RECLUSORIO NORTE

Alma E. Muñoz Ť Los dirigentes de la sección 9 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), detenidos el viernes pasado, rechazaron los cargos que se les imputan (secuestro, motín y robo), los cuales originaron su aprehensión. Será hasta el próximo jueves cuando la juez primero de distrito dé a conocer el fallo correspondiente para determinar si les retiran los cargos, alcanzan libertad bajo fianza o se les dicta sentencia, pues el plazo constitucional se amplió a 144 horas.

En tanto, mientras legisladores del Partido de la Revolución Democrática (PRD) buscara persuadir a la presidenta de la Gran Comisión de la Cámara de Senadores, María de los Angeles Moreno, a fin de que retire los cargos -aunque hasta el momento no cuentan, como reconoció Jesús Martín del Campo, con el teléfono particular de ella-, las bases magisteriales trabajan en la elaboración de un plan de lucha para exigir la liberación de los acusados.

Por lo pronto, al menos siete profesores más buscan el amparo ante la posibilidad de que se giren más órdenes de aprehensión, ante lo que llaman una ``política de represión en contra de un movimiento disidente ajeno a la línea priísta''.

En asamblea celebrada ayer en las oficinas de la sección 9, las bases reiteraron que, pese a las circunstancias, no desconocerán la dirigencia de su secretaria general, Blanca Luna Becerril, ni los 192 integrantes del comité seccional, y calificaron las imputaciones contra los cuatro detenidos como falsas.

La misma respuesta dieron a conocer en el Reclusorio Norte del Distrito Federal, durante su declaración preparatoria, Luna Becerril, Néstor Manuel Trujano Molina, Elio Bejarano Martínez y Alonso Raúl Vargas Vallejo, y se reservaron el derecho a externar más declaraciones.

Acusaciones sin consistencia

De acuerdo con la defensa, a cargo de integrantes de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD) y el diputado Victorio Montalvo, las acusaciones carecen de consistencia jurídica, por ello solicitaron a la juez primero de distrito de lo penal, Irene Hernández Cuevas, ampliar el término constitucional para dictar el auto correspondiente a 144 horas, a fin de contar con más elementos para impugnar los cargos. De esa manera, ya no será el próximo lunes cuando se dé a conocer el fallo.

En tanto, integrantes de la sección 9 intensificarían sus acciones de lucha por medio de marchas y protestas, como lo ocurrida el viernes por la noche frente a las instalaciones de la Procuraduría General de la República.

Según el diputado perredista Jesús Martín del Campo y el ex dirigente de la sección novena, Gonzalo Martínez Villagrán -quien al parecer está en riesgo de detención-, las acciones judiciales responden a una línea de endurecimiento en contra del magisterio nacional disidente, en especial contra aquellos que se solidarizan con las luchas populares.

Así, Martínez Villagrán acusó a Tomás Vázquez Vigil -secretario general del SNTE- y a las senadoras Elba Esther Gordillo y María de los Angeles Moreno de ser parte de esta campaña que ``no tiene nada del fuero común, sino todo es cuestión política''.

Ante ello, Martín del Campo informó que buscarán la intermediación del subsecretario de Gobernación Diódoro Carrasco para llevar a buen término el conflicto, pues ``no hay ningún precedente de que los compañeros hayan incurrido en los delitos de que se les acusa (robo, motín y secuestro)''. Por el contrario, mantiene la percepción de que en medio de las detenciones ``hubo dinero o un palancazo político'' para movilizar a unos 25 judiciales federales.

Recordó que esta es la segunda ocasión en que se atenta judicialmente contra dirigentes de la sección novena, a fin de impedir su liderazgo. La primera se dio en 1960 con la detención de Othón Salazar, quien fue aprehendido antes de las elecciones por la renovación del comité. Con Carlos Jonguitud Barrios al frente del SNTE, continúo el legislador, se perpetraron asesinatos de profesores.

La defensa de los detenidos no olvida que en la toma de la casona de Xicoténcatl, en noviembre pasado, hubo faltas administrativas, mas no secuestro, porque no hubo cobro de rescate; tampoco motín ni robo, y en el caso de la supuesta extracción del documento de Belisario Domínguez, que además ``es una copia facsimilar del original'', no hay evidencias del hecho. ``Un jarrón (que fue roto al momento de la irrupción de los maestros) no vale la aprehensión de cuatro dirigentes. Como diputado me comprometo a reparar la falta''.

Frente a esto, cuestionó que movimientos como el de Antorcha Campesina no deriven en sanciones. Por lo pronto, la base magisterial votó a favor de realizar ``todo tipo de movilizaciones'' para lograr la liberación de los cuatro detenidos.