ASTILLERO Ť Julio Hernández López

A un año de Acteal, el Ejército Mexicano vive una sacudida que, en el fondo, no es sino una muestra más del descontrol político que vive el país en general y de la descomposición en particular de un sistema que durante décadas pudo y supo mantener en la oscuridad sus desajustes y disidencias.

En un año, el año que ha pasado desde Acteal, el sistema ha entrado en una fase acelerada de estrépitos y azoros. Lo anecdótico fue el despido de Emilio Chuayffet y de Julio César Ruiz Ferro. Pero en el fondo no fue sino uno más de los ajustes de cuentas entre bandos (¿o bandas?) de la política. Lo trascendente, lo importante, fueron los grados de endurecimiento que el gobierno federal dio a su política respecto a Chiapas.

En ese año, desde que pasó lo de Acteal, Los Pinos y Bucareli han desplegado una batalla cerrada en busca del control de Chiapas y del aislamiento del zapatismo. Francisco Labastida Ochoa, al frente de un comando patriótico en el que destaca el ideólogo Adolfo Orive, trazaron y han sostenido una estrategia bélica que llevó al poder al mariscal Roberto Albores Guillén, que ha arrasado municipios autónomos, que ha expulsado y maltratado a observadores internacionales, que llevó a la disolución a la Conai, que convirtió en cadáver político a la Cocopa, que exacerbó un nacionalismo chato mediante lolitaveguismos pagados y que ha apostado al exterminio del zapatismo mediante una combinación de engaños, desdenes, aislamientos y frivolidades.

Pero la descomposición no se ha quedado en el sureste. Por el contrario, se ha extendido en todo el país, sobre todo en los feudos de gobernadores que, habiendo olfateado debilidades e impericias superiores, se han convertido en grandes dedos decisorios locales y en trabas absolutas a la transición democrática. Otro punto evidente de descontrol es el relacionado con instituciones cuyo buen funcionamiento ha sido esencial para el sistema: la banca, la Iglesia, el partido casi único, los medios de comunicación, y el Ejército.

Pero en este ámbito, en el castrense, las protestas más importantes por el descontrol existente no son las que han salido a la luz pública con el peculiar movimiento encabezado por el médico y teniente coronel Hildegardo Bacilio.

Esas, las protestas conocidas y ampliamente publicitadas, son en realidad menos importantes que las que tiene la cúpula militar y que hasta ahora han sido guardadas en silencio.

El comando patriótico de a deveras

En la élite militar se tiene la plena convicción (no sensación ni creencia: convicción) de que el poder civil está incumpliendo con sus obligaciones y responsabilidades y que, por tales circunstancias, las fuerzas armadas están siendo empujadas a ocupar espacios y funciones que no le corresponden.

Consideran esos jefes militares que el incumplimiento civil está provocando desgastes innecesarios e injustos a la institución castrense. Los soldados no tienen por qué estar involucrados en tareas de seguridad pública, de lucha contra el narcotráfico y de contención de movimientos insurgentes internos. Los civiles, los políticos, deberían saber cómo enfrentar y resolver esos problemas. Su incapacidad, sin embargo, ha obligado a las fuerzas armadas a entrar a escena. Un apartado especial merecería el entendimiento de esos jefes militares de que en la cúpula civil hay una grave indecisión y una terrible falta de visión de futuro. El asunto chiapaneco ha sintetizado, para esos oficiales, todos los vicios y defectos de la conducción civil.

Pero todas las consideraciones anteriores han quedado hasta ahora en el plano subterráneo. La aparición del movimiento de protesta contra el fuero de guerra permitirá, sin embargo, que afloren todas las inconformidades subterráneas de la élite. De hecho, el desplegado firmado ayer por los principales generales mexicanos (¿el nombre de Arévalo Gardoqui es para bien o para mal?) es una muestra del cerrar de filas de los intereses supremos de la clase militar.

La insubordinación del pasado viernes servirá, en ese sentido, de excelente catalizador. Hay, ahora, un buen motivo para presionar al poder civil, para hacerle ver sus errores y mostrarle cómo, por cumplir con las obligaciones impuestas, los soldados de carrera deben enfrentarse a acusaciones y señalamientos que, por otra parte, deberán ser acallados con fuerza ejemplar.

Y todo a un año de Acteal.

La silenciosa batalla de BCS

Olvidada por el centro, alejada de los grandes escándalos nacionales, Baja California Sur vive una intensa batalla política rumbo a las elecciones de gobernador que se realizarán el próximo 7 de febrero.

De un lado está el candidato que desde siempre fue encaminado a esa postulación: Antonio Manríquez Guluarte, quien ha sido legislador federal casi eterno en nombre de sus paisanos (actualmente lo es de nuevo). Este ha sellado una alianza de intereses con el actual mandatario, Guillermo Mercado Romero, y fue acusado de disponer de amplísimos recursos para ganar primero la candidatura priísta y, ahora, para triunfar en las elecciones constitucionales.

No son del mismo grupo, ciertamente, y hay entre ellos rivalidades menores (inclusive hoy se representa en aquellas latitudes un distanciamiento estratégico, de cara a las urnas), pero ambos defienden lo mismo: un sistema y un estilo que ha sumido a aquel estado peninsular en el atraso económico, en la impunidad, en el saqueo, en la invasión del narcotráfico, en el entreguismo al estadunidense.

Frente a ellos se ha levantado un personaje de ruptura con el priísmo: Leonel Cota, ex alcalde de La Paz que, partícipe en el proceso interno del tricolor, renunció a este partido y luego fue postulado por el PRD como candidato a gobernador.

Con una población apenas mayor de 400 mil personas, de las cuales 230 mil tienen derecho a voto, se vive allá, de una manera que apenas trasciende sus fronteras, desestimada y desconocida para el resto del país, una batalla trascendente. Por lo pronto, en el entorno de Cota Montaño hay contento por los resultados de cuando menos una encuesta de opinión que le ha dado 13 puntos de ventaja sobre el priísta.

Astillas: Cada vez hay más irritación en las alturas del poder priísta por el comportamiento y las declaraciones de Cuauhtémoc Cárdenas. Hay quienes susurran al oído superior el consejo de abrir fuego (político, desde luego) contra quien sin lugar a dudas será abierto adversario del sistema -y del actual gobierno, es decir, del actual Presidente- en el 2000. Ayer se dio un paso más -justo, acaso inclusive tardado- en ese envenenamiento de las aguas que van de la Plaza de la Constitución a Los Pinos. La orden de aprehensión contra Manuel Merino García, actual oficial mayor de la Secretaría de Turismo, quien ocupó el mismo cargo en el gobierno capitalino con Oscar Espinosa, es un indicio más de que el voluminoso expediente de las corrupciones irá soltando hojas conforme avance el calendario electoralÉ Alfonso Ramírez Cuéllar, el líder barzonista que además es, como diputado federal, secretario de la Comisión de Hacienda, ha dicho, según nota de Antonio Castellanos, que el programa punto final de apoyo a deudores fracasará y que en seis meses colocará nuevamente en quiebra al sistema financiero de MéxicoÉ Se incrementan las denuncias por los abusos contra paisanos que regresan de Estados Unidos. Los retenes policiacos en el norte del país son meros pretextos para extorsionar y maltratar a quienes vienen a pasar las fiestas decembrinas con sus familiares. Un sistema que no es capaz de crear los empleos que su gente necesita, y que por tanto obliga a su riqueza humana a alquilarse en un país extraño, lo menos que debería de hacer es garantizarle a esos hermanos un retorno pacífico y no, como sucede ahora, convertirlos en peleado botín de dólaresÉ

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