Ofrece el PRD exponer ante el Congreso las quejas de soldados

Andrea Becerril, Jesús Aranda y Alonso Urrutia Ť El PRD ofreció anoche a los militares del Comando Patriótico de Concientización del Pueblo (CPCP) asesoría jurídica, moral y política, y llevar al Congreso de la Unión su demanda de que se revisen la legislación y los ordenamientos que permiten la violación a los derechos humanos de los miembros de las fuerzas armadas.

El ofrecimiento fue formulado por el senador perredista Mario Saucedo, después de que el segundo comandante del CPCP, Alberto Enríquez del Valle, entregó 62 testimonios -la mayoría de puño y letra- en los que soldados detallan las irregularidades y abusos que padecen los militares en las prisiones castrenses.

Enríquez del Valle aseguró que el movimiento disidente no pretende poder político ni de otro tipo, y que lo único que busca es que se respeten los derechos humanos de los integrantes del Ejército. Aseguró que el dirigente del CPCP, teniente coronel Hildegardo Bacilio Gómez, y su familia han recibido amenazas, además de que se encuentra escondido por temor a ser detenido por la procuraduría militar.

Dijo que por haberse separado de las fuerzas armadas el 15 de diciembre no corre el riesgo de ser aprehendido, aunque reconoció temer a las represalias.

En un comunicado firmado por Bacilio Gómez se acusa al secretario de la Defensa Nacional, general Enrique Cervantes Aguirre, de mentir cuando afirma que los miembros del CPCP atentan contra la institución castrense. ``No se equivoque, los miembros del CPCP somos soldados dignos, brutalmente reprimidos y a quienes su sistema de procuración de justicia nos quiso poner de rodillas, sin siquiera tener derecho a poder defendernos''.

Censuró que Cervantes Aguirre asegure que ``no tolerará el mal ejemplo y actuará con toda la energía contra los inconformes'', cuando el propio Bacilio Gómez le había enviado a su oficina documentos que detallan la situación de los militares sujetos a juicio en la que se violaban y se violan sus derechos humanos.

``¿Cuándo no ha desatado su furia en contra de sus subordinados? Si cuando visita las unidades del Ejército todo mundo tiembla porque es capaz de arrestar o cambiar de lugar a un comandante porque hay una colilla de cigarro tirada en el piso.''

Acusa también a Cervantes de que como secretario de la Defensa Nacional ``dentro de sus primeras acciones redujo el periodo de vacaciones de 20 días hábiles a sólo 15 días corridos, así como los días de licencia para el personal femenino que se encuentra embarazado'', entre otras cosas.

``No se quiebre la cabeza para encontrar al culpable de este movimiento -le dice al secretario de la Defensa-; el único culpable es usted, por no atender nuestras justas demandas que le hicimos llegar en tiempo y forma oportunamente.''

En otro orden, el militar disidente hizo pública una carta que envió el 27 de septiembre al secretario Enrique Cervantes para que impulsara una reforma profunda del sistema nacional de impartición de justicia militar, que garantizara una justicia ``pronta y expedita'' para los procesados por la justicia militar. Aseguraba el teniente coronel que 80 por ciento de los internos en cárceles militares son ``totalmente inocentes de los cargos que se les imputan'', y consideraba que eso se debe a que ``la justicia militar es como un pantano o como las arenas movedizas, que a todo intento de salir de ellas el individuo va hundiéndose más y más''.

El clima de injusticia, afirmaba, ``va socavando el espíritu de cuerpo que debe privar en nuestras fuerzas armadas, rompiendo nuestros lazos solidarios y compañerismo, y debilitando nuestros principios éticos y morales, que son los cimientos de nuestras instituciones castrenses''.

El escrito, sellado por la secretaría particular del titular de la Sedena, añade que ``la justicia no puede esperar'', por lo que se le solicita a Cervantes que se haga un análisis de cada caso en forma imparcial ``y que salgan libres los que tengan que salir''.

La misiva, fechada en la prisión del Campo Militar Número Uno, expone que tanto en su caso como en el de otros detenidos se repite la historia de que ``las cárceles militares son las prisiones de los absurdos'', porque están procesados por delitos como malversación, defraudación o narcotráfico ``los delincuentes más pobres de México'', quienes incluso no tienen posibilidades económicas para contratar un abogado particular.