión política, tomada en el más alto nivel del PRI y del gobierno federal. Fue pensado y decidido de acuerdo a un cálculo político. Hay que tomarlo entonces como lo que es: una movida dentro de una estrategia general del gobierno frente a los movimientos sindicales independientes y las fuerzas democráticas en general. Al parecer están buscando una polarización que ponga de un lado a las organizaciones violentas y desestabilizadoras, y de otro a los defensores de la legalidad y el orden.

¿Esperaban una reacción masiva como la del miércoles pasado y una convocatoria a un paro de 24 horas en varios estados para el día 13? Tienen que haberlo previsto como algo probable. Su cálculo puede haber sido este: si hay una reacción masiva, recurrimos al discurso descalificador: maestros violentos defensores de intereses políticos y enemigos de la educación. Si la reacción es pequeña, mucho mejor, los dirigentes presos no tienen verdadero apoyo de la base, se fortalece la corriente priísta en la Sección IX y pueden retomar el control. La decisión de encarcelar a los cinco maestros nada tuvo que ver con la búsqueda de la justicia, la defensa del Estado de derecho o la aplicación de la ley. Fue una decisión política perfectamente calculada por el gobierno. Los cinco maestros son presos políticos. Eso lo sabe todo mundo.