De nuevo, como en 1997, el Congreso se encuentra en una situación que no sólo es incómoda sino bastante absurda. Se ve obligado a ratificar el presupuesto global para 1999 en apenas unos días sin poder analizar y discutir las partidas con el cuidado requerido para responsabilidad tan importante. En efecto, es inevitable que, a pesar de las numerosas protestas, el programa presupuestal del gobierno sea aprobado --entre gallos y media noche-- con base en un nuevo pacto entre el PRI y el PAN, en alianza cada vez más frecuente.
Es cierto que este año las posibilidades de llevar a cabo un debate detallado del presupuesto eran limitadas hasta que no se resolviera qué iba a hacerse con el Fobaproa. Por otra parte, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) no tenía intención de abrir otro flanco de discusiones de la política económica, que podría resultarle igualmente costoso. Así es que todos los actores esperaron hasta el último momento para decidir qué es lo que proponían hacer con los dineros de los contribuyentes.
Esta tragicomedia nos obliga a preguntar si a fines de 1999 se piensa volver a repetir el drama con los mismos apurones para evitar un debate presupuestal serio. En el caso de que los diputados deseen evitar que se les tilde de irresponsables, es indispensable que desde principios de año fijen un calendario negociado con la SHCP para adelantar el análisis y las posibles reformas en la esfera de las finanzas públicas. Ello es conveniente para que el conjunto de los políticos no se presente haciendo el ridículo al comenzar el nuevo milenio y, más importante, para limitar las dificultades que implica la transición política tras las elecciones del año 2000.
Entre los problemas cruciales de la agenda está la necesidad de despetrolizar las finanzas públicas. Es claro --y así lo ha señalado en La Jornada, Adrián Lajous, director de Pemex-- que la crisis petrolera mundial será de larga duración, pues, como ha demostrado el bombardeo de Estados Unidos a Irak, aun las políticas más irresponsables e inesperadas no parecen afectar la tendencia fundamental de debilidad del mercado petrolero. Dada esta circunstancia, es necesario analizar cómo el gobierno puede comenzar a reducir su dependencia del petróleo, aun cuando sea de manera escalonada. Ello, por otra parte, podría permitir que se realicen las inversiones requeridas para una exploración y extracción más eficiente del oro negro, fuente primaria de recursos para el país en el próximo siglo.
No obstante, es evidente que resulta sumamente difícil reducir la ya larga dependencia del sector público de los ingresos petroleros. El interrogante central consiste en plantear: ¿cómo pueden reemplazarse con otros recursos impositivos? Durante al menos 30 años una de las mayores fallas de la Secretaría de Hacienda y del Congreso ha consistido en la falta de voluntad para llevar a cabo una reforma fiscal sustancial sin consecuencias regresivas para los sectores trabajadores. Como ha demostrado Enrique Cárdenas en una historia de la Hacienda pública mexicana contemporánea: el mayor error de la política estabilizadora de los años de 1960 fue la extraña e incompleta reforma fiscal, que solamente aumentó el peso de los impuestos que recaían sobre los trabajadores y redujo las contribuciones del capital; de hecho, en esa época la proporción del ingreso sobre la renta (ISR) que provino del sector laboral, aumentó de cerca de 55 por ciento a 70 por ciento del total, lo cual ratificó unos de los sistemas impositivos más injustos en el mundo. Lo mismo ocurrió con la reforma fiscal de 1991, que redujo impuestos claves sobre los ingresos de los sectores más ricos y sobre las operaciones en bolsa. Resulta necesario abrir un debate profundo el año próximo en torno a la reforma fiscal, aunque también salta a la vista que existirá gran oposición a aumentos impositivos por parte de los sectores mas privilegiados de la sociedad mexicana. Pero el hecho irreducible es que sin un esquema fiscal más equitativo, será imposible llegar a formular un presupuesto equilibrado en el futuro y, mucho menos, lograr una mejor distribución del ingreso.