A nadie convence el informe oficial, señala Salazar Mendiguchía

Andrea Becerril y Alonso Urrutia Ť Pretender seguir escondiendo lo que realmente ocurrió en Acteal sólo propiciará que ``la realidad nos desborde nuevamente'', advirtió el senador priísta Pablo Salazar Mendiguchía. Resaltó que el informe de la Procuraduría General de la República (PGR) es insatisfactorio para todos y calificó como ``la más grande mentira y la más grande simulación'' sostener que en Chiapas ya no hay conflictos ni grupos paramilitares, y que los zapatistas están desertando.

Acteal, dijo, es la muestra palpable del fracaso de una errónea política gubernamental hacia Chiapas, en la que se negocia con acuerdos firmados pero no cumplidos. ``Todo ello está presente y a un año de los dolorosos y ominosos acontecimientos de Chenalhó, no podemos dejar de decirlo'', agregó el legislador, integrante de la Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa).

Salazar Mendiguchía resaltó que sorprende que se exhiban públicamente las fotografías de civiles adiestrados paramilitarmente ``y que no nos digan quién los adiestraba, dónde obtuvieron las armas, cómo se llaman los jefes políticos que los adiestraron''; muestren evidencias del entrenamiento de paramilitares y no informen quién los entrena, qué autoridad está detrás.

Por separado, el senador del PRD Carlos Payán afirmó que hay una gran responsabilidad del ex gobernador Julio César Ruiz Ferro, quien por lo menos cometió delito de omisión, al no haber impedido el ataque del grupo paramilitar en Acteal, lo que no se refleja en el informe presentado por la PGR.

``Es un informe flojo, que no toma en cuenta la guerra de baja intensidad que existe en Chiapas y el crecimiento de los grupos paramilitares''. Es terrible, agregó Payán Velver, que en Estados Unidos estén a punto de derribar a Clinton por haber mentido y aquí no podemos meter a la cárcel a un gobernador que dejó que se cometiera el asesinato de 45 indígenas.

Entrevistado en el Senado, Salazar Mendiguchía dijo que los resultados de la investigación sobre la matanza de Acteal son insatisfactorios para todos. ``No tienen satisfechos a los familiares de las víctimas, ni a los familiares de los presuntos agresores, y no hay satisfacción de la sociedad''.

En su opinión, muchas de las personas presas en el penal de Cerro Hueco ``son como los animales propiciatorios que se buscaban para que ocuparan el lugar de los verdaderos culpables''.

Acteal, agregó, ``es una página negra en la historia de Chiapas'' que tiene más que ver con muchas cosas que no se han dicho; entre ellas, que es el resultado de una tremenda descomposición social.

Tampoco se dice, agregó el senador chiapaneco, que en Acteal hay un conflicto entre la legalidad y la legitimidad, que está cada vez más presente en la vida municipal. ``Dicho de otro modo, en Chenalhó la autoridad constitucional ganó con 30 por ciento de los votos de los ciudadanos, por lo que es una autoridad legal pero no legítima, lo que llevó a otro grupo a crear una autoridad paralela''.

Tampoco se dice que en Acteal se sintetiza el fracaso de la tesis de la obsolescencia que por mucho tiempo sustentó Emilio Chuayffet. ``Todavía recuerdo cuando el entonces secretario de Gobernación alardeaba ante legisladores de la Cocopa que, en opinión del gobierno federal, el EZLN estaba cayendo en la obsolecencia. Incluso nos hizo una broma con el típico sentido del humor cáustico que tenía. Nos dijo que podía darse el caso de que alguien ofertara a otro un EZLN 94 y el otro le contestara: `Muchas gracias, prefiero un EPR 96'.

``Era un modo de decir que nuevos movimientos estaban desplazando y dejando en la obsolecencia al EZLN. Esta tesis fracasó en Acteal. La tesis del abandono de un conflicto que con el tiempo se va a pudrir y, por lo mismo, se va a resolver solo, fracasó''.

Salazar Mendiguchía agregó que hay una serie de presuntas responsabilidades que no están resueltas en el Libro blanco de la PGR, ni en ninguna de las investigaciones.

Llama la atención, concluyó, que autoridades estatales reconozcan que funcionarios manipularon las evidencias con ánimo de ocultarlas y que la sanción sea administrativa. ``Y no se trata de clamar por sed de venganza, sino que la justicia alcance a quien tenga que alcanzar, independientemente de su rango, jerarquía o posición social''.