La supuesta ``investigación'' del gobierno de Ernesto Zedillo sobre la masacre de Acteal del 22 de diciembre de 1997, dada a conocer un año después por el procurador general Jorge Madrazo, constituye un nuevo agravio a los deudos de las víctimas, una ofensa a la razón pero sobre todo un desafío a la comunidad internacional.
1. El nuevo Informe sobre el asesinato de 45 personas en el municipio de Chenalhó busca ocultar que se trató de una operación de Estado, perfectamente planeada y calculada, pero no consigue más que mostrar el miedo de quienes gobiernan a ser acusados por este crimen de lesa humanidad.
2. La comunidad internacional conoce bien la naturaleza antidemocrática del régimen de México, muy pocos ignoran las actividades delictivas de quienes han gobernado en los últimos sexenios y casi todo mundo sabe que el procurador Madrazo forma parte del grupito de abogados jefaturados por Carpizo que han escalado cargos públicos a cambio de encubrir los ilícitos del poder, por lo que no era imaginable una investigación objetiva ni se podía esperar la consignación de los verdaderos responsables. El Libro blanco de la Procuraduría General de la República (PGR), que pretende exonerar a las autoridades federales y culpar a las víctimas, es sin embargo un acto fallido que no hace más que confirmar la responsabilidad criminal de Ernesto Zedillo, del asesor Adolfo Orive y del general Enrique Cervantes Aguirre (titular de la Defensa) en la preparación, ejecución y encubrimiento del crimen.
3. La matanza de Acteal buscó ser un mensaje de exterminio del gobierno a las comunidades zapatistas, pero no resultó el ``crimen perfecto'' que se pretendía, como ya se ha señalado, por la presencia de testigos en los alrededores que describieron los tiempos y formas del operativo genocida y cómo el Ejército y la Seguridad Pública estatal les cubrieron las espaldas a los asesinos, por las evidencias de la participación del ejército en el adiestramiento de los paramilitares, y por el hecho de que las víctimas que rezaban en la ermita no respondieron a la agresión haciendo imposible la versión del ``enfrentamiento intercomunitario'' con el que la PGR quiere, un año después, salvar a los asesinos intelectuales, que no se puede ocultar ya que están en Los Pinos, en Bucareli y en las Lomas de Sotelo.
4. El crimen de Acteal no resultó ``perfecto'', y no quedará impune tampoco, porque los tecnócratas que lo urdieron desdeñaron otro factor: la sociedad civil nacional e internacional, que acudió de inmediato al lugar del crimen y reunió un caudal de testimonios y pruebas que contradijeron los cuentos de hadas de la PGR. Aquéllos que deseen constatar cómo la cadena de órdenes y de complicidades llega hasta el Ejecutivo federal podrían leer el Informe de la Comisión Civil Internacional que vino en febrero, los artículos de Elio Henríquez, de Hermann Bellinghausen y de Jesús Ramírez Cuevas o los testimonios de ``...Esta es nuestra palabra'' editados por el Centro Fray Bartolomé y sacar sus propias conclusiones.
5. Ernesto Zedillo violó sin duda la Constitución con el operativo genocida de Acteal y es una fortuna para él que México no sea una democracia porque hubiese sido destituido y procesado junto con varios de sus colaboradores.
6. El procurador Jorge Madrazo en vez de fungir como ``el abogado de la nación'' ha actuado sin embargo en este caso una vez más como cómplice y encubridor de quienes gobiernan, y en consecuencia en su Libro blanco no puede responder a cuestiones centrales. ¿Existe la posibilidad de que el Ejército federal entrenara a los paramilitares sin que esto se decidiera al más alto nivel? ¿Es posible que con más de 60 mil elementos en Chiapas, el Ejército siga sin informar a su comandante sobre los más de 12 grupos paramilitares que con miles de hombres le están haciendo el trabajo sucio? ¿Es factible que los recursos de la Sedesol y de la SEP sean utilizados para armar a estos grupos sin que lo sepa Zedillo que, según Madrazo, estaría en babia ante lo acontecido?
7. ¿Por qué no llamó Madrazo a declarar a Ernesto Zedillo y a sus colaboradores, cuya responsabilidad en el crimen era evidente? Y algo más: ¿por qué la PGR, a su cargo, no actuó, como era su deber, contra los paramilitares, identificados antes y después de Acteal?
8. El Libro blanco es un intento más de autoencubrimiento que no puede ocultar la verdad que ya se conoce en todo el mundo y que muy difícilmente confundirá a nadie ni siquiera en las propias fuerzas armadas.
9. La situación a la que ha llevado Zedillo al Ejército tolerando la vinculación de altos oficiales con el narco y utilizándolo contra el pueblo a fin de paliar sus ineptitudes es un símbolo de lo que ha sido este gobierno. La manifestación de 51 militares sujetos a proceso, encabezados por el teniente coronel Hildegardo Bacilio, y constituidos como el Comando Patriótico de la Concientización del Pueblo (CPCP), que hicieron público un ``Manifiesto al Pueblo de México'', acusando al gobierno de tener al país en la miseria, el desempleo, la injusticia y la delincuencia, llamando a crear un frente de resistencia civil (18 de diciembre) muestra que el rechazo a esas políticas de fuerza ha crecido dentro del mismo régimen.
10. El genocidio de Acteal fue directo al corazón de la nación y agravió a la comunidad internacional, y el gobierno se equivoca si piensa que va a quedar impune.