Responderá el IFE a recomendaciones de la CIDH sobre delitos electorales

José Gil Olmos Ť El estudio de fórmulas que impidan la coerción o inducción del voto y el uso de programas públicos por partidos políticos con fines electorales, así como propiciar la sanción efectiva de los delitos electorales, son tres de las 14 recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que el Instituto Federal Electoral (IFE) habrá de estudiar para dar una respuesta en el primer semestre del próximo año.

Apoyados por los representantes de PAN y PRD, los consejeros electorales aprobaron la propuesta de que la Junta General Ejecutiva del IFE analice e integre un plan de trabajo para dar respuesta en el lapso mencionado a las observaciones y recomendaciones. Esas fueron hechas por los observadores de derechos humanos que la CIDH envió a México en junio y julio, a invitación del presidente Ernesto Zedillo.

Dicho grupo elaboró el Informe sobre la situación de derechos humanos en México, en el cual se incluye una sección de los derechos político-electorales. En esa parte del documento, la CIDH -integrante de la Organización de Estados Americanos (OEA)- reconoce que el sistema electoral mexicano ha tenido reformas significativas que han permitido la democratización de las instituciones en ese ámbito, al eliminar el control de un solo partido y permitir el manejo total del proceso por parte de los ciudadanos.

De igual manera, se reconoce la autonomía e independencia de los órganos electorales, una mayor equidad en la competencia, más control de las fuentes de financiamiento de los partidos y mayor equidad en el acceso de éstos a los medios de comunicación.

Sin embargo, también se señalan graves deficiencias que podrían poner en riesgo la democratización del sistema electoral. El informe de la CIDH menciona la existencia de métodos de control partidista en la emisión de los votos, mediante la inducción o compra, y la identificación de algunos programas gubernamentales con partidos políticos.

Los observadores de la CIDH dijeron haber comprobado irregularidades denunciadas en las elecciones federales de 1994 y las que han ocurrido desde entonces en varios estados: compra de votos directamente o la inducción del sufragio a través del otorgamiento de créditos agrícolas, materiales de construcción y la dotación de servicios por parte de candidatos del PRI.

Por otro lado, recomienda que se acepten las candidaturas independientes para los diversos cargos de elección popular; ampliar la legitimidad activa de los ciudadanos para interponer recursos electorales, y establecer medidas diligentes para que las entidades federativas observen lo estipulado en el artículo 115 constitucional en cuanto al municipio libre.

Respecto a la organización de las elecciones, la CIDH plantea que se desarrollen medidas para superar las dificultades geográficas, de concentración o dispersión social y por diferencias socioeconómicas y culturales.

En ese sentido, propone atenuar las dificultades que encuentran los partidos para poder cubrir todas las casillas con sus representantes; controlar la actuación de los funcionarios de casilla, y evitar repercusiones negativas por la rapidez de la difusión de los resultados electorales.

Asimismo, recomienda respetar el derecho a la información y a la libertad de expresión, y propiciar la imparcialidad de los medios masivos, así como estimular la tarea de informar de manera equilibrada y objetiva sobre el proceso electoral y los distintos contendientes.