Descapitalizados y sin apoyo, productores de maíz viven la peor crisis de la historia
Angélica Enciso /I Ť En México, el cultivo de maíz se mantiene gracias al sacrificio de los agricultores, que subsidian a la nación al producir en condiciones en que nadie lo haría, al afrontar precios bajos, aumento de costos y reducción de apoyos, afirman la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras (ANEC) e investigadores de la UNAM.
Este año se registraron los precios internacionales de maíz -los cuales se toman de referencia para el mercado interno- más bajos que se hayan dado en este siglo, ya que las cotizaciones por tonelada llegaron a menos de cien dólares, los subsidios a los productores por medio de Procampo han presentado una disminución de 40 por ciento respecto de lo que tenían hace cuatro años y, además, los costos que enfrentan para sembrar les han ocasionado una pérdida de 35 por ciento de sus ingresos.
Con cerca de tres millones de productores de maíz, la mitad de la superficie cultivable destinada a ese grano y con rendimientos promedio de 15.5 millones de toneladas al año, la dependencia alimentaria del país ha ido en aumento, pues se ha llegado a importar casi un tercio del consumo interno, que asciende a 24 millones de toneladas.
Los negociadores del Tratado de Libre Comercio esperaban que se redujera la superficie dedicada al maíz para utilizarla en cultivos más rentables, pero ello no ocurrió, pues desde 1990 se mantienen entre ocho y nueve millones de hectáreas al año y los rendimientos siguen siendo bajos: dos toneladas por hectárea en promedio, contra siete toneladas en Estados Unidos.
Los precios a que se paga el producto en el mercado interno también son bajos, ya que la tonelada se cotiza en mil 355 pesos, y los costos de producción llegan a 2 mil pesos. Además, las tierras han resultado dañadas por diversos fenómenos climáticos. Sólo la sequía ocurrida a principios de este año ocasionó que se dejaran de cultivar 400 mil hectáreas de maíz.
Ante este panorama, los campesinos viven la peor crisis de su historia: no tienen acceso a créditos, su actividad no es rentable y genera pérdidas; además, con la desaparición de la Conasupo se enfrentarán a un mercado libre que los dejará a merced de trasnacionales y de la iniciativa privada, considera Víctor Suárez, de la ANEC.
Un ejemplo de esta situación es el caso de los maiceros de Venustiano Carranza, Chiapas, que obtienen un rendimiento de dos toneladas por hectárea en cada ciclo productivo, y las venden en 2 mil 700 pesos, lo cual les genera ingresos diarios de sólo 15 pesos.
``No basta cosechar el grano, eso no sirve. Con el dinero que nos pagan por dos toneladas de un producto que tarda seis meses en darse, ¿para qué nos alcanza? Para vivir vendemos artesanías, pescamos o muchos emigran, pero el maíz ya no es suficiente'', dice Marco Antonio Vázquez.
Agrega que ahora que se anunció la desaparición de la Conasupo deberán vender sus cosechas a Maseca, empresa harinera que castiga con el precio las compras del grano en esa región. ``Exigen mucha calidad. Los granos deben tener cierto grado de humedad, y si no lo tienen nos hacen un descuento o no lo compran, y como ya no va a haber más comprador, ¿qué le vamos a hacer?'', agrega Vázquez, asesor del Fondo Regional Indígena de este municipio.
El maíz después del TLC
Durante varios años la producción de maíz recibió apoyo a través de varias vías: por un lado, se le dotaba de insumos baratos, semillas mejoradas y créditos blandos, pero desde principios de esta década esa política se transformó, explica Felipe Torres, del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM.
Luego de que entró en vigor el TLC de América del Norte, hace casi cinco años, se dejó de apoyar el desarrollo tecnológico para el cultivo de este grano, y aunque en algunos años la producción repuntó, la protección al cultivo desapareció y la cosecha bajó en algunos ciclos, lo cual hizo necesario importar hasta un tercio del consumo, agrega el investigador en entrevista.
La reconversión productiva, que se anunció como uno de los compromisos del TLC y que buscaba que los campesinos dejaran de producir maíz para dedicarse a otros cultivos más rentables, fue sólo ``un planteamiento teórico'' que no se ha realizado por falta de recursos, señala por su parte Víctor Suárez.
Ahora, con un mercado libre del maíz, ``aumentarán las desigualdades y la incertidumbre sobre la producción del grano. Al retirarse Conasupo del mercado no hay quien financie la comercialización de cosechas, aun cuando su participación disminuyó en los últimos años, al pasar sus compras de 7.8 millones de toneladas en 1994, a 2.3 millones este año'', agrega Suárez.
Señala que ante la falta de financiamiento y liquidez para la adquisición de las cosechas de este grano, sólo se compra una pequeña proporción, lo cual genera una aparente sobreoferta, con la consecuente caída de los precios que se pagan a los productores, aun cuando hay un déficit del grano en el país.
Esa situación, dice, ocasionará mayores distorsiones en el mercado, ya que las zonas cercanas a las regiones de consumo tendrán un precio justo, pero las que están alejadas, como es el caso de Sinaloa, Chiapas, Michoacán y Chihuahua, enfrentan problemas de almacenamiento y transporte.
Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria (Aserca), que asumirá las funciones relacionadas con el comercio de granos, ha otorgado hasta ahora apoyos discrecionales que se han concentrado en Sinaloa, Tamaulipas y Sonora, agrega.
Desde la década de los ochenta las luchas por los precios de los granos han sido uno de los ejes de los movimientos campesinos en el país. La crisis económica que se ha vivido desde que entró en vigor el TLC profundizó la caída de la rentabilidad de la mayoría de los cultivos y propició el resurgimiento de los movimientos campesinos, explica Ana de Ita, del Centro de Estudios para el Cambio en el Campo Mexicano (Ceccam).
Cada año, productores de maíz y de otros granos realizan movilizaciones de protesta en demanda de mejores precios, los cuales no siempre les son asignados por las autoridades. De esa forma, los agricultores se enfrentan a un mercado desordenado y sin rumbo, considera Suárez.
Además de los problemas de comercialización, los productores de maíz enfrentan falta de recursos. A pesar de que han logrado que el subsidio del Procampo se les entregue antes de las siembras a través de cesiones de derechos, y no después, como ocurría al principio, el monto ha bajado. Hace cuatro años, cuando ese programa entró en vigor, se anunció que serían cien dólares por hectárea durante 15 años; sin embargo, la cifra se redujo paulatinamente hasta llegar actualmente a 60 dólares, según datos de Aserca.
En este programa el número de hectáreas y productores es limitado. De los 13.9 millones de hectáreas que apoya, 56 por ciento se dedican al cultivo de maíz, y ya no pueden acceder más agricultores.