Dentro de algunas horas, 11 países miembros de la Unión Europea adoptarán el euro como su moneda y, con ello, la economía mundial entrará en un nuevo escenario, pues la nueva divisa se convertirá en una importante alternativa al dólar estadunidense. La adopción del euro, además, tendrá importantes consecuencias en el ámbito del comercio internacional, de los mercados financieros, de las tasas de interés e, incluso, de los equilibrios políticos a escala global: el advenimiento de la moneda única acrecentará el peso del viejo continente frente a Estados Unidos y las maltrechas economías asiáticas y sienta un trascendental precedente sobre la forma de conducir finanzas públicas sanas con el fin de propiciar el desarrollo económico, reducir el déficit público, la inflación y las disparidades entre las naciones participantes.

Mientras en nuestro país el gobierno federal, en el marco de las discusiones de la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos para 1999, se empeñó en señalar que modificar la meta oficial prevista para el déficit fiscal, equivalente a 1.25 por ciento del PIB, no permitiría mantener finanzas públicas sanas en el año próximo, los 11 países europeos adoptantes del euro se han comprometido a situar su déficit en 3 por ciento. Para lograr esta meta -compatible con sus necesidades de financiamiento del desarrollo-, las naciones europeas han acordado, antes que elevar o crear impuestos, reducir su gasto y su deuda interna.

En cambio, en México las autoridades se obstinaron en mantener su propuesta de déficit pero canalizarán miles de millones de pesos -pagados por los contribuyentes- para cubrir el ilegal rescate bancario. De igual forma, en su iniciativa de Ley de Ingresos, el Ejecutivo y los partidos oficiales intentaron subsanar las mermas de los recursos públicos originadas por la caída de los precios del petróleo elevando las cargas impositivas. Además, resulta deplorable que se pretenda mantener en el presupuesto las partidas para sostener a la banca y para privilegios y gastos discrecionales, mientras que la educación, la salud y el agro se encuentran en circunstancias precarias.

Afortunadamente para el país y para la economía de los mexicanos, la mayoría de los nuevos impuestos propuestos fueron rechazados en la Cámara de Diputados, especialmente los relacionados con el servicio telefónico y el consumo de alimentos y medicinas, pero se elevaron algunos precios y tarifas, como los relativos con la gasolina y el diesel.

Por otra parte, la brusca merma (77.33 por ciento) del monto de endeudamiento autorizado para el Distrito Federal en 1999 -recursos que serían utilizados en obras de infraestructura indispensables para la vida de la ciudad y su área metropolitana- no sólo contradice los señalamientos oficiales en el sentido de que no se reducirían las partidas destinadas a rubros prioritarios, sino que tiene tintes de revancha política inaceptables y socialmente injustos y pone en riesgo la viabilidad de la capital del país. Lesionar a los millones de habitantes del DF y de los municipios conurbados del estado de México en aras de ``castigar'' a un partido y entorpecer la gestión de un gobierno elegido democráticamente es una medida abusiva, moralmente censurable y contraria a la civilidad que debe prevalecer en las contiendas políticas.

Las autoridades hacendarias harían bien en reflexionar sobre el ejemplo de las naciones europeas -socias de México en la OCDE-, pues representa una alternativa viable para, a la vez, incentivar el desarrollo económico, mantener bajos niveles inflacionarios y equilibrar las finanzas de las naciones. Y en lo que toca al DF, no debe olvidarse que, a fin de cuentas, los ciudadanos tienen la última palabra y sabrán reconocer -como ya ha sucedido con la elevación de la tasa del IVA y con la legitimación del Fobaproa- de dónde proceden las decisiones que afectan sus niveles de vida y sus oportunidades de desarrollo.