El gobierno federal ha convertido las gasolineras en cajas ilegales de recaudación de impuestos. El pasado 14 de noviembre incrementó significativamente los impuestos a los consumidores de gasolinas. En el caso de la Magna Sin, el precio del producto se mantuvo sin cambio, en 1.57 pesos por litro, mientras que los impuestos se incrementaron de 2.09 a 2.64 pesos por litro. Por ello el precio final pasó de 3.66 a 4.21. Algo similar sucedió con la gasolina Premium y otros combustibles.

Como se ve, lo que hizo el gobierno fue mantener constante el precio de la gasolina y aumentar los impuestos, aumento que se reflejó en un incremento del precio final que paga el consumidor. Este hecho resulta imposible de ocultar, en Pemex y Hacienda prácticamente lo sabe todo mundo, y se puede demostrar fácilmente a partir de las propias cifras oficiales.

Esta medida fue anunciada por el gobierno de Zedillo como un ``incremento de precios'', cuando en realidad fue un ``incremento de impuestos''. A simple vista, parecería que esta diferencia es poco importante. Pero si se analiza con detenimiento, resulta que además de importante es de suma gravedad.

Este aumento de impuestos a las gasolinas decretado por el gobierno es anticonstitucional por varios motivos: Primero. Conforme a las fracciones VIII y XXIX del artículo 73 constitucional, el poder Legislativo Federal (Cámara de senadores y Cámara de diputados) es el único órgano facultado por la Constitución para aprobar los impuestos a las gasolinas. En caso de ser aprobados, estos y otros impuestos son incluidos en la Ley de Ingresos que en diciembre de cada año analiza y aprueba el Legislativo para ser aplicados el año siguiente. En consecuencia, cuando el gobierno de Zedillo aumenta los impuestos a la gasolina sin la autorización previa del Congreso federal, invade funciones que no le corresponden y con ello viola el referido artículo constitucional.

Segundo. La fracción IV del artículo 31 constitucional señala que los ciudadanos están obligados a pagar impuestos en forma proporcional y equitativa. El impuesto que paga el consumidor de gasolina Magna Sin (2.61 pesos por litro) equivale a 167 por ciento del precio del producto (1.57 pesos por litro). A todas luces, este impuesto es inequitativo y desproporcionado bajo cualquier consideración, por lo que resulta contrario a lo que señala el artículo constitucional mencionado.

Tercero. El gobierno cobra dos impuestos a los consumidores de gasolinas: el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) y el Impuesto al Valor Agregado (IVA). El problema es que el gobierno cobra impuestos sobre impuestos, pues al IEPS le carga 15 por ciento adicional del IVA. Esto es aberrante y contrario a toda lógica económica y legal. Los ciudadanos tienen obligación de pagar impuestos por los ingresos que obtienen al realizar alguna actividad económica o por consumir algún bien, pero no tienen obligación de pagar impuestos por el hecho de pagar impuestos.

Este anticonstitucional incremento de impuestos a las gasolinas causa un ``perjuicio personal y directo'' a la economía de cada uno de los consumidores de gasolina. Por lo tanto, cualquiera puede acudir ante el poder Judicial a solicitar y obtener un amparo en contra de esta medida del gobierno de Zedillo. Podrían ser millones de amparos.

Asimismo, los miembros del poder Legislativo Federal (diputados y senadores de cualquier partido) podrían iniciar ante la Suprema Corte de Justicia una ``controversia constitucional'' en contra de esta medida del Ejecutivo. Ojalá que lo consideren a la hora de analizar y aprobar la iniciativa de Ley de Ingresos que les remite Ernesto Zedillo. Si no empezamos ahora, ¿cuándo?