A un año del crimen, conclusiones de la dependencia en el Libro blanco

Juan Manuel Venegas y Roberto Garduño Ť La Procuraduría General de la República (PGR) concluyó que la matanza de 45 indígenas en la comunidad de Acteal tuvo su origen en las disputas sociales, políticas e ideológicas entre los habitantes del municipio de Chenalhó; fue también, aduce en el Libro blanco que sobre los sucesos dio a conocer a la opinión pública, ``consecuencia indirecta'' de la existencia del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), que opera en esa zona desde 1995.

A un año de la masacre, el Ministerio Público Federal (MPF) ofreció un amplio informe -en el que no hace referencia alguna a los grupos paramilitares que operan en territorio chiapaneco- de los hechos que antecedieron al crimen masivo, las pesquisas que desarrolló a lo largo de estos 12 meses y las conclusiones a las que llegó tras la detención de 328 personas involucradas en los acontecimientos.

El informe, al que se dio por llamar Libro blanco -porque contiene documentos oficiales para darse a conocer a la opinión pública-, advierte que el multihomicidio de Acteal ``se enmarca en un ambiente de desprecio al estado de derecho, cuando cunde la convicción de que la única justicia posible es la que se ejerce por propia mano. El estado de derecho, de por sí históricamente precario en esas zonas marginadas del país, se había deteriorado aún más bajo el embate por un lado, de quienes predican la no observancia de las leyes y la falta de respeto a las instituciones en nombre de una nueva legalidad revolucionaria y de quienes, por otra parte suponían que una anterior adscripción formal a las instituciones significaba una patente de corso (autorización) para infringir la ley''.

Para la PGR la masacre fue posible por ``la sorprendente ausencia de cauces e instituciones para la solución pacífica de los conflictos y la conciliación de los diversos intereses políticos de las comunidades''.

Chenalhó es uno de los municipios indígenas más grandes de la región de Los Altos de Chiapas, con una extensión de 139 kilómetros cuadrados donde habitan más de 30 mil personas de las cuales la mayoría habla tzotzil y la minoría tzeltal. Del total de la población, 33 por ciento es monolingüe y 51 por ciento analfabeta, según los estudios poblacionales del INEGI en 1994.

Este municipio se halla dividido en tres grandes territorios o pueblos de indígenas: San Pedro, Santa Marta y Magdalenas. En 1990 se estimaba que estaba habitado por 27 mil 22 pedranos, 2 mil 178 chamulas, 2 mil 570 magdaleneros y mil 160 marteños, todos distribuidos en alrededor de 100 comunidades y ejidos.

Conflictos ``intercomunitarios''

Santa Marta y Magdalenas tienen una relación histórica tensa y de conflicto con los habitantes de San Pedro y se consideran a sí mismos pueblos oprimidos por éstos. Además, ninguno de los habitantes de las dos primeras comunidades ha sido presidente municipal de Chenalhó y tampoco ha ocupado cargos relevantes en las camarillas que asumen el poder municipal.

Algunos de los conflictos y hechos de violencia en la región han surgido de la negativa de familias y comunidades a cooperar con las autoridades políticas y tradicionales de sus municipios y comunidades. Generalmente los problemas están vinculados con los derechos de acceso a la tierra o a la explotación de los recursos naturales de la región y sólo terminan con la expulsión y la destrucción de sus bienes o el despojo de sus tierras y productos entre ellos mismos.

Tras esta explicación, la PGR presenta en su Libro blanco sobre Acteal el relato de una serie de enfrentamientos, asesinatos y expulsiones que han ocurrido en esa región chiapaneca por disputas de posesión de la tierra, políticas y religiosas, hasta llegar a los trágicos sucesos en aquel paraje, ocurridos hace un año.

Las 45 personas asesinadas el 22 de diciembre de 1997 pertenecían al grupo Las Abejas, cuyo origen data del 9 de diciembre de 1992, cuando tres indígenas de la Agrupación de Pueblos Creyentes fueron acusados del homicidio de Vicente Gutiérrez Hernández. Las Abejas surgieron así como resultado de lo que llamaron los atropellos de la autoridad y obtuvieron su primer logro: en un mes alcanzaron la libertad de los presuntos responsables del citado crimen.

