El arreglo, en una casa; el trámite, en San Lázaro y el Senado
Mireya Cuéllar y Ciro Pérez Ť En la mesa de una casa particular de la colonia Cuauhtémoc -al filo de las dos de la madrugada de ayer- el gobierno enterró sus intenciones de cobrar un impuesto telefónico. Los buenos oficios de Diego Fernández de Cevallos surtieron efecto. Francisco Labastida, José Angel Gurría, Felipe Calderón, Carlos Medina, Francisco José Paoli, Juan Miguel Alcántara y el ex candidato presidencial, estaban frente a frente.
Se escucharon muchos reclamos. ``¿Por qué están estirando tanto la liga?'', fue el reproche de la parte gubernamental. ``¿Por qué nunca entendieron que era en serio?'' -el rechazo a cualquier modalidad de impuesto telefónico-, reviraron los panistas.
Todos conocidos de viejas negociaciones, hablaron en tono fuerte pero nunca hubo manoteos. El encuentro duro apenas una hora. Se hicieron muchas llamadas telefónicas, algunas a San Lázaro, donde los subsecretarios Santiago Levy, Martín Werner y Tomas Ruiz estaban en reunión permanente con los priístas. La más importante fue a Los Pinos. Ahí estuvo la mayor oposición a retirar el impuesto, apenas unas horas antes el propio Presidente había dicho a diputados y senadores del PRI que ese gravamen iba.
-¿Cómo le hacemos? -se preguntó desde la mesa.
-No tenemos oferta --fue la respuesta del dirigente nacional del PAN, Felipe Calderón. La postura del PAN quebró al gobierno. ¿Quieren o no tener presupuesto?
El debate estaba agotado. Todos se pararon de la mesa. Por eso ayer en San Lázaro, varias horas después, no hubo mucho qué debatir.
A mediodía, en San Lázaro, tomados de la mano anunciaron el acuerdo Angel Aceves y Fidel Herrera, por el PRI, Fortunato Alvarez y Rogelio Sada, por el PAN, y juntos reclamaron nuevamente a ``aquellos que destruyen en lugar de construir''.
Arreglado todo fuera de San Lázaro, los diputados se contentaron con un debate de trámite, y sin mayores dificultades panistas y priístas aprobaron las leyes de Ingresos, de Coordinación Fiscal y la miscelánea fiscal, y de paso, le cobraron al PRD sus posiciones de los últimos meses.
De la Ley de Ingresos, los perredistas Jorge Silva y Demetrio Sodi intentaron modificar dos artículos. Silva cuestionó el que permite un incremento de 5 por ciento al diesel, luego de señalar que alrededor de 90 por ciento del consumo interno de ese combustible lo realiza el autotransporte, ya que a través de este medio se moviliza más de 80 por ciento de la carga terrestre y 98 por ciento de pasajeros.
Eso significa, sustuvo Silva Morales, ``una previsible cascada de incrementos en alimentos y servicios''.
Sodi se refirió al endeudamiento que solicitó el gobierno capitalino por 7 mil 500 millones de pesos y del que sólo se le autorizaron poco más de mil. ``No está el país ni el Distrito Federal para venganzas'', dijo Sodi, al destacar los ``efectos perniciosos'' que tendrá para los capitalinos y mexiquenses la reducción en la capacidad de endeudamiento autorizado para la ciudad de México.
A esta restricción para allegarse recursos que de acuerdo con los perredistas serían utilizados en obras de infraestructura, se suman los 626 millones de pesos que el gobierno de la ciudad de México dejará de percibir al restructurarse el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal.
Muchos diputados subieron a tribuna para reiterar posiciones a favor y en contra, pero nadie propició el debate. Todos iban y leían discursos preparados. Ninguna fracción recurrió a sus mejores tribunos. La batalla había sido ganada -o perdida- varias horas antes y en otro frente.
Y como las cosas no estaban como para razonar -todo llegó amarrado, para bien o para mal- panistas y priístas, juntos, con el voto en contra de PRD, PT y PVEM, aprobaron en poco más de seis horas el paquete fiscal. El único panista que manifestó una posición en contra fue Arturo Saiz, quien rechazó la miscelánea fiscal, pero votó a favor de la Ley de Ingresos y de la de Coordinación Fiscal.