Mil 500 de sus compañeros, ``encarcelados de forma injusta'', dicen
Juan Manuel Venegas y Roberto Garduño Ť Cincuenta y un militares sujetos a proceso, encabezados por el teniente coronel Hildegardo Bacilio Gómez, entregaron ayer al Senado de la República un pliego petitorio en el que demandan la desaparición del fuero de guerra y el respeto a los beneficios de la libertad bajo fianza; la ``incorporación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) a la Constitución'', a fin de que sus recomendaciones adquieran carácter de resolución judicial; y la intervención de la Cámara de Diputados para realizar una revisión de los expedientes de los integrantes del Ejército acusados de algún delito. Asimismo, expusieron las ``condiciones de miseria económica'' en que se encuentran.
Constituidos en el Comando Patriótico de Concientización del Pueblo (CPCP), los integrantes de las fuerzas armadas realizaron ayer una marcha del monumento a los Niños Héroes hasta la Torre del Caballito (que alberga oficinas del Senado) y posteriormente a la Secretaría de Gobernación, para dar a conocer tres documentos.
Además del pliego petitorio entregado en el Senado, hicieron público un Manifiesto al pueblo de México, en el que acusan al gobierno de tener al país en la miseria, el desempleo, la injusticia y la delincuencia y llaman a crear un ``frente amplio y decidido de resistencia civil pacífica'' para exigir que se cumplan los postulados de la Revolución Mexicana.
Durante su presencia en las oficinas senatoriales, los militares entregaron asimismo una propuesta de ``iniciativa de decreto'' que modifica al artículo 13 constitucional y elimina el fuero de guerra.
En el pliego petitorio, firmado por 51 integrantes del Ejército sujetos a proceso militar, presentan como primer planteamiento la desaparición del fuero de guerra. Piden también ``la incorporación de la CNDH a la Carta Magna, para que sus recomendaciones adquieran carácter de resolución judicial'', y que su titular sea nombrado por el Congreso y no en forma discrecional por el Ejecutivo.
La tercera demanda sugiere la presencia de miembros de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados en las prisiones militares y en los órganos castrenses de procuración de justicia, ``para que realicen una revisión de todos y cada uno de los expedientes de los militares sujetos a proceso''.
Y tras sus exigencias exponen las condiciones en las que se encuentran mil 500 soldados presos: ``No se nos pagan nuestros sueldos en forma íntegra ni se nos ministran (sic) uniformes y divisas; no se respeta la jerarquía para las prestaciones económicas a las que tenemos derecho, sin que exista una orden girada por un juez para tales hechos'', contraviniendo el artículo 5 constitucional que ``ordena que nadie puede ser privado del producto de su trabajo, si no es por resolución judicial''.
Al respecto, indican que se encuentran ``sometidos a la total miseria económica'', toda vez que los pagos quincenales fluctúan entre 160 pesos que gana el personal de tropa y 750 que percibe un jefe con más de 20 años de antigüedad en las filas del Ejército, lo que provoca que ``el personal militar tenga que trabajar en lo que sea para sobrevivir y que someta a una pobreza extrema a su familia''.
Manifiestan su inconformidad por la obligatoriedad de acudir a firmar, todos los días, el libro de control y ``pasar tres listas de presente'', por lo que la ``libertad bajo fianza de la que gozamos quienes estamos sujetos a proceso no se respeta y nos mantienen semipresos''.
Como punto final de su pliego petitorio, solicitan que se investigue a los jueces de distrito que les han negado la protección del amparo de la justicia ante las ``arbitrariedades'' de las que son víctimas y ``responsabilizan de su seguridad e integridad física'' al presidente Ernesto Zedillo; a los secretarios de la Defensa Nacional, Enrique Cervantes Aguirre, y de Gobernación, Francisco Labastida, así como al procurador de la República, Jorge Madrazo Cuéllar.
Como anexo a su demanda para derogar el fuero de guerra, los manifestantes entregaron al Senado un proyecto para modificar el artículo 13 constitucional, que plantea: ``La finalidad es que se modifique el artículo 13 de la Constitución Federal, desapareciendo la parte que a la letra dice: subsiste el fuero de guerra para los delitos y faltas contra la disciplina militar; pero los tribunales militares en ningún caso y por ningún motivo podrán extender su jurisdicción sobre personas que no pertenezcan al Ejército. Cuando en un delito o falta al orden militar estuviese complicado un paisano, conocerá del caso la autoridad civil que corresponda''.
Los manifestantes subrayan que las líneas anteriores son ``totalmente contradictorias'' de los primeros enunciados del mismo artículo, que a la letra dice: ``nadie puede ser juzgado por leyes privativas ni por tribunales especiales. Ninguna persona o corporación puede tener fuero, ni gozar más emolumentos que los que sean compensaciones de servicios públicos y estén fijados por la ley''.
Tras ese señalamiento, sugieren que el texto del citado precepto debe quedar de la siguiente manera: ``Nadie puede ser juzgado por leyes privativas ni por tribunales especiales. Ninguna persona o corporación puede tener fuero, ni gozar más emolumentos que los que sean compensación de servicios públicos y estén fijados por la ley''.
En su exposición de motivos, afirman que la justicia de mando se convierte en tendenciosa y unilateral, que a veces depende de órdenes superiores como las del Presidente de la República, el secretario de Gobernación o el secretario de la Defensa Nacional.
Esto ``sin lugar a dudas ha condicionado las dos grandes masacres que el Ejército Mexicano ha realizado, como la del 2 de octubre de 1968 y la de El Charco, Guerrero, por mencionar sólo algunos actos en donde el Ejército ha sido el instrumento que ha usado el gobierno para reprimir a la población civil''.
Expresan también que ``en el seno de nuestra institución militar existe un sentimiento de abandono y falta de comprensión y apoyo de nuestro alto mando; porque ha inmiscuido al Ejército Mexicano en actividades que no les corresponde como son las policiales, judiciales, retenes de vigilancia a la población civil que son anticonstitucionales; y que debido a que el militar no está adiestrado en estas actividades, frecuentemente comete ilícitos, siendo sometido a procesos tanto por la justicia del fuero federal o común, por un lado, y por el otro a través del fuero militar, quedando así en total estado de indefensión.
``Es el momento histórico para que el pueblo de México representado por sus diputados y senadores, por la sociedad civil, los intelectuales, desaparezcamos el fuero militar y el mal llamado derecho militar, y sean juzgados todos los ciudadanos mexicanos independientemente de su profesión por el fuero común o federal, y así evitaremos que nunca jamás salga un soldado de su cuartel para masacrar civiles, si no es por voluntad del pueblo a través del H. Congreso de la Unión.
``Si el Congreso de la Unión no da ahora y en forma urgente el paso histórico necesario para hacer estos cambios lógicos que necesita nuestra Constitución, nos llevará a otros 50 años para entenderlo y lograrlo, y quizá tendrá que correr más sangre mexicana para lograr estos cambios que tarde o temprano el pueblo exigirá''.