Luis Hernández Navarro
Libro blanco, razón de Estado
Sucedió con el cardenal Posadas y con Luis Donaldo Colosio. Ahora pasa con Acteal. El poder es incapaz de esclarecer los crímenes que lo involucran. La razón de Estado no admite que la verdad emerja cuando ésta choca con sus intereses.
El Libro blanco sobre Acteal, Chiapas, publicado por la Procuraduría General de la República (PGR), es la última cuenta puesta al collar de la ignominia de las versiones oficiales sobre los grandes asesinatos de los últimos años, un episodio más en la autoexculpación de la responsabilidad del Estado mexicano en la masacre.
Su hechura no tiene desperdicio. Recurre lo mismo a un nuevo género literario dentro de los informes policiacos, la antropología-ficción, que a la omisión de hechos graves que cuestionan su interpretación del crimen masivo. Hace uso de prejuicios raciales para apuntalar sus hipótesis, proporciona información intrascendente para ocultar lo esencial de la dinámica de la matanza, y asevera juicios que nunca demuestra. Se trata de un texto religioso porque requiere de la fe de sus lectores para creer en sus conclusiones.
Monumento al racismo, el Libro blanco afirma sobre la masacre que el ``móvil específico fue la venganza, como culminación de una serie de agravios mutuos (...) pero cuya génesis se explica a la luz de las ofensas acumuladas y del predominio de ciertos usos y costumbres en las comunidades indígenas de la región'' (p. 96). Asimismo, señala que entre los elementos que hicieron posible la matanza se encuentra ``la idiosincrasia indígena (que) presenta una actitud de intolerancia cuando se trata de resolver conflictos contra una minoría disidente y de respetar sus derechos humanos'' (p. 93). Los indios, según la PGR, son intrínsecamente salvajes.
A lo largo de 27 páginas, el Libro blanco pretende hacer un análisis de la composición política y étnica del municipio de Chenalhó. Sus conclusiones son dignas de David Copperfield: ¡no hay en ellas una sola referencia a la estructura caciquil del PRI! Tampoco sobre el papel desempeñado por los maestros bilingües en la formación de esas relaciones de poder. Un caso ejemplar de ello es el de Antonio Pérez Hernández. Hombre fuerte de la región a partir de 1968, fue nombrado diputado federal por el PRI en 1994 y era, en el momento de la matanza, el titular de la Secretaría para la Atención de los Pueblos Indígenas (Seapi), una de las instituciones desde la que se coordinaron las acciones contrainsurgentes diseñadas por el Consejo Estatal de Seguridad Pública. Sin embargo, en el informe de la PGR no hay una sola referencia a la función que desempeñó Pérez Hernández en la región. Curiosamente, el recrudecimiento de la violencia en Chenalhó coincidió, puntualmente, con su llegada a la Seapi. De la misma manera, nada se dice de las redes de poder y apropiación de la tierra que giran alrededor del presidente municipal de Chenalhó durante la masacre, el priísta Jacinto Arias Cruz.
El documento de la PGR hace un amplio recuento de las muertes políticas acaecidas en Chenalhó; empero, no se detiene a investigar la veracidad de las denuncias. A pesar de que existen testimonios de que varios de los crímenes perpetrados en contra de integrantes del PRI fueron cometidos por los paramilitares de ese partido como represalia a su negativa a sumarse a las acciones violentas, el Libro blanco presupone que no fue así y que los responsables fueron los zapatistas. De la misma manera, no dice nada acerca de uno de los hechos más relevantes para entender la dinámica del conflicto: el asesinato de seis muchachos en el paraje de Chixiltón, el 19 de agosto de 1996, por parte de grupos oficialistas azuzados por los caciques del partido oficial, Cristóbal Vázquez, Luis y Alfredo Aguilar Gómez, Victorio Cruz y por el presidente municipal. Los criminales aventaron los cadáveres a una cueva y trataron de hacer aparecer el incidente como un caso de brujería, y fueron puestos en libertad al poco tiempo de su detención.
Incapaz de mirar hacia arriba, sin disposición para encontrar a los autores intelectuales de la masacre, sin voluntad para procurar justicia, la PGR ha escrito, en el caso de Acteal, una de las páginas más vergonzosas de la historia de la impunidad en México. Acteal es ya, en la conciencia popular, un nuevo Tlatelolco. No habrá Libro blanco que logre limpiar las manchas de sangre de las manos de los responsables de la guerra en contra de los indígenas rebeldes del sureste mexicano.