AI: en Acteal, autoridades armaron a los homicidas

Salvador Guerrero Chiprés Ť La evidencia compilada sobre la masacre de Acteal, cometida el 22 de diciembre de 1997, ``muestra que las autoridades facilitaron el armado de los paramilitares responsables de los asesinato'', señaló Amnistía Internacional.

Un reporte distribuido por esa organización (aún en etapa de presentación en inglés) señala: ``Un año después de que 45 indígenas desarmados fueron masacrados en Acteal, en el estado de Chiapas, las autoridades mexicanas están empantanadas en la investigación y permiten el incremento de la tensión en la zona.

``Para evitar más asesinatos, es vital que los responsables de la masacre, incluidos todos los funcionarios estatales involucrados en el incidente, sean prontamente llevados ante la justicia'', añade la organización en un documento preparado antes de la presentación del Libro blanco de la Procuraduría General de la República, al cual, por lo tanto, no menciona.

Con fecha 21 de diciembre, el texto de Amnistía Internacional, ``dirigido a nuestra cadena de defensores'', agrega que las autoridades no intervinieron para contener, hace un año, un ataque que ``continuó durante horas''.

``No atraer a la justicia a todos los funcionarios implicados en los asesinatos de Acteal sería inaceptable. Simplemente reproduciría la inacción de las autoridades en llevar a la justicia a aquellos funcionarios de alto nivel identificados por la Suprema Corte de Justicia como personas implicadas en la masacre de 17 campesinos en Aguas Blancas, Guerrero, en junio de 1995'', señala.

En la introducción, advierte que las actividades de los observadores de AI pueden complicarse en un contexto que entraña eventuales consecuencias negativas. Asimismo, observa ``un alarmante incremento de las actividades de grupos paramilitares que usan como blanco a campesinos y a observadores de derechos humanos mexicanos y extranjeros''.

Agrega que aunque la PGR reconoció en diciembre de 1997 que diversos grupos de este tipo están activos en Chiapas ``nada concreto se ha hecho para poner un fin a sus actividades''.

``Numerosos incidentes a lo largo de los últimos 12 meses sugieren que continúan operando en estrecha complicidad con las autoridades'', se afirma en el reporte.

Cita como ejemplo que solamente en noviembre cinco campesinos fueron reportados como víctimas de miembros de grupos paramilitares chiapanecos. ``En un incidente directamente relacionado con el Ejército, tres indígenas fueron heridos por soldados mientras protestaban por la detención de miembros de su comunidad en Chenalhó, cerca de donde ocurrió la masacre de Acteal''. La detención, detalla AI, fue realizada por integrantes del Ejército Mexicano.

``A Amnistía Internacional también le preocupa la propuesta de una nueva ley para el desarme de los grupos paramilitares (la Ley de Desarme Integral, presentada por el gobernador de Chiapas, Roberto Albores), la cual implícitamente reconoce la existencia de dichos grupos y no debería ser una alternativa a las investigaciones y a la persecución de aquellos involucrados en violaciones a derechos humanos'', señala el documento.

La respuesta de las autoridades a la matanza de Acteal ha incluido la renuencia a reconocer las responsabilidades sugeridas o atribuidas por observadores internacionales de derechos humanos. ``Docenas de misiones extranjeras y mexicanas han sido expulsadas sin oportunidad de que sus casos sean revisados judicialmente antes de su deportación. Además, las draconianas regulaciones para la nueva visa decididas en mayo pasado han restringido el movimiento para desarrollar su trabajo'', lamenta.

AI concluye en su reporte que la ``falta de respeto'' de las autoridades a los derechos humanos y las restricciones a la observación ``envían un mensaje equivocado a los grupos paramilitares y ello podría tener trágicas consecuencias para las comunidades de campesinos y para los defensores mexicanos de derechos humanos''.