La Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal, aprobada por la Asamblea Legislativa (ALDF) el 26 de noviembre de 1998, sustituye a la vigente desde 1995; así, adecua la norma a los cambios introducidos en 1997 en otros instrumentos legales como el Estatuto de Gobierno. La aprobación de la nueva Ley fue precedida por una consulta pública en la que participaron los diversos sectores sociales y que constituyó una inédita experiencia de participación. Desde hace años, partidos políticos, organizaciones sociales y ciudadanos reclaman e impulsan la reforma política para el DF, para adecuar su legislación a las necesidades del presente y avanzar en la democratización de la vida urbana. Un aspecto nodal de esta reforma es la participación democrática de los citadinos en la toma de las decisiones fundamentales para el desarrollo y en las acciones de planeación y gestión urbana, mediante formas de representación, ámbitos de participación y procesos de expresión de la voluntad ciudadana. La Ley aprobada es un paso en este proceso, aún inacabado.

Esta norma regula aspectos básicos de la vida democrática de la capital. Define quiénes son habitantes y ciudadanos del DF, para efectos de la participación ciudadana y establece sus derechos y obligaciones. Instituye el plebiscito para que los ciudadanos aprueben o rechacen los actos que someta a su consideración el jefe de gobierno; crea el referéndum para que la ciudadanía opine sobre la aprobación, modificación, derogación o abrogación de las leyes que expide la ALDF y fija las condiciones en las que pueden pedir su realización. Regula la iniciativa popular que permitirá proponer a la ALDF la creación, modificación, derogación o abrogación de leyes. Norma la consulta vecinal, en la que los vecinos de las demarcaciones territoriales, hoy delegaciones, podrán emitir opiniones y formular propuestas de solución a sus problemas.

Otorga a los vecinos el derecho a solicitar e impone a los titulares de demarcaciones territoriales, la obligación de escucharlos en audiencia pública y realizar recorridos periódicos en su jurisdicción para analizar problemas, proponer soluciones y verificar resultados de la gestión pública. Abre a los vecinos la posibilidad de colaborar en la realización de obras y la prestación de servicios, mediante la colaboración vecinal. Da a los habitantes el derecho a presentar quejas y denuncias sobre deficiencias en la prestación de servicios, irresponsabilidad o negligencia de los servidores públicos, creando mecanismos de recepción y la forma de atenderlas. Establece el derecho ciudadano a recibir información amplia sobre la legislación, los planes, obras y actos de gestión de sus autoridades, así como la obligación de darla oportuna y verazmente a través de medios de difusión pública. Regula la existencia, funciones y procesos de elección y operación de los comités vecinales en las demarcaciones territoriales, cuyas funciones son: promoción de la participación comunitaria, información sobre la gestión pública, opinión sobre los actos de gobierno, seguimiento de acciones y propuesta de alternativas de solución a los problemas locales.

Esta ley es un avance en la democratización del DF, en los límites de la legislación federal para la capital, cuyo cambio en aspectos como su conversión en estado de la Unión, municipalización de las delegaciones, aprobación de una Constitución local y mutación de la ALDF en Congreso local, ha sido solicitado por sectores importantes de la ciudadanía y sigue a discusión de su representación política. En la medida que avance la reforma política, será necesario revisar este ordenamiento legal y enriquecer los ámbitos, instancias, formas y procesos de participación ciudadana democrática en la gestión urbana.

Con esta Ley, los defeños contamos con un nuevo instrumento, aun insuficiente, de participación en la gestión, expresión de necesidades y demandas, vigilancia y evaluación de la acción del Poder Ejecutivo local, interacción con su Poder Legislativo y despliegue de la creatividad de la colectividad. Avanzamos así hacia una nueva relación entre gobernantes y gobernados anudada en torno a la responsabilidad compartida.