Madrazo: la creación del concejo autónomo de Polhó, otro detonante

Roberto Garduño y Juan Manuel Venegas Ť Mientras que las conclusiones en el Libro blanco sobre Acteal atribuyen el asesinato de 45 mujeres, niños y hombres indígenas a conflictos políticos, el procurador general de la República, Jorge Madrazo Cuéllar, y el subprocurador José Luis Ramos Rivera, negaron en conferencia de prensa que el homicidio colectivo tuviera raíces en las distintas filiaciones políticas de los habitantes de Chenalhó, aunque sí habrían influido las razones ideológicas, económicas y religiosas.

El subprocurador -quien enmarcó el contenido político del libro ``como una mera referencia histórica a lo acontecido en Chenalhó''- trató de subsanar esa contradicción. Jorge Madrazo, quien sostuvo que el informe ``tiene un enfoque objetivo, absolutamente imparcial y totalmente apolítico'', refirió que una de las causas principales de la matanza fue la creación de ``un órgano absolutamente anticonstitucional, fuera de cualquier orden jurídico, que es el concejo municipal autónomo de Polhó''.

Ninguno de los dos se atrevió a calificar la matanza de hace un año como un problema o acto político, a pesar de las referencias constantes a acontecimientos políticos e ideológicos, tanto en el libro como en sus respuestas a los periodistas que se dieron cita ayer en el auditorio México de la Procuraduría General de la República (PGR), para conocer el informe de las autoridades sobre el caso.

Incluso el procurador Madrazo Cuéllar señaló que con independencia de que el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (que recientemente presentó su propio informe sobre Acteal) tenga ``una lectura distinta de los hechos del 22 de diciembre de 1997, una lectura que desde luego se inscribe en una lógica política, el Ministerio Público no puede caer en una lectura política de esto, sino en una lectura técnico-jurídica''.

El funcionario resaltó que la presencia de la autoridad en la zona del conflicto es ``absolutamente importante para que no se repitan hechos tan lamentables como los de Acteal. Yo puedo afirmar que si el Ejército Mexicano hubiera tenido presencia el 22 de diciembre de 1997 en Acteal, esos hechos nunca se hubieran presentado''.

Ambos funcionarios expusieron los móviles de los hechos de sangre ocurridos en la comunidad de Acteal. Ramos Rivera avivó la contradicción pues refirió que aquello fue un suceso por ``una serie de conflictos intra e intercomunitarios originados en diferencias de todo tipo, diferencias de afiliación ideológica, unos estaban a favor de otros en contra del municipio autónomo...''

Abundó sobre el particular al aceptar que la PGR había detectado en sus pesquisas una serie de afiliaciones de tipo ideológico a ciertos partidos políticos por parte de los representantes de las comunidades indígenas en Chenalhó, pero esa identificación obedeció a una forma de diferenciarse entre un grupo y otro.

``Si uno de los responsables se autodefinió como priísta o como cardenista, o como perredista esto no necesariamente, de hecho en ningún caso hemos podido acreditar, involucra a la instancia política a la que dicen pertenecer. Es una forma de identidad entre ellos, se autodenominan priístas, se autodenominan perredistas, como una forma de identificación que nada tiene que ver en estas actitudes violentas con la plataforma de los partidos políticos a los que hacen referencia''.

Entonces intervino el procurador, quien afirmó que ``no hay ningún carpetazo'' en la investigación sobre la masacre, y planteó tres grandes causas del homicidio colectivo en Acteal: ``Los antecedentes de enfrentamientos entre los integrantes de las distintas comunidades de Chenalhó. Esto no es una ocurrencia, no es una argumentación, van a encontrar ustedes en el libro todas las pruebas, con nombres, con fechas... La otra gran causa es la creación de un órgano absolutamente anticonstitucional, fuera de cualquier orden jurídico, que es el concejo municipal autónomo de Polhó... y la inexistencia del estado de derecho en el municipio de Chenalhó''.

Madrazo Cuéllar insistió con vehemencia en que la tesis de la PGR no ha variado, que por el contrario ``se ha enriquecido y fortalecido'' al paso de los meses, es decir, se mantiene la postura oficial de que la muerte de los 45 indígenas se debió a un conflicto intercomunitario con tintes ideológicos, agudizado por la presencia del EZLN.

Ramos Rivera secundó esta postura, pues atribuyó de nueva cuenta el asesinato masivo a la creación de ``estructuras paralelas de poder, ajenas a la Constitución, como fue la creación de los llamados municipios autónomos''.

Refirió entonces que la organización Las Abejas ``ha sido tradicionalmente identificada con el movimiento zapatista por su falta de desvinculación o por haberse negado a desvincularse abiertamente del municipio autónomo de Polhó''. Es más, el funcionario indicó que son Las Abejas uno de los pocos sectores en la zona que tienen acceso, más o menos libre o más o menos cotidiano a Polhó.

De nuevo el subprocurador provocó más confusiones, pues aunque antes había negado que la matanza de Acteal tuviera tintes políticos, en esta intervención reconoció que ésta se originó en una confrontación de muchos años entre partes ``social y políticamente antagónicas'', que habían acumulado ya varios asesinatos entre sí. Y atribuyó dicho conflicto a la aparición del EZLN:

``La matanza de Acteal es también una consecuencia indirecta de la existencia de un grupo armado, el EZLN, que opera envarias comunidades de Chenalhó desde 1995; de ahí la creación de los municipios autónomos que, les reitero y les destaco -dijo a los reporteros-, fue un detonante para la radicalización de esas posturas. La creación de los municipios autónomos contribuyó en una gran medida para que estas agresiones mutuas entre los dos grupos se hubieran exacerbado y se hubieran intensificado''.

Exoneran de toda responsabilidad a Ruiz Ferro

Por otra parte, José Luis Ramos Rivera recordó que él tomó personalmente la declaración del ex gobernador de Chiapas, Julio César Ruiz Ferro (destituido a unos días de la matanza), y ``no encontramos ni tenemos hasta ahora indicios o pruebas suficientes para proceder penalmente en contra del ex mandatario... Encontramos una serie de conocimientos parciales, encontramos limitado su conocimiento de la problemática en la zona, encontramos limitada su intervención para resolver el conflicto, pero esto no deriva en responsabilidades de tipo penal. Pudimos documentar, reconocida por él mismo, en algunos aspectos, su falta de información sobre la problemática previa a la masacre''.

Madrazo Cuéllar aseguró que entre los expedientes consignados a algún juez no se encuentra el de la actuación de Ruiz Ferro, pero ``si nosotros llegáramos a obtener pruebas que nos permitan acreditar los elementos de tipo penal, indudablemente que consignaríamos''.

Y en referencia al informa que dio a conocer el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, el titular del Ministerio Público Federal subrayó que la PGR no sólo investiga a 12 organizaciones civiles ``probablemente'' armadas (paramilitares), sino que en total son 16 los grupos que se encuentran bajo indagatoria.

La investigación

El fiscal especial para el caso, Efrén González Pola, informó que la PGR inició 14 averiguaciones previas, de las cuales 12 se han consignado por delitos de homicidio calificado, lesiones calificadas, portación de armas de fuego sin licencia y de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, asociación delictuosa y delitos cometidos en la administración de la justicia y abuso de autoridad.

Precisó que con los expedientes abiertos se ha ejercitado acción penal en contra de 135 personas; además, se atrajeron 34 averiguaciones previas y una acta administrativa del fuero común por hechos anteriores al 22 de diciembre de 1997. De éstas, en quince se obtuvieron 193 órdenes de aprehensión. Es decir, en total, han sido consignadas 328 personas, de las cuales hasta el momento 96 se encuentran detenidas y procesadas y ya hay un sentenciado.

Sobre el particular, el procurador Madrazo refirió que la consignación de 328 personas no había ocurrido en ``ninguna otra investigación en el México moderno''. Por su parte, González Pola señaló que ya se efectuaron mil 596 diligencias, de las que 952 son declaraciones ministeriales, 457 son dictámenes periciales que contienen dictámenes en medicina forense, radizonato de sodio, criminalística de campo, balística y fotografía forense, 76 corresponden a declaraciones ministeriales, 42 solicitudes de documentos, así como 69 investigaciones de la Policía Judicial Federal (PJF).

Al concluir la rueda de prensa, el procurador expresó confianza en que no se repitan ``hechos tan lamentables'' como los de Acteal. ``Yo puedo afirmar que si el Ejército Mexicano hubiera tenido presencia el 22 de diciembre de 1997 en Acteal, esos hechos nunca se hubieran presentado''.