Magdalena Gómez
Acteal, un año de impunidad

A un año de la brutal masacre de Acteal nos encontramos con un panorama marcado por la impunidad. La Procuraduría General de la República acaba de refrendar su hipótesis inicial respecto al llamado conflicto intracomunitario como causante de los ignominiosos sucesos; todas sus tesis sobre los hechos y porqué sucedieron elude la respuesta que dicha institución debe a los mexicanos y que está en su razón de ser institucional: ¿quien los promovió y no sólo quién los ejecutó y cuáles son las pruebas recabadas?

No cabe duda que el ámbito penal, tanto en la procuración como en la administración de justicia, es un vivo reflejo de la ausencia de ejercicio autónomo y apegado a derecho. Con este ejemplo, y tantos otros de corte similar, damos cuenta del largo trecho que nos falta en la llamada transición democrática.

Las versiones oficiales y oficiosas pretenden justificar lo injustificable y ocultar lo inocultable, así resulta que los grupos paramilitares son grupos civiles de autodefensa, que los funcionarios involucrados son de rango inferior, pero con una autonomía tal que lograron ocultar a sus jefes el sentido de sus apoyos o complicidades con tales grupos, que Acteal se originó en el desprecio al estado de derecho, siendo irrelevante que éste no exista desde mucho antes del 94 cuando el cacicazgo priísta se ejercía en la santa paz y complicidad oficial sin ``la molestia'' que ha significado la irrupción del EZLN, al que se ubica como causante indirecto de Acteal.

Ninguna reflexión ofrecen tales versiones respecto a las diversas responsabilidades, federales y estatales, por acción u omisión en el clima generado por el incumplimiento de los acuerdos de San Andrés firmados en el marco de la Ley para el Diálogo y la Conciliación, o respecto a los apoyos económicos que recibieron tales grupos; incluso hay quienes se han atrevido a culpar al Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas por no haber actuado para evitar la masacre cuando ya existían signos que la anunciaban; en el colmo, se atreven a cuestionar la mentalidad religiosa de las víctimas por encerrarse a rezar cuando ya sabían lo que les pasaría.

Hay que decirlo: muchos y muchas sabíamos y denunciamos el clima contante de tensión y confrontación, pero jamás podríamos imaginarnos un hecho de tal naturaleza. Masacrar a personas inermes, llegar a ese punto, sólo ha sucedido en regímenes que, como el guatemalteco, preparó en su momento grupos especiales para provocar el terror en la población, para aislarla de toda opción y apoyo a la insurgencia. Quienes se empeñan en negar que hay una estrategia de Estado frente al conflicto en Chiapas, que ha caminado en sentido contrario a la Ley para el Diálogo, suponen que pueden borrar tales evidencias con sus incursiones seudoantropológicas.

El desenlace de las investigaciones sobre Acteal está muy ligado al destino del diálogo y éste a que existan condiciones para atender las causas que dieron origen al conflicto armado. Y en este sentido resulta inevitable constatar las escasas posibilidades de que el gobierno federal dé un giro radical a su errática política.

Mientras el EZLN abre nuevos escenarios con la convocatoria a la consulta zapatista y el reciente encuentro con la sociedad civil, el gobierno federal reitera el eco de su monólogo, ``con paciencia infinita'', que consiste en llamar al diálogo para platicar sobre lo que tiene que cumplir en lugar de, simplemente, cumplir para luego dialogar. En el extremo de esta postura se coloca Emilio Rabasa confundiendo la justificación de su cargo al declarar que ``la insistencia en el diálogo se ha convertido en una política de Estado'' para, acto seguido, reivindicar los acuerdos de San Miguel donde se pactó que el diálogo debe mantenerse, a pesar de cualquier incidente (Detrás de la Noticia, 20/12/98).

Según esta lógica, el EZLN debería estar sentado con el gobierno federal conversando sobre ``incidentes'' como Acteal, la presentación de una iniciativa de reforma constitucional que se distancia de los acuerdos de San Andrés o los nada pacíficos desmantelamientos de municipios autónomos.

La próxima consulta zapatista activa una movilización social que permite abonar la vía política por encima de la armada y fortalece la concepción de la política que recupera las voces ciudadanas. Así, dicha consulta reitera la demanda de que se cumpla lo firmado en San Andrés y ofrece otra oportunidad inédita en la historia del país.

Primero lo fue que un movimiento armado colocara en el debate nacional el tema invisible y olvidado de los derechos de los pueblos indígenas en cuya definición hizo participar al movimiento indígena y a sectores cercanos al mismo.

Ahora busca promover que la sociedad toda dé su opinión sobre la legitimidad y contenido de la propuesta de reforma constitucional elaborada por la Cocopa. Con todo ello, el EZLN ha contribuido a promover que los mexicanos iniciemos el aprendizaje para aceptar y respetar el derecho a la diferencia y la naturaleza pluricultural de nuestra nación.

El diálogo vendrá; lo esperamos y lo exigiremos cuando el gobierno federal escuche las voces de la sociedad y se decida a cumplir lo pactado. Tal vez entonces Acteal encuentre condiciones para que se haga justicia. La impunidad no dura para siempre; ahí está Pinochet para mostrarlo.