El entierro de la Compañía Nacional de Subsistencias Populares (Conasupo) cancela, con la lápida del olvido, las funciones de regulación del mercado de los granos básicos, que en 1937 le dieron origen.

El gobierno de Lázaro Cárdenas consideró que las creaciones del Comité Estatal Regulador del Mercado de Trigo y de la Compañía Exportadora e Importadora Mexicana (CEIMSA) deberían cumplir con, entre otras, tres funciones: garantizar a los productores de granos básicos la compra de sus cosechas a un precio mínimo -precio de garantía- que cubra los costos de producción y un excedente, y obligue a los acaparadores a pagar más; evitar la especulación con los productos básicos alimenticios logrando precios bajos para los consumidores urbanos, y ejercer el control del mercado externo recuperando para el Estado el monopolio de la importación y exportación de los productos básicos.

El sistema Conasupo, derivado de estas instituciones, se convirtió en uno de los principales instrumentos de las políticas agrícola, comercial y social.

Muchas veces sus funciones no se cumplieron, y desalentó la producción en vez de fomentarla. Tampoco estuvo exento de corrupciones, y la carga burocrática representó una parte considerable del gasto estatal.

Así, cuando a principios de los ochenta los campesinos quisieron asaltar el cielo, ubicaron como uno de los principales obstáculos la intervención estatal.

Sin embargo, después de diez años de neoliberalismo en el campo, los enfoques han cambiado.

Tirar la tina con todo y niño

Arrastrado por los vientos del salinismo, el sistema Conasupo empezó a reducir sus funciones y estructuras a tal grado que su extinción parece cosa natural.

Una revisión del desastre de los mercados agrícolas y sus efectos en los productores -mayoritariamente campesinos- en los últimos años sugiere viejas y nuevas funciones que el Estado deberá comprometerse a cumplir, antes de tirar el agua de la tina con todo y bebé.

En 1989 el gobierno eliminó los precios de garantía del trigo, cebada, sorgo, arroz, soya y otras oleaginosas, y Conasupo dejó de comprar esos productos ante el azoro de los productores. Sólo el maíz y el frijol mantuvieron precios de garantía.

Para los otros granos el gobierno pretendió fijar precios de concertación que los industriales no respetaron y no tuvo ninguna autoridad para obligarlos a cumplir.

También hasta 1989 Conasupo fue el principal importador de granos básicos y oleaginosas. Las importaciones requerían de permiso previo de importación, sus niveles se fijaban dos veces al año de acuerdo con las estimaciones sobre la cosecha siguiente y las necesidades para satisfacer la demanda interna.

En 1989 el gobierno eliminó el permiso previo de importación del sorgo, la soya y demás oleaginosas, que tampoco tuvieron aranceles durante 1990.

El frijol, el trigo y el maíz mantuvieron la protección de permiso previo.

En 1991 Conasupo cedió su facultad de importador mayoritario de granos básicos a los importadores privados.

Las importaciones de sorgo, soya y oleaginosas se dispararon, pues los industriales aprovecharon transacciones baratas con créditos subsidiados de Estados Unidos.

Las compras de sorgo al extranjero aumentaron de 1.1 millones de toneladas en 1988 a 4.7 millones en 1993; las de soya pasaron de 1 millón a 2.2 en el mismo lapso.

Mientras, los productores del Noroeste y el Bajío de distintas organizaciones y diferentes orientaciones políticas, marchaban a la ciudad de México, en 1991, demandando el control de las importaciones desleales y precios justos para sus cosechas.

Para el ciclo siguiente, los sorgueros de Guanajuato -ante la sordera estatal- cambiaron de interlocutor y tomaron las plantas transnacionales de alimentos balanceados y las granjas avícolas en demanda de mejores precios y condiciones de comercialización.

Los productores respondieron al desorden provocado en el mercado de los granos refugiándose en el maíz, uno de los dos cultivos con precio de garantía, seguridad de comercialización por medio de Conasupo y control de importaciones.

Para 1993, Luis Téllez, entonces subsecretario de Agricultura, se preocupaba por la maizificación del patrón de cultivos provocada por sus propias políticas: una cosecha récord de 18 millones de toneladas (en comparación con los 11 millones de finales de los ochenta) y un precio de garantía alrededor de dos veces mayor que el del mercado internacional.

Durante 1993 y 1994 Conasupo compró anualmente 8.1 millones de toneladas de maíz.

El Procampo fue el instrumento para eliminar el precio de garantía del maíz y frijol -y hacer paulatinamente perdidizo el subsidio que incluía-, sin enfrentar la furia ni la respuesta de los productores.

Además, intentaba diversificar la producción de granos al distribuirse también a los productores de los demás cereales.

La eliminación de los precios de garantía, como condición para el Tratado de Libre Comercio (TLC), se había cumplido.

Conasupo contra los productores

En el sexenio zedillista se opera de forma burda y tramposa. A pesar del fundamentalismo contra la regulación estatal, el Estado interviene siempre contra los productores.

Conasupo se transformó en comprador en última instancia al no existir precios de garantía. Pero, aprovechando los usos y costumbres, durante los últimos años se encargó de definir un precio a la baja.

Hasta el ciclo pasado, Conasupo abría el mercado de maíz y frijol determinando un precio (sin garantía de compra), al que los compradores privados se acercaban a la baja.

Según datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), en 1995 el precio del maíz definido por Conasupo fue, en promedio, 199 pesos menor por tonelada que el precio de indiferencia*.

Conasupo redujo sus compras de maíz a 3.7 millones de toneladas, pero intervino para reducir el precio.

En 1996 el precio definido por Conasupo fue similar al precio de indiferencia. Sin embargo, el monto -que colocó a los productores en el mercado abierto- fue resultado del dumping que realizó el gobierno mexicano en perjuicio de los maiceros -en un año con cosecha récord- al permitir la entrada al país de 5.8 millones de toneladas de maíz sin arancel, cuando la cuota exigida por el TLC era de 2.6 millones de toneladas.

Conasupo importó 1.2 millones de toneladas y sólo adquirió 1.6 millones de la cosecha nacional, a pesar de los problemas de comercialización que enfrentaron los productores.

Para 1997 compró 3.5 millones de toneladas nacionales y no realizó importaciones.

En el caso de frijol la Conasupo ha reducido paulatinamente su volumen de compra nacional pasando de 400 mil toneladas en 1993 a sólo 80 mil en 1997.

Conasupo no ha participado en la comercialización al extranjero del frijol, toda a cuenta de privados, que ha rebasado sistemáticamente las cuotas de importación.

En 1996 se importaron sin arancel 123 mil toneladas, mucho más del doble de la cuota exigida por el TLC de 53 mil toneladas.

Para muchos, esta Conasupo descuartizada, que cumple funciones contrarias a las que le dieron origen, no amerita defensa y su extinción es simplemente normal.

La alternativa zedillista a la desaparición de Conasupo es el abandono de los productores -3.2 millones de campesinos- a las fuerzas del mercado. Y en el mercado los vacíos se llenan.

La sombra de Cargill

Para la actual cosecha de maíz (ciclo primavera-verano), Conasupo no abrió el precio en Jalisco. Esa tarea correspondió a Cargill, la mayor compañía privada de Estados Unidos, con ingresos anuales de más de 50 mil millones de dólares y dedicada -entre otras actividades- a la comercialización, procesamiento y distribución de productos agrícolas, alimentos, productos industriales y financieros.

Cargill está presente en 72 países y tiene negocios en 130 más. Ha sido el principal enemigo de las familias de granjeros de Estados Unidos.

Muchas de las coperativas de productores quebraron durante los ochenta sometidas por Cargill. Los granjeros perdieron la mayoría de sus conquistas.

En septiembre pasado, Cargill anunció que adquiriría el negocio de comercialización de granos de la empresa rival, Continental, que incluye operaciones en Norteamérica, Europa, Latinoamérica y Asia.

Cargill espera cerrar el trato durante los primeros meses de este año. Sin embargo, esa adquisición se encuentra en escrutinio por las regulaciones antimonopólicas de Europa y Estados Unidos, además del Congreso de ese país.

La National Farmers Union de Estados Unidos demandó al presidente Clinton bloquear esta transacción, pues daña a los productores al contraer el de por sí reducido número de compradores de granos.

La compra de Continental dará a Cargill el control de 45% de las exportaciones estadunidenses de granos que salen por el Golfo de México.

Para Cargill esta acción no es anticompetitiva, dado que tendría el control de 500 millones de bushels de granos, en comparación con los 9 mil millones que Estados Unidos produce.

Durante los últimos años la integración y consolidación de las compañías transnacionales de semillas, plaguicidas, comercialización, almacenamiento y acopio de granos ha crecido vertiginosamente. En 1998 Cargill compró la filial venezolana de alimentos de Bunge International: Gramoven.

La empresa canadiense St. Lawrence Starch, productora de edulcorante de maíz, pasó a formar parte de Cargill el pasado octubre. Esta empresa y Monsanto formarán una coinversión para vincular la investigación y el desarrollo de la biotecnología, en la que es líder Monsanto, con la distribución y comercialización de semillas y alimentos para animales, en la que es líder Cargill.

En junio de 1998, Monsanto compró las operaciones internacionales de semillas de Cargill en Centroamérica, Latinoamérica, Europa, Asia y Africa, buscando compensar -con el rápido acceso a estos mercados incluida la capacidad de realizar pruebas con semillas genéticamente modificadas- el cuestionamiento de su imagen y el rechazo de los consumidores a los alimentos producidos a partir de cultivos transgénicos en Inglaterra.

En suma, Cargill es la mayor compañía transnacional estadounidense en franca expansión. Tiene una gran influencia en la definición de las políticas públicas tanto en ese país como en la Organización Mundial del Comercio.

Sus pretensiones de intervención llegan hasta China, país que ha garantizado con producción interna la alimentación de más de mil doscientos millones de personas.

Cargill trata de influir en China al proponer al gobierno moverse sobre productos competitivos y dejar los alimentos de su gran población en manos del mercado mundial.

La resistencia y el caso mexicano

Los campesinos de distintos países realizan acciones para oponerse al crecimiento del puñado de empresas transnacionales que controlan los mercados agrícolas y deprimen los precios.

Los productores franceses incendiaron las semillas genéticamente modificadas de Novartis; los hindúes le prendieron fuego a cuatro campos de semillas transgénicas de Monsanto.

En este marco, la extinción de Conasupo -que deja a los productores en manos de Cargill- debería ponernos en guardia.

Las presiones de Estados Unidos para eliminar las estructuras regulatorias marchan en México sobre ruedas, mientras en Canadá los productores y el propio gobierno defienden al Consejo de Trigo Canadiense y sus sistemas de administración de la oferta.

Las perspectivas de los productores mexicanos de maíz y frijol, sin un cambio de políticas y con la desaparición de Conasupo, empeoran.

Durante 1998 el gobierno repitió el dumping contra los productores de maíz y frijol, al permitir la entrada de cuotas sin arancel por arriba de las exigidas.

Hasta septiembre se habían importado 3.7 millones de toneladas de maíz y 128 mil toneladas de frijol, cuando sus respectivas cuotas eran de 2.8 millones y 56 mil toneladas. Estas importaciones han permitido a los industriales abastecerse aunque el gobierno informó que por fin cerraría las importaciones a partir de diciembre.

Los productores de maíz de Sinaloa -de la Unión Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas Autónomas (Unorca)-, afirman que Conasupo representa la única opción de comercialización para los productores que no cuentan con bodegas propias o cuando la iniciativa privada no tiene interés en comprar. El pasado ciclo otoño-invierno, Conasupo compró 60% de la cosecha de maíz de ese estado.

Los productores del Frente Democrático Campesino de Chihuahua señalaron que la desaparición de Conasupo los dejará en manos de los coyotes.

Es posible regresar a las funciones de regulación originales de la Conasupo aún en el estrechísimo marco del libre mercado.

El Estado debería retomar el monopolio de la importación y exportación de granos básicos y absorber las cuotas con arancel cero que actualmente generan ganancias únicamente para los importadores privados, muchos de ellos transnacionales, como la propia Cargill y su ex rival Continental; cobrar los aranceles acordados para los volúmenes que sobrepasen las cuotas, lo cual permitiría que los precios internos (una vez retirada la cuota de importación) se definieran por la oferta y la demanda hasta el precio tope equivalente al precio internacional más el arancel.

Para este año el precio del maíz al productor giraría alrededor de dos mil 840 pesos por tonelada en el mercado interno.

La desaparición de Conasupo debería ser motivo para exigir al gobierno mexicano cumplir con el compromiso de regulación de los mercados de granos en favor de los campesinos, e impedir que sigan en el mercado abierto nadando con los tiburones, aunque ahora sean genéticamente modificados.

NOTA

(*) Precio a la explotación del maíz amarillo de Estados Unidos puesto en los puertos del Golfo, más el costo de transporte hasta Veracruz.

Ana de Ita es investigadora titular del Centro de Estudios Para el Cambio en el Campo Mexicano (Ceccam).

La desaparición de Conasupo representa más que una decisión burocrática o presupuestal. Se inscribe en un proyecto transexenal que le declaró ``la guerra a la economía campesina''.

Armando Bartra, del Instituto de Estudios Mayas, dice que la política gubernamental parte de un diagnóstico equivocado: ``¿Qué hacemos para volver más competitiva a la paraestal? Es la pregunta que se hacen estos malos médicos (los tecnócratas). Y se responden: vamos a vaciar al campo con una purga demográfica, eliminar la producción de granos básicos y dedicarnos a lo que sí somos competitivos''.

Las políticas públicas están orientadas a aprovechar las ventajas comparativas del campo mexicano. Es decir, apoyar a los que son competitivos, y subsidiar ``con limosnas, como Procampo y Progresa'', a quienes no pueden participar de las tendencias del mercado.

``Nuestro campo va a hacer lo que el mercado diga, y el Estado va a subsidiar a quien siga ese camino, al que pueda capitalizarse y exportar''.

En este modelo, insiste, a los economistas del gobierno se les olvidaron ``los sectores, regiones y cultivos que representan, en términos demográficos, una enorme mayoría con grandes extensiones territoriales, y que con ese modelo quedarían fuera de lo que debe ser fomentado''.

Es a ellos a quienes se destinan los programas asistencialistas. Bartra los califica como limosnas, ``subsidiarles el consumo mientras se mueren''.

-¿Una mala medicina?

-Es un diagnóstico equivocado y una medicina equivocada. El campo es distinto al que han querido ver desde hace 15 años... Es -a lo mejor- 6% del PIB, pero en términos demográficos representa la cuarta parte de la población, con diversidad cultural, miseria, pobreza. El campo es mucho más que producción.

Por si fuera poco, los resultados de 1998 indican que el modelo económico fracasó. Ese año la producción agropecuaria decreció 6% en comparación con el anterior. Los más perjudicados fueron los productores de granos básicos.

Más. ``Se está expulsando a la gente del campo, pero el problema es que no tienen a dónde ir. La hipótesis era que el resto de la economía iba a crecer gracias a la integración con el resto del mundo, y que iba a poder absorber a los campesinos que dejaran sus tierras. Pero la economía tampoco crece, allí también hay desempleo''.

¿Cuál es la lógica?

``Que la economía campesina no es competitiva, y por ello no es necesario canalizar inversiones'', dice Víctor Suárez, de la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras del Sector Social.

``Entonces, en lugar de invertir en algo que no es viable, canalizas recursos asistenciales para paliar los efectos de la crisis y administrar el descontento social. Pero el desarrollo productivo de la agricultura está descartado, por eso no hay asistencia técnica, ni investigación ni créditos a los pobres''.

No es casualidad. ``Si juntas todos los factores te vas a dar cuenta que el gobierno le declaró la guerra a la economía campesina. Y el TLC es como una sentencia de muerte'', remata Suárez. (Alberto Nájar)