En entrevista con este diario, el consejero Jaime Cárdenas recapituló el acontecer del Instituto Federal Electoral (IFE) durante el año que está por concluir. En sus declaraciones destaca, por una parte, el trabajo de reforma y restructuración interna de la institución, trabajo orientado a superar el contraste entre la plena independencia del consejo propiamente dicho y el sello gobiernista de muchos de quienes laboran en su rama ejecutiva; por la otra, el consejero Cárdenas se refiere a las campañas de descrédito y los intentos de desestabilización del IFE por parte de sectores políticos interesados en inducir una regresión política a los tiempos -superados, por fortuna- en los que los procesos electorales eran organizados y controlados por la Secretaría de Gobernación y los gobiernos estatales.

En esta lógica de desgastar y desvirtuar al IFE se inscriben la salida del representante priísta ante la institución, desde el pasado 16 de noviembre, las propuestas de revisar -y recortar- el presupuesto del instituto y los ataques en los medios de información -tan similares y tan insistentes, que merecen el calificativo de orquestados- contra los propios consejeros.

Es claro que el golpeteo mencionado responde a los propósitos de destruir el consenso interpartidario que colocó a los actuales consejeros en sus puestos; de socavar la bien ganada imagen del IFE ante la sociedad como una entidad confiable e independiente del poder público y, a la larga, de privar a la transición hacia la plena democracia de uno de sus pilares institucionales más importantes, si no es que el más importante.

En las elecciones de 1994 y posteriormente, en las de 1997, la existencia del Instituto Federal Electoral introdujo un factor de credibilidad, antes impensable, en los resultados finales. Con ello, el país empezó a salir del círculo vicioso que iba de los comicios amañados a los conflictos poselectorales y que, en el sexenio pasado, culminaba con frecuencia en una concertacesión tan poco respetuosa de las leyes como de la voluntad popular.

Es indispensable que los promotores de los ataques al IFE y a sus consejeros reflexionaran y se percataran de que el retorno a esa época de comicios conflictivos o, peor aún, a la de los grandes fraudes seguidos de imposiciones, como los que se perpetraron a lo largo del sexenio antepasado, resulta inadmisible para la sociedad mexicana de fines de 1998. Esta, por el contrario, exige elecciones confiables, organizadas por entidades independientes del gobierno y su partido, y resultados que reflejen de manera fiel el mandato popular. Para esa sociedad, el IFE, aunque perfectible en muchos sentidos, cumple, en lo general, con estos requisitos, y no parece probable que se deje llevar por quienes sueñan con el retorno a las épocas en que las autoridades electorales eran juez y parte.