Desechan el gravamen telefónico; inamovible, el déficit fiscal de 1.25%

Mireya Cuéllar y Ciro Pérez Ť En forma insólita, la Cámara de Diputados rechazó anoche la pretensión del Ejecutivo de cobrar un nuevo impuesto telefónico de 15 por ciento, y le ajustó los ingresos del próximo año en 10 mil 670.4 millones de pesos, al autorizarle a recaudar 949 mil 815.8 millones de pesos, en lugar de los 960 mil 486.2 millones solicitados. Paralelamente, PAN y PRI le cobraron al PRD sus desplantes opositores; recortaron las participaciones al Distrito Federal y rechazaron la pretensión de Cuauhtémoc Cárdenas de endeudarse con 7 mil 500 millones de pesos, cifra que finalmente redujeron a mil 700 millones de pesos, 77.33 por ciento menos de lo solicitado por el gobierno capitalino.

A cambio de no gravar el servicio telefónico, los diputados de PAN y PRI -con el rechazo de PRD, PT y PVEM- aprobaron un incremento de 5 por ciento al diesel; ajustaron los gastos (egresos) del gobierno en 14 mil 200 millones de pesos; redujeron el fondo de seguridad pública de 6 mil a 4 mil 200 millones de pesos; impusieron un arancel de 10 por ciento a las importaciones definitivas provenientes de los países con quienes México no tiene acuerdos comerciales y se mantendrá el impuesto de 60 por ciento a los alcoholes.

Para poder ajustar los ingresos del gobierno con su Presupuesto de Egresos, PAN y PRI decidieron estimar el precio del barril de petróleo en 9.25 dólares -la última propuesta del gobierno, que el PRI imprimió en su dictamen, era estimarlo en 9 dólares- y mantuvieron el déficit público en 1.25 del producto interno bruto. Este déficit permitirá al gobierno gastar un billón 30 mil 265.3 millones de pesos.

De hecho, la estimación original del gobierno en materia del precio por barril de petróleo mexicano era de 11 dólares. La crisis de precios de los últimos días obligó al Congreso a hacer las reducciones pertinentes en la estimación, que finalmente quedó en 9.25 dólares por barril. Este cambio implica una reducción de los ingresos petroleros de 16 mil 192 millones de pesos.

Se tomarán más utilidades del BdeM

Asimismo, decidieron echar mano en mayor medida de las utilidades que obtenga el Banco de México en el tipo de cambio. Se van a tomar 5 mil millones de pesos más, porque la propuesta del Ejecutivo era tomar 30 mil millones de pesos, y al final se decidió que serán 35 mil 493 millones.

Se aumentan también los derechos sobre la extracción de petróleo que pagan Pemex y sus empresas subsidiarias; se incrementó el ISR para personas físicas, una tasa máxima de 40 por ciento cuando los ingresos sean superiores a dos millones de pesos; de 37.5 por ciento para ingresos de entre 1.5 y 2 millones de pesos, y de 35 por ciento a quienes obtengan a partir de 500 mil pesos anuales.

Con el argumento de compensar la caída del precio del petróleo, ``se disminuirá de manera gradual la tasa en el impuesto empresarial para las utilidades reinvertidas'' -se quería hacer con mayor rapidez-; se reducirá de 34 a 30 por ciento en dos años. El próximo año la tasa bajará a 32 por ciento para llegar al 2000 a 30 por ciento.

Se acordó una reducción paulatina del Impuesto Sobre la Renta de las empresas, de 34 a 32 por ciento para el próximo año, y de 32 a 30 por ciento en el 2000.

``Este cambio permitirá reducir el costo en la recaudación inicialmente planteada por el Ejecutivo para 1999, en alrededor de 5 mil 579 millones de pesos, equivalente a 0.12 por ciento del PIB'', señala el dictamen.

Las personas físicas y morales que realicen actividades empresariales podrán diferir una parte del ISR empresarial -correspondiente a la diferencia entre 35 y 30 por ciento-, mismo que sólo se aplicaría a las utilidades que se mantengan en la empresa para ser reinvertidas. Se aplicará una tasa de 5 por ciento para las utilidades reinvertidas (de personas físicas y morales) en el momento en que sean retiradas de la actividad empresarial, y se tasará con 35 por ciento a los contribuyentes que no las reinviertan.

Se amplía el esquema del IVA a personas morales que reciban servicios personales independientes y adquieran desperdicios para ser utilizados como insumos, también los organismos descentralizados cuando adquieran bienes o reciban servicios de personas físicas o de residentes en el extranjero sin establecimiento fijo en el país.

Los diputados desecharon la propuesta del Ejecutivo que pretendía eliminar la aplicación de la tasa cero de IVA para todos los exportadores indirectos, para establecer que podrán continuar con este tratamiento únicamente las ventas que se efectúen entre empresas maquiladoras y empresas que operan bajo el esquema de importaciones temporales para exportación.

Según explica el dictamen aprobado ayer, el incremento al precio del diesel automotiz será en tanto se revisa el régimen simplificado -de grandes productores agropecuarios y autotransportistas- y es con el fin de lograr ``que el sector del autotransporte contribuya al esfuerzo por fortalecer los ingresos públicos. Se estima que los recursos que derivarán de esta medida ascenderán a 1,466 millones de pesos.

Así, se estima en el dictamen que para el ejercicio fiscal de 1999 los ingresos del sector público, sin incluir financiamientos, ascenderán a 949 mil 815.8 millones de pesos, lo que implica menores ingresos por 10 mil 670.4 millones, respecto de la iniciativa presentada por el Ejecutivo Federal.

Ley de Coordinación Fiscal

Las entidades federativas y municipios recibirán participaciones adicionales por 8 mil 281.0 millones de pesos, con lo cual el monto total de recursos por este concepto se elevará a 140 mil 963.1 millones de pesos.

Para explicar técnicamente el rechazo a la solicitud de endeudamiento del gobierno del Distrito Federal, los diputados plantearon en la exposición de motivos que ``del estudio realizado a los informes sobre las finanzas públicas, así como a los programas de inversión proyectados, se observó que el límite de 7 mil 500 millones autorizado al Distrito Federal para el ejercicio en curso fue utilizado en una proporción menor y que los programas revelan proyectos que implicarían igualmente un ejercicio reducido de la facultad para contratar deuda para el ejercicio de 1999.

``Por ello y con el propósito de ajustar el monto solicitado a las posibilidades reales de desarrollo de los proyectos, esta Comisión ha considerado conveniente ajustar dicho límite a un monto de mil 700 millones de pesos, lo que permitirá financiar los proyectos prioritarios para la ciudad''.

El otro golpe que priístas y panistas dieron al PRD, fue en la Ley de Coordinación Fiscal, al excluir al Distrito Federal del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios, al determinar que éste sólo sea distribuido en beneficio de los municipios.

El fondo se determinará anualmente en el Presupuesto de Egresos con recursos federales, por un monto equivalente, sólo para efectos de 2.35 por ciento de la recaudación federal participable. Este fondo se entregará mensualmente por partes iguales a los municipios, por conducto de los Estados.

El PAN se impuso y todos los recursos que participará la federación el próximo año se otorgarán bajo el criterio demográfico y no de marginalidad.

Se crean además dos fondos. El primero para la Educación Tecnológica y de Adultos, que considera la transferencia de recursos adicionales a los gobiernos estatales para el cumplimiento de los servicios educativos que deja en sus manos, con lo que se garantiza la marcha armónica de la educación del país y el proceso de federalización correspondiente.

El segundo es para la Seguridad Pública que pretende la transferencia a los gobiernos estatales y del Distrito Federal, recursos para apoyar el cumplimiento de la función concerniente a la seguridad pública, proveyendo más eficazmente un mecanismo sistemático encaminado a prevenir y combatir el delito por las distintas instancias competentes en los diversos niveles de gobierno, de forma tal que todos ellos asuman plenamente, en el ámbito que les corresponde, la obligación esencial del Estado de salvaguardar la integridad y el parimonio de las personas.

Lo que no pasó

Si bien no se calificó como ``grave'' el delito de defraudación fiscal -como propuso el gobierno- se establecieron una serie de sanciones fiscales en la Miscelánea para evitar que quien cometa un delito de defraudación pueda conmutar dicha pena por trabajo a favor de la comunidad o semilibertad. También se ampliará de tres a cinco años la pena de cárcel.

Se desechó la pretensión de obligar a todos los consumidores a solicitar comprobante fiscal cada vez que hicieran una compra; el IVA de 2 por ciento que se pretendía cobraran los estados y el régimen de consolidación fiscal para los grandes consorcios, que el gobierno petendió compactar a 50 por ciento, quedó en 60, como propuso Acción Nacional.