ASTILLERO Ť Julio Hernández López

Es demasiado pronto para formarse una opinión firme sobre el verdadero sentido y el alcance del insólito movimiento de protesta desplegado por militares el viernes reciente en el Distrito Federal.

Una lectura inicial encuentra, desde luego, puntos plenamente compartibles. La abolición del fuero de guerra y la revisión integral de la institución militar son temas de necesaria discusión.

En ese sentido, la aparición del llamado Comando Patriótico de Concientización del Pueblo ayuda a consolidar una lucha ejemplar y patriótica, la del general José Francisco Gallardo -quien pronto cumplirá cinco años en prisión por haber demandado la creación de un ombudsman militar-, y a colocar en la mesa de discusión el siempre difícil tema castrense.

Por otra parte, la protesta de 51 militares aparece como una explicable muestra de la inconformidad que existe entre un gremio sometido a presiones e irregularidades que se agravan cada día.

Es importante que sean militares en activo, y portando uniformes e insignias, quienes obliguen al debate sobre el tema. Una franja importante de mexicanos ha acumulado grandes motivos para la preocupación sobre esos asuntos.

Desde el papel de las fuerzas armadas en Chiapas (y el costo de su operación, asunto éste que no debe dejarse de lado, tanto por el monto de los recursos utilizados como por su manejo discrecional, puertas ambas que posibilitan irregularidades), hasta la constante acusación de violaciones a los derechos humanos en las acciones contra grupos guerrilleros en ese estado y en Guerrero y Oaxaca. Desde su presencia en las tareas civiles de seguridad pública y policiacas, hasta los indicios de vinculación con actividades de narcotráfico.

Revisar ese ámbito sustancial de la vida nacional, que hasta ahora ha sido sustraído al escrutinio y al control civil, es una tarea esencial para la transición democrática. La actual conformación de la Cámara de Diputados, con una mayoría no priísta confrontada por los asuntos del Fobaproa, podría encontrar en esos temas un punto de reunificación de criterios y votos.

Pero más allá de esos puntos en los que se puede dar una fácil identificación, en el movimiento comenzado el pasado viernes subyacen elementos que a este columnista le generan confusión y cierta desconfianza.

Por principio de cuentas, el movimiento no se detuvo en las reivindicaciones propias de su gremio ni se limitó a las de por sí explosivas consideraciones relativas a esos temas internos. Al contrario, se extendió en señalamientos de índole netamente política y hasta electoral. De hecho, se ha manejado un estilo cercano al de los rebeldes zapatistas del sureste, incluyendo comunicados. Su dirigente principal pareciese demasiado dispuesto a posicionarse de inmediato en el terreno que va más allá de lo castrense.

También es necesario analizar que, con un estilo desbordado e impreciso, el principal personaje de la protesta, el teniente coronel Hildegardo Bacilio Gómez, ha llegado a manifestar abiertamente su simpatía por el coronel venezolano Hugo Chávez, el ex golpista que ahora ha ganado la presidencia de su país. Pero, además, el citado personaje expresa simpatía y reconocimiento a un coctel en el que mezcla al subcomandante Marcos, al obispo Genaro Alamilla y al líder del Sinn Fein, Gerry Adams.

Una gran necesidad hay, ciertamente, de que el tema tabú de lo militar se abra a los nuevos tiempos mexicanos, pero también es necesario saber qué hay de fondo detrás de un movimiento tan peculiar. Sus reclamos son absolutamente válidos.

Sus exigencias son importantes. Pero hay algo, hay un tufo que no acaba de convencer a este redactor. En el fondo, los militares en las calles, haciendo política, redactando manifiestos, convocando a tomar posturas electorales, no ha sido siempre un síntoma positivo en las frágiles sociedades latinoamericanas.

De Chiapas a Baja California

El mismo viernes recién pasado, en Mexicali, el presidente Zedillo escuchó un discurso inusitado por provenir de un compañero de partido.

En el acto de toma de protesta a la mesa de coordinación que las fuerzas políticas de Baja California han instalado para discutir el tema de la reforma del Estado, hubo una voz, priísta, que planteó que la democracia sirve para orientar los esfuerzos de los gobiernos, pero también para ``recordarles que su obligación no es colocarse por encima de los ciudadanos, sino mandar obedeciendo''.

La referencia, inequívocamente chiapaneca, zapatista, no era accidental. Quien la pronunciaba había conocido como pocos los entretelones de la relación del gobierno zedillista con los rebeldes del sureste.

Activo y comprometido con sus ideas, ese personaje fue alejándose del círculo gubernamental privilegiado en el que había participado al principio. Criticó, y luego actuó, contra la manera como el grupo cerrado de Los Pinos y Bucareli manejaba la relación con los zapatistas.

El entonces secretario de Gobernación, Emilio Chuayffet, le mantuvo animadversión clara. Altísimas voces hubo que señalaron frente a priístas que había algunos compañeros de partido que más bien parecían perredistas.

Ahora, ese hombre establecía frente al presidente Zedillo la importancia de la tolerancia política: ``Tolerancia para escuchar opiniones y proyectos diferentes; para soportar las críticas; para no caer en la tentación de suprimir las voces disidentes que, en un acto de conciencia, se manifiestan dentro de los partidos, incluyendo el nuestro''.

Tolerancia -agregaría el priísta, que ha sufrido del actual régimen federal una intolerancia enconada- con los señalamientos de aquellos que, perteneciendo a otras organizaciones, ``ofrecen caminos alternativos que pueden ser viables''.

Amigo y compañero de otros priístas que caminan hoy la ruta difícil de la crítica interna (por cierto, el grupo Galileo podría pasar de su actual tesitura sólo senatorial a una propuesta más amplia, en la que participarían priístas que ocupan cargos federales y locales, e igualmente ex legisladores), el diputado local del tricolor agregó: ``En la construcción democrática, en la lucha política cara a cara, no hay traidores, sólo voces disidentes. La obligación primera de quienes ostentan la fuerza del Estado es escucharlos, no denostarlos''.

El priísta del que se ha hablado es Jaime Martínez Veloz, ex diputado federal, ex miembro de la Cocopa y actual diputado local de mayoría por uno de los distritos con cabecera en Tijuana.

Astillas: Amalia García ha descartado la idea de que se confeccione una planilla de unidad para relevar el comité nacional perredista, hoy presidido por Andrés Manuel López Obrador. La legisladora zacatecana desea que sean las urnas las que decidan la conformación de la próxima directiva del sol azteca. Ella sabe bien, y ha luchado contra ello, el daño que hacen a los proyectos importantes el grupismo y la presión de corrientes y alianzas. Justamente, su candidatura vive hoy las consecuencias de esas irregularidades. Hay muchos perredistas que la reconocen como la más inteligente y capaz de cuantos aspiran a presidir el PRD, pero sujetos como están a pactos, arreglos y votaciones en bloque, aceptan que deberán votar por otro candidato que, en la mayoría de los casos mencionados, es Jesús Ortega Martínez.

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