En enero de 1994 se conformó la Sociedad Civil Las Abejas. Ya en escena el EZLN e iniciado el conflicto armado en Las Cañadas, los integrantes de esa agrupación -según los testimonios recogidos por la PGR- decidieron no alinearse al movimiento zapatista y por el contrario nombraron los primeros ``representantes de paz'' y resolvieron que ``nosotros éramos un grupo de paz, de no violencia, por lo consiguiente no íbamos a estar al lado del PRI o del gobierno, o del lado también del Ejército Zapatista de Liberación Nacional''.

Y así como Las Abejas definieron posiciones, ``seguramente'' lo hicieron también los simpatizantes del ayuntamiento constitucional de Chenalhó, los del Partido Cardenista y los que se inclinaron por las ideas del EZLN, refiere la PGR y agrega que no obstante la ``posición indefinida de Las Abejas, su relación principal la sostiene con el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, dependiente de la diócesis de San Cristóbal''.

Al momento de la formación del concejo municipal autónomo de Polhó -una de las 100 comunidades de Chenalhó-, que ``se autoerigió en abril de 1996 como autoridad de facto en el municipio, los simpatizantes priístas y del Partido Cardenista desconocieron su autoridad y continuaron reconociendo a las instancias oficiales como las únicas legalmente constituidas; en tanto, Las Abejas nunca dieron evidencia de deslindarse efectivamente de dicho concejo ni de sus acciones. Es por ello que los simpatizantes del ayuntamiento de Chenalhó y del Partido Cardenista piensan que Las Abejas son zapatistas''.

Esta apreciación, según la PGR, llevó a los priístas y cardenistas a expulsar a los integrantes de Las Abejas de sus comunidades, quienes se vieron obligados a construir varios campamentos, entre ellos el del paraje de Acteal, donde ocurrió la matanza.

El MPF atribuye a la disputa del banco de arena de San José Majomut el antecedente directo de los enfrentamientos entre los priístas y cardenistas contra Las Abejas, a los que ubica como simpatizantes del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y del EZLN.

El predio en cuestión fue adquirido por la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) a principios de 1995 para entregarlo a los beneficiarios que se constituyeron en la Sociedad de Solidaridad Social Campano Vits (campana del cerro). El 13 de agosto de 1996, ``un grupo de catorce personas dirigidas por Javier Ruiz Hernández, presidente del concejo municipal autónomo de Polhó, portando machetes en mano, así como armas de fuego, tomaron violentamente el banco de arena, manifestando que todo lo que existe de patrimonio de la nación es de todos y todo lo que concesiona el gobierno será despojado por la gente que simpatiza con el EZLN... Los indígenas del municipio autónomo se declararon administradores del banco de arena''.

La PGR señala que a partir de esa declaración los simpatizantes del municipio autónomo amenazaron y asesinaron a integrantes del Partido Cardenista e impidieron por la vía de la violencia que las autoridades constitucionales usufructuaran la arena del Campano Vits. Ante las agresiones sufridas -insiste el documento-, ejidatarios afiliados al Partido Cardenista solicitaron la intervención de los gobiernos federal y estatal ``para evitar agresiones, secuestros, amenazas de muerte e invasiones de tierra por parte de los llamados autónomos zapatistas''.

En ese clima, los simpatizantes o integrantes de uno y otro bando se armaron, sin que la autoridad hiciera nada por detener la ola de enfrentamientos, agresiones, amenazas, desapariciones y homicidios que se recrudecieron entre los meses de septiembre y diciembre del año pasado. Según la PGR, tanto zapatistas como los grupos de ``autodefensa'' cardenistas y priístas portaban armas de alto calibre: AK-47 y R-15.

Las semanas y los días previos

La intensidad de los conflictos ``obligó'' a los priístas-cardenistas a solicitar la presencia del Ejército Mexicano, pues aseguraban que ``los zapatistas se entrenan, cobran en caminos un impuesto de guerra y en varias comunidades ya no dejan sembrar a los que no simpatizan con ellos. Ante la indiferencia del gobierno y el empecinamiento de los zapatistas en seguir imponiendo su voluntad, vamos a defendernos de cualquier agresión''.

A decir de la Procuraduría, las autoridades municipales de Chenalhó hicieron un llamado al EZLN y al PRD para que exhortaran a sus militantes y simpatizantes a encauzar su lucha en forma pacífica. Durante los días 25, 26, 27 y 28 de noviembre se efectuaron trabajos por parte de los gobiernos estatal y federal para el retorno de los desplazados priístas-cardenistas de las localidades de Chimix, La Esperanza, Pechiquil, Tzajacalum, Canonal, Aurora Chica y Bajoveltic. Explica la PGR que los zapatistas y perredistas desplazados del Polhó, Acteal, Xoyep y Poconichim rechazaron la ayuda que se les ofreció.

``Casi ninguno de los hechos delictivos ocurridos como antecedente de los lamentables sucesos de Acteal fue perseguido y castigado en términos de ley, y ello acrecentó las tensiones y dio pie a escenarios con soluciones cada vez más violentas'', dice el Libro blanco de la PGR.

En un lapso de doce meses habían ocurrido 35 homicidios de uno y otro bando; en ese contexto la PGR ubica la agresión que el 17 de diciembre de 1997 sufrió un grupo de priístas -cuando fue asesinado Agustín Vázquez Secum- como ``la gota que derramó el vaso'' y que provocó la matanza de los 45 indígenas tzotziles en el paraje de Acteal.

Y es que antes de ese crimen, ``a instancias del gobierno del estado'' y con la mediación de la Comisión Nacional de Intermediación (Conai), del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, se reunieron en la comunidad de Las Limas, representantes del ayuntamiento de Chenalhó, del consejo municipal autónomo de Polhó y del Partido Cardenista.

Hubo tres reuniones (2, 5 y 11 de diciembre) sin que se llegara a ningún acuerdo entre las partes, que pusieron en la mesa temas como el desarme de los grupos antagónicos, la disminución de la violencia, la necesidad de reforzar la presencia de los elementos de seguridad pública, el desarme de las guardias blancas y grupos paramilitares, la reincorporación de los desplazados a sus lugares de origen y el banco de arena de Majomut. Nada se logró.

El 22 de diciembre de 1997

Para la PGR la conformación del concejo municipal autónomo de Polhó y su cercanía con el zapatismo ``llevó a otros niveles de violencia los tradicionales conflictos sostenidos entre las comunidades y el factor que potenció las violentas confrontaciones entre ambos bandos fue la expropiación del banco de arena de Majomut por el municipio autónomo, afectando a sus legítimos propietarios''.

Agrega que ante la falta de procuración de justicia en Chenalhó y de políticas firmes de seguridad pública, los simpatizantes del ayuntamiento constitucional y los miembros del Partido Cardenista formaron en cada comunidad sus propias ``comisiones de seguridad y vigilancia para resguardar el orden y protegerse ante la presencia de las bases de apoyo del EZLN en el municipio''.

Califica de ``absolutamente injustificable'' que elementos de Seguridad Pública se hayan involucrado en la actuación e incluso en el equipamiento de esas comisiones de seguridad, ``que más que cuerpos de autodefensa, terminaron por convertirse en unidades bajo el mando de los caciques'' regionales.

La PGR subraya en su informe un hecho que por lo menos atribuye actos de omisión y negligencia a las autoridades estatales: la presencia en el lugar de la matanza del general retirado Julio César Santiago Díaz, entonces director de la Policía Auxiliar y coordinador de asesores de la Dirección de Seguridad Pública del Estado. El había viajado de Tuxtla Gutiérrez a Chenalhó la mañana de aquel fatídico día y durante más de dos horas -entre las 12 y las 2 de la tarde- permaneció en su camioneta a la entrada de la comunidad de Acteal. Este ex funcionario, ahora bajo proceso, reportó ``todo sin novedad...''