La llegada del ministro Genaro David Góngora Pimentel a la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y a la del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) constituye una noticia positiva y esperanzadora en diversos sentidos.

Por principio de cuentas, el relevo de Vicente Aguinaco Alemán de la primera institución crea, por sí mismo, condiciones propicias para consolidar el prestigio, lesionado por señalamientos de conductas poco claras por parte del funcionario saliente.

Por otra parte, la elección de Genaro Góngora Pimentel se llevó a cabo de cara a la opinión pública, con una transparencia ejemplar y dio por resultado una mayoría contundente (ocho votos a favor y tres en contra), lo que habla de una determinación casi consensual, en el pleno de la Suprema Corte, sobre el programa de acción del Poder Judicial para los próximos cuatro años y sobre el hombre que habrá de aplicarlo.

En tercer lugar, cabe congratularse por el hecho de que al frente de la institución ha sido colocado un juez y un jurista con vasta experiencia que, a lo largo de su prolongada carrera, se ha conducido con probidad, con apego a derecho, con plena independencia de criterio y, en no pocas ocasiones, con audacia y sentido innovador.

En su cuatrienio al frente del máximo tribunal de justicia del país, Góngora Pimentel habrá de enfrentar -y resolver- problemas graves de diversa índole.

En lo administrativo, deben resolverse ambigüedades funcionales sobre las atribuciones del Consejo de la Judicatura y de la propia Corte.

En lo operativo, es indispensable abatir o eliminar el rezago de expedientes, y delegar asuntos no cruciales en tribunales colegiados de circuito, mientras que en lo político el país reclama una mayor presencia del Poder Judicial en las grandes decisiones nacionales y, específicamente, que asuma a plenitud sus funciones de tribunal constitucional e impulse las reformas constitucionales y legales que le permitan presentar, por derecho propio, iniciativas de ley al Poder Legislativo.

En lo social, es patente la necesidad de que la Suprema Corte de Justicia revierta su desvinculación con respecto a la sociedad; que incremente su presencia ante la opinión pública, y revierta el palpable deterioro de su imagen y de su credibilidad entre la ciudadanía.

En suma, es necesario que las instituciones referidas se conviertan en protagonistas de la hasta ahora inacabada y estancada reforma del Poder Judicial y que se articulen de manera activa y constructiva en los nuevos escenarios políticos, sociales y económicos del país. Cabe hacer votos por que el recientemente electo presidente de la Suprema Corte y del Consejo de la Judicatura logre encabezar el cumplimiento institucional de tales objetivos.