En vísperas del primer aniversario de la masacre de Acteal, en Chiapas, la Procuraduría General de la República presentó un Libro blanco en el que se resume la versión oficial --o, al menos, la de la dependencia firmante-- de lo ocurrido en esa localidad de refugiados chiapanecos el 22 de diciembre de 1997.

En lo fundamental, el documento es una reiteración de lo dicho por el procurador Jorge Madrazo unos días después de la matanza, en el sentido de que ésta se había originado en ``conflictos intercomunitarios''. El libro de la PGR es un extenso alegato que pretende sustentar la teoría según la cual 45 indígenas --hombres, mujeres, ancianos y niños-- fueron exterminados, en síntesis, por el establecimiento de un concejo municipal autónomo en Polhó y por la disputa derivada de la posesión de un banco de arena.

El documento de la PGR presenta fotos, por demás inverosímiles, de supuestos zapatistas en entrenamiento que parecen más bien efectivos de Seguridad Pública del estado; se limita a acusar a algunos elementos de esa corporación de haber permitido y prohijado el acopio de armas por parte de campesinos priístas, y responsabiliza, por omisión, a un mando policial del gobierno chiapaneco.

No hay, en el Libro blanco, una sola mención a los grupos paramilitares que se han creado en Chiapas, con el apoyo activo del Ejecutivo estatal y la anuencia de las autoridades federales. No hay una sola alusión a las responsabilidades políticas de los funcionarios encargados de las acciones oficiales para Chiapas, pese a que, a raíz del escándalo y la indignación generados por la masacre, un gobernador sustituto y un secretario de Gobernación fueron retirados de sus cargos.

Con las características mencionadas, el documento de la PGR parece un discurso orientado a exculpar a los más altos responsables políticos e intelectuales de la matanza y a culpar a las propias víctimas, es decir, a los integrantes de la organización civil Las Abejas y a los simpatizantes zapatistas.

Finalmente, si en algo se apega a la verdad el Libro blanco de la PGR es en su reiterado señalamiento sobre la ausencia de un estado de derecho en Chiapas. Si esa institución es la encargada de la procuración de justicia en todo el territorio nacional, habría que percibir un acento autocrítico en tal afirmación, la cual se ratifica ante los insatisfactorios y poco convincentes resultados de un año de investigaciones oficiales sobre la matanza de Acteal.