Según fuentes tan insospechadas como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) -de la cual, irónicamente, es miembro nuestro país- o el Banco Mundial, México no sólo ha sufrido en los últimos años los mismos efectos económicos y sociales que si hubiera librado una larga guerra destructiva sino que, también, podría enfrentar circunstancias adversas en lo que queda del siglo.

Al final de la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, Italia experimentó la destrucción de su aparato industrial y una brutal caída del nivel de vida de su población, pero su producto interno bruto per cápita cayó sólo 50 por ciento como consecuencia de las muertes, los bombardeos, la ocupación extranjera, las reparaciones a los vencedores. Según la OCDE, en sólo dos años, el PIB por habitante de nuestro país se desplomó en la misma proporción que el de la Italia de mediados de siglo: entre 1996 y 1998, el ingreso promedio por habitante -y, por ende, el bienestar de los mexicanos- pasó de tres mil 610 dólares a sólo mil 800, un desplome equivalente a 50.13 por ciento.

Por su parte, el Banco Mundial, corresponsable de la política económica que aplica nuestro país, al igual que la mayoría de los gobiernos latinoamericanos, advierte que para México la situación económica podría empeorar en los próximos meses ya que, probablemente, las exportaciones nacionales disminuirán al reducirse las compras en los países industrializados y los ingresos provenientes del petróleo seguirán a la baja, pues la oferta supera a la demanda y no hay acción política alguna que contrarreste este efecto tan redituable para los importadores.

En este contexto, la terrible desigualdad en la distribución del ingreso y el aumento vertiginoso del número de personas bajo el límite de la pobreza que reflejan las cifras oficiales mexicanas son elocuentes en dos sentidos: en primer lugar, el mercado interno -deprimido artificialmente y muy reducido por la desocupación y el subempleo- no está en condiciones de abrir una nueva esperanza de desarrollo y, en segundo lugar, medidas como la aplicación de un presupuesto de índole recesiva y la conversión en deuda pública de los pasivos del Fobaproa preparan no solamente nuevas y brutales caídas del PIB per cápita de los mexicanos sino, también, un aumento de la desocupación y, por consiguiente, de la inseguridad y de la inestabilidad social.

Mientras en 1999, para poner otro ejemplo, se canalizarán 18 mil millones de pesos para el rescate de la banca, y con ello se impone una deuda injusta que deberán pagar todos los mexicanos, al Distrito Federal se le cierran las posibilidades de solicitar créditos para financiar infraestructura social indispensable para mantener el nivel de vida de los capitalinos. El hecho de que el endeudamiento autorizado al gobierno de la metrópoli para este año sea sólo 10 por ciento del monto destinado a solventar las irregularidades y corruptelas registradas en el sistema bancario no hace sino confirmar que la política económica vigente responde, antes que al bienestar e interés de la sociedad, a la protección de los privilegios de unos pocos.

¿Hasta cuándo se mantendrá un modelo económico excluyente que, según las cifras de sus promotores y de la propia OCDE, ha agudizado brutalmente la pobreza y la desigualdad en nuestro país y ha minado el patrimonio y las esperanzas de millones de mexicanos?

Las circunstancias económicas por las que ha atravesado el país en los últimos meses,

y en particular la industria editorial, nos obligan, a partir de mañana, a fijar en seis pesos el precio de cada ejemplar de La Jornada. Hemos de reconocer que, en el marco de las fuertes alzas que se han registrado en innumerables productos y servicios básicos, el incremento del precio de La Jornada significará un nuevo desembolso para nuestros lectores. Por ello, esta casa editorial había postergado, hasta donde le fue posible, el ajuste que entrará en vigor el próximo lunes.

El constante incremento del valor del papel y de otros insumos indispensables para la manufactura del diario, las fluctuaciones e incertidumbres económicas que se registraron a lo largo de 1998, y el compromiso de quienes laboramos en La Jornada por mantener, en todo momento, la calidad, la oportunidad y la amplitud de la información que ofrecemos a nuestros lectores -a fin de cuentas, los protagonistas y la razón de ser de este medio-, nos han conducido a tomar esta determinación.

Confiamos en que los lectores comprenderán las causas del incremento del precio de portada y continuarán, como hasta ahora, honrándonos, cada día, con su atención y su preferencia.