En este año a punto de concluir, la crisis económica, convertida en asunto político de capital importancia, ha agudizado drásticamente la confrontación entre los diversos partidos, otras formaciones políticas y grupos sociales. La inocultable aspereza de la confrontación es explicable, pues se trata de la disputa por definir o redefinir el rumbo del país, sobre todo en materia económica, e implantar firmemente la democracia. El año próximo y el 2000, esta lucha llegará sin duda a niveles de confrontación sin precedentes y va a depender del gobierno que se mantenga en los marcos de una confrontación política civilizada.
Las fuerzas del conservadurismo encabezadas por el gobierno consiguieron, sin duda, frenar el proceso de transición democrática, así sea provisional- mente. En Chiapas siguen administrando el conflicto, mantienen el acoso, las amenazas y castigo a las comunidades indígenas que no cejan en su propósito de alcanzar el respeto pleno a sus derechos y una vida digna y pacífica; se mantuvo la impunidad a los responsables políticos de la masacre de del 22 de diciembre del 97 en Acteal; siguen sin ser llevados a los tribunales quienes crearon las condiciones para ese crimen colectivo, armaron a los asesinos y protegieron su huida; el gobierno local y el federal mantienen su complicidad, cuando menos, con los grupos paramilitares que aterrorizan, amenazan y reprimen a los indígenas partidarios del EZLN. Pese a las exigencias de amplias franjas de la sociedad, el gobierno sigue sin cumplir los acuerdos de San Andrés y espera reconstruir las viejas relaciones de poder existentes en Chiapas hasta antes del primero de enero de 1994, meta imposible sin duda.
Otro ejemplo de los frenos a la transición es la imposición del ``borrón y cuenta nueva'' en el asunto del ilegal rescate bancario realizado por el Fobaproa. El gobierno y el PAN reconstruyeron su alianza estratégica, iniciada con Carlos Salinas, y pudieron imponer así una solución favorable a los banqueros, quienes de esta manera no sólo no perdieron, pese a su ineptitud, voracidad, mala fe e ilegalidad al otorgar créditos que se convirtieron en cartera vencida, sino realizaron uno más de sus grandes negocios de fin de siglo; el otro fue la privatización de los fondos de retiro de los trabajadores, convertidos en Afore, gran negocio de unos cuantos grupos económicos. El PAN así se hizo cómplice de la impunidad de quienes realizaron grandes y sucios negocios con el escudo del Fobaproa; y como partido perdió la oportunidad de ser un protagonista importante del desarrollo democrático del país. A la hora de las decisiones se impuso el programa y la ideología conservadora y antipopular del PAN.
La alianza PAN-gobierno consiguió una victoria sólo aplaudida por los hombres del dinero, una victoria pírrica. Sumaron sus votos -no de todos los diputados panistas y priistas-, impusieron su mayoría, pero perdieron el debate, no convencieron a millones de mexicanos, a quienes imponen pesadas cargas, aunque ahora el PAN gasta sumas millonarias en propaganda para limpiar su imagen.
En torno al Fobaproa se dio, sin embargo, una de las más grandes batallas de ideas y de política de los últimos años. No sólo hubo convergencia del neoliberalismo conservador: un amplio abanico de fuerzas intelectuales, políticas y sociales coincidió en su crítica a las propuestas del gobierno y del PAN y demandaron un cambio de rumbo; desde el EZLN hasta los disidentes del PRI y del PAN, pasando por la mayoría de analistas e intelectuales independientes y el PRD que jugó un papel principal, en especial su dirigente, Andrés Manuel López Obrador, que sentó un precedente que no debe ser hecho a un lado por ese partido.
En suma, hay frenos a la transición pero se acumulan y alinean fuerzas para la lucha por el cambio, y eso es esperanzador.