El Congreso ha aprobado, en lo fundamental, el Fobaproa. Los pasivos de este instrumento del gobierno para hacer frente a la quiebra bancaria no han sido admitidos como deuda ``directa'', pero se ha ordenado su pago, lo que equivale a su pleno reconocimiento como obligaciones del Estado, por cuenta, naturalmente, del pueblo.

La decisión es tan importante y trascendente que se ha conformado una coalición