El secretario de Gobernación, Francisco Labastida Ochoa, anunció ayer importantes acciones en materia de administración de prisiones en el país, dentro del programa de seguridad puesto en marcha recientemente. Dijo que en los próximos dos años se construirán 15 nuevos reclusorios, se harán trabajos de ampliación en 110 ya existentes y con eso se incrementará la capacidad de las cárceles del país en 38 mil lugares.

Tales medidas crearán condiciones propicias para emprender el necesario saneamiento en esos lugares, los cuales constituyen un universo de corrupción, violencia, explotación, violaciones sistemáticas a los derechos humanos y degradación generalizada. Una de las causas por la que se da esta inaceptable situación es el hacinamiento que existe en las cárceles del país, en las que, por lo demás, se infringe regularmente la norma penitenciaria que establece la separación entre procesados y sentenciados. En la medida en que disminuya la sobrepoblación en los penales será posible establecer mejores medidas de control y reducir, por ende, las múltiples prácticas ilegales y oprobiosas que forman parte de su vida cotidiana y de su funcionamiento habitual.

Eso permitirá, a su vez, fortalecer el combate a la inseguridad y la delincuencia, toda vez que las prisiones, en su estado actual, son más un mecanismo multiplicador de la criminalidad que un instrumento para combatirla. La expresión ``universidades del crimen'' resume a cabalidad la indignante distorsión que afecta al conjunto del sistema penitenciario, en el cual la vinculación total e irremediable de los internos con el mundo de la ilegalidad es mucho más frecuente que la rehabilitación.

En resumen, desde la estricta perspectiva de la política carcelaria, las medidas anunciadas por el secretario de Gobernación son, sin duda, correctas. Sin embargo, en la lógica de la política social cabe preguntarse si ampliar la capacidad de las prisiones no lleva implícito un acto de resignación ante los índices delictivos actuales o una renuncia a la tarea de reducir de manera significativa la generación de infractores por parte de la misma sociedad que después se empeña en encerrarlos.

En otros términos, la construcción de nuevas cárceles y la ampliación de las existentes --medidas ciertamente necesarias-- no resuelven el problema de fondo en materia de seguridad pública. En tanto sigan agudizándose los contrastes sociales y las desfavorables condiciones económicas, educativas, familiares, sociales y culturales que afectan a millones de mexicanos y si el estado de derecho sigue siendo una ficción en diversos ámbitos del acontecer nacional, un mayor número de individuos optará por engrosar las filas de la ilegalidad y nunca serán suficientes las celdas que se construyan para encerrarlos.