Trife: los gastos de campaña del PRI en 94 no son ``cosa juzgada''
Enrique Méndez y Georgina Saldierna Ť La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó anoche que, ``apegada a derecho'', la Junta General del Instituto Federal Electoral (IFE) ``atinadamente'' turnó a la Comisión de Fiscalización la solicitud del Partido de la Revolución Democrática para que se investigue el financiamiento privado de la campaña presidencial del PRI en 1994 y consideró que dicha instancia es ``la autoridad competente'' para resolver si se abren o no los archivos y si se exige al tricolor más documentación al respecto.
``La Junta General fue certera al considerar que no era la autoridad competente para decidir sobre la queja del PRD en contra del PRI'', determinó el tribunal en una decisión en la cual no otorgó la razón a ninguno de los dos partidos, que en distintos tonos y por diferentes motivos políticos impugnaron que se haya turnado a dicha comisión el expediente del caso.
Por unanimidad se aprobó en la sesión de ayer el proyecto de la magistrada Alfonsina Berta Navarro Hidalgo, en el que además no se resolvió que el caso de los gastos de campaña del PRI entre 1993 y 1994 era ``cosa juzgada'', como solicitó el representante del Revolucionario Institucional ante el IFE, Enrique Ibarra Pedroza.
Asimismo, señaló que no puede considerarse ilegal --como planteó el PRI-- que se haya dado entrada a la petición del partido del sol azteca, pues determinó que al momento de presentarse la solicitud perredista ésta se recibió con base en la legislación electoral actual y ello ``no significa la aplicación retroactiva de la ley'' porque la Comisión de Fiscalización ``es la que decidirá, con amplitud de libertad y autonomía, el fin de la queja'' presentada por ambos partidos, dijo Navarro Hidalgo.
El tribunal también resolvió no manifestarse sobre si la Junta General debe --como lo plantearon ambos partidos en sus respectivas quejas-- investigar las presuntas violaciones cometidas por el PRI al recibir un financiamiento ilegal para apoyar la campaña presidencial de 1994, pues consideró que no puede hacerlo si antes la Comisión de Fiscalización no emite una opinión.
``Lo que se pretende es que la Sala Superior conozca las defensas de los partidos y emita una opinión, lo que es inadmisible porque no hay todavía un pronunciamiento del Instituto Federal Electoral'', dijo la magistrada Navarro Hidalgo al sustentar su proyecto ante el pleno.
De entrada, el fallo del tribunal no fue bien recibido en el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRI. Por la tarde, algunos priístas declararon que los magistrados resolverían a favor de su partido y desecharían la queja y la solicitud de la representación perredista.
La controversia que llegó al Tribunal Electoral se inició formalmente en septiembre, cuando el PRD pidió al Instituto Federal Electoral investigar el financiamiento ilegal del PRI en 1994, cuando habría recibido fondos millonarios de banqueros como Carlos Cabal Peniche y Angel Isidoro Sáez El Divino, y de empresarios como Gerardo de Prevoisin.
Sin sustento, la defensa del PRI
En su proyecto, Navarro Hidalgo consideró que no hubo correspondencia entre el reclamo del PRI y el agravio que dijo haber sufrido por la decisión de la Junta General. Asimismo, resaltó que no tuvo sustento la defensa de dicho partido.
Dijo que la Sala Superior, en el caso de las quejas presentadas por el tricolor y el PRD, integradas en los expedientes SUP-RAP-023/98 y SUP-RAP- 024/98, podría haber resuelto en forma definitiva, pero que al no existir un pronunciamiento de la instancia correspondiente (la Comisión de Fiscalización), el tribunal no puede resolver.
Al defender su proyecto, Navarro Hidalgo aseguró que la tarea del juzgador es buscar ``un ineludible equilibrio en la balanza'', lo cual ``no es fácil''. Para el juzgador, insistió, el derecho ``es materia viva dentro de nuestra alma y hacer justicia es darle vida a la ley y hacer posible la convivencia humana. En este proyecto se da vida a estos pensamientos''.
Adicionalmente, y también por unanimidad, la Sala Superior desechó la impugnación del PRI en contra del Programa de Diagnóstico, Mejoramiento y Corrección del Padrón Electoral, al considerar que su aplicación ``no afecta'' el trabajo político-electoral del Revolucionario Institucional y, en cambio, favorece la transparencia y la credibilidad de las elecciones.
Acatarán el fallo
Luego de conocer el fallo del Tribunal Electoral sobre sus respectivas quejas, PRI y PRD anunciaron que acatarán la decisión de que sea la Comisión de Fiscalización del IFE la que determine si procede o no investigar el financiamiento a la campaña presidencial de 1994.
La dirigencia perredista aseguró que si bien la decisión de la Sala Superior no le favorece, sigue vigente la posibilidad de que se indague el origen de los recursos con los que el tricolor se financió en 1994. Planteó que el siguiente paso es que dicha comisión inicie las averiguaciones correspondientes.
Entrevistado vía telefónica, el representante del PRI ante el IFE, Enrique Ibarra Pedroza, aseguró que el fallo del tribunal no influirá para que su partido decida si regresa o no a las sesiones del Consejo General, pues esa decisión se tomó cuando bajo presión del dirigente nacional perredista, Andrés Manuel López Obrador, fue incluido el tema en la agenda de una reunión de carácter extraordinario.
``Nosotros no nos salimos por la decisión de la Junta, sino por las ilegalidades que han cometido algunos consejeros, y ya el Comité Ejecutivo Nacional decidirá, probablemente en enero próximo, si regresamos o no'', expresó.
El legislador priísta dijo que si bien el partido acatará la decisión del tribunal, éste ``no entró al fondo del asunto'', pues no falló en contra de ninguno de los partidos. Anticipó que presentará, sin regresar al IFE, sus ``alegatos'' para que la comisión no investigue el financiamiento privado de 1994 que, insistió, es cosa juzgada.
--¿Fue salomónica la decisión del tribunal, diputado?
--No. Simplemente es una decisión que acatamos --respondió.
A su vez, la dirigencia del PRD consideró que el fallo no es una derrota. Y es que su representante ante el IFE también había impugnado la decisión de la Junta General, pero porque consideró que ésta debía ser la instancia que investigara su solicitud.
Carlos Navarrete, secretario de planeación del CEN perredista, explicó que no es una derrota porque no se da carpetazo al asunto, y que si bien no se satisface la demanda de que sea la Junta General la que investigue el caso, de todos modos el dictamen que apruebe la comisión deberá ser turnado al pleno de la Junta.
Explicó que el PRD insistía en que el caso no fuera llevado a la comisión de fiscalización porque no se trata de un tema técnico-administrativo, sino más bien de un asunto político que involucra al mismo presidente Ernesto Zedillo.
Sin embargo, ante la determinación del tribunal, añadió que su partido insistirá en que sea el pleno de la Junta el que conozca de la investigación, una vez que la Comisión dé a conocer su dictamen al respecto.
Atribuyó la determinación de los magistrados a las presiones del PRI para que no se analice la situación, entre las que se encuentra el retiro de ese partido del Consejo General del IFE y las pretensiones de reducir su presupuesto.
Por su parte, Cuauhtémoc Sandoval, subsecretario de Relaciones Exteriores del Partido de la Revolución Democrática, estimó que el tribunal trató de lavarse las manos con esta determinación. ``Sin embargo, no lo logra porque en el fondo de este problema se encuentra la pretensión de cubrir al PRI'', abundó.