Los amotinados del Reclusorio Sur pagaron 4 mil 500 dólares por armas
José Galán Ť Los reos que intentaron fugarse del Reclusorio Sur el pasado 25 de diciembre --y que fueron cinco, y no cuatro, según dieron a conocer las autoridades judiciales--, compraron las armas en 4 mil 500 dólares a dos custodios, desde octubre pasado, a quienes además pagaban una ``renta'' de 100 pesos por cada una, por turno de ocho horas, con el objetivo de vender protección dentro del penal a los presidiarios más peligrosos y de mayores recursos económicos.
El pago de la suma incluyó el ``préstamo'' de una escalera de mano, así como la ``distracción'' necesaria para poder emprender la huida cuando lo consideraran conveniente, lo que fue programado para el día de visita extraordinaria de Navidad, aunque a la postre el intento fue frustrado por el cuerpo de seguridad a cargo del comandante Miguel Lara.
La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, con base en la averiguación previa 27/5155/98-12, mantiene bajo arraigo a los custodios Rodolfo Sánchez Morales y José León Acevedo, quienes presuntamente son responsables de proporcionar armas y equipo a los internos José Sánchez Villa, El Pepe; Mario Vázquez Méndez, El Pantera; Carlos Argel Ferrat García, El Betillo; Jesús Jaime González, y Carlos Eduardo Pérez Hernández.
``Desde luego, la situación dentro de los reclusorios es muy grave'', afirmó la subprocuradora A de Procedimientos Penales de la PGJDF, Margarita Guerra. ``Particularmente, estos hechos ocurren porque los reos del fuero común y del federal se encuentran mezclados en los mismos lugares''.
En conferencia de prensa, la funcionaria informó, además, que tanto los reos como los custodios bajo arraigo serán sujetos a procesos del fuero común, a pesar del tráfico y posesión ilegal de armas de uso exclusivo del Ejército, como una Browning nueve milímetros, una escuadra 380 marca Interarms, y un revólver 38 especial, así como una granada de fragmentación.
Tanto los reos como los custodios bajo arraigo podrían enfrentar penas de hasta 30 años de prisión por colusión, tráfico de armas, privación ilegal de la libertad, lesiones y otros delitos que resulten de las indagatorias que realiza el personal de la agencia 50 del Ministerio Público.
Rodolfo Sánchez Morales fue el custodio señalado por los propios internos sublevados, como el oficial de seguridad que les proporcionó las armas desde octubre pasado, mediante un pago en efectivo de 4 mil 500 dólares, más 100 pesos diarios por permitir la posesión de cada una de ellas. De acuerdo con las pesquisas estos reos, considerados de alta peligrosidad, constituían un grupo de seguridad que vendía protección a los reclusos de mayor calibre, como narcotraficantes, secuestradores y defraudadores, así como a aquellos de gran poder económico.
Las indagatorias revelaron, incluso, que el custodio José León Acevedo tuvo a su cargo conseguir la escalera portátil, ingresarla al penal y hacerla llegar a los reclusos, quienes pretendían utilizarla para sortear los muros de la prisión. Según uno de los reos, Carlos Argel Ferrat García, todo estaba listo para darse a la fuga, ``pero fracasamos a última hora''.
Por su parte, Margarita Guerra dijo: ``Nosotros pugnamos por una reforma a fondo de los sistemas penitenciarios que han permitido prácticas y costumbres de vida ilegales dentro de los penales del DF. Por lo pronto, que quede claro que nosotros no vamos a permitir actividades a las que ya se habían acostumbrado miembros de los reclusorios''.
Daniela Pastrana Ť Considerado el primero y más importante eslabón de la cadena de corrupción del sistema penitenciario, en el cuerpo de custodios de las cárceles del DF se ha iniciado una difícil transformación que busca erradicar vicios acuñados por años. En días pasados, el gobierno de la ciudad echó a andar el programa de modernización de reclusorios, que sustituyó la figura de custodio por la de técnico penitenciario y limitó a los anteriores guardias a labores de seguridad, lejos de las aduanas y del trato con los reos.
Pero el cambio no sólo es cualitativo. En esta administración se han incorporado a los ocho centros de reclusión capitalinos 276 nuevos elementos de seguridad egresados de cursos especiales del Instituto de Capacitación Penitenciaria (Incape), quienes se suman a los 2 mil 600 que ya existían en los penales como custodios.
Sin embargo, la cifra es aún insuficiente para satisfacer las necesidades de seguridad de estos centros, según los estándares internacionales que recomiendan un custodio por cada 10 internos.
En cambio, en los penales del DF la sobrepoblación ha llegado a extremos tales que se cuenta con un elemento de seguridad por cada 18 reos, ya que los 2 mil 876 integrantes del cuerpo de vigilancia trabajan divididos en tres turnos de 24 por 48 horas. En términos reales, cada día hay un promedio de 970 vigilantes para los 17 mil 100 presos que hay en las cárceles de la ciudad, lo que significa un déficit de casi 80 por ciento.
Pero lo más grave, según los propios funcionarios de reclusorios, es el ausentismo. ``Es altísimo'', reconoce un jefe del desaparecido cuerpo de custodios. ``A veces es de hasta de 20 por ciento del personal, considerando vacaciones, faltas y permisos, y es que generalmente los elementos tienen otros trabajos, porque les deja más agarrar un taxi o un micro, que lo que pierden en sueldo por un día de falta''.
Los elementos de seguridad de los penales --hasta hace dos semanas denominados custodios-- tienen un sueldo mensual promedio de 2 mil 800 pesos, con una jornada de un día de trabajo por dos de descanso. Con la sustitución de la figura del custodio, sus labores quedaron reducidas a la seguridad y se les limitaron las funciones de revisión en las aduanas y trato con los internos.
Estos elementos, que fueron calificados como ``el peor cáncer del sistema penitenciario'' por el ex asambleísta Víctor Orduña, impulsor en 1990 del actual Reglamento de Reclusorios del DF, han denunciado en diferentes administraciones que sus condiciones de trabajo son muy desiguales, en comparación con el poder de algunos internos. El propio ex director general de Reclusorios, Raúl Gutiérrez Serrano, reconoció que el armamento de su personal de vigilancia era obsoleto. Esto, durante su gestión como director del penal de Santa Martha.
Entre el personal de aquella cárcel, se cuenta el caso de Jaime Ortiz Broquier, sentenciado por fraude y enfermo de sida, quien en una ocasión se robó una jeringa de la enfermería y se sacó sangre para luego amenazar a los custodios.
Rechazan cambios
Por su parte, la Dirección General de Reclusorios rechazó, por medio de su oficina de Comunicación Social, cualquier posible remoción del director del Reclusorio Sur, Edgardo Aguilar, como plantearon los diputados locales del PRI, Alfonso Rivera y Eduardo Escobedo, presidentes de las comisiones de Derechos Humanos y Justicia, respectivamente, luego del intento de fuga ocurrido el pasado 25 de diciembre.
José Galán Ť Hasta noviembre de 1998 la dirección general de Política y Estadística Criminal de la procuraduría capitalina reportó la detención de 544 menores infractores, 34 por ciento más que en el mismo periodo de 1997, cuando fueron arrestados 363, cuyas edades fluctuaron entre siete y 17 años.
Este año que termina fueron arrestados 17 menores infractores por homicidio, cuando en 1997 detuvieron sólo a tres; 280 participaron este año en robos; 58 fueron hallados culpables de provocar lesiones, y 184 fueron remitidos a la autoridad competente acusados de diversos delitos como robo menor, daño en propiedad ajena y amenazas.
Este año fueron detenidos por primera vez dos menores cuyas edades fluctúan entre 7 y 10 años; 87, con edades de entre 11 y 14 años, y 455 de 15 a 17 años. Al igual que en 1997, este año fueron detenidos cinco menores por presuntos delitos sexuales, desde violación hasta hostigamiento, con edades de entre 15 y 17 años. De hecho, la mayor parte de los detenidos por robo -233 del total de 544-, según las cifras de la PGJDF-, tienen esa misma edad.
En 1997, los menores infractores hombres remitidos a las autoridades fueron 333, contra 482 de este año; mientras que del sexo femenino fueron 30 en 1997, y 62 en 1998. Por homicidio fueron detenidos 15 del sexo masculino y dos del sexo femenino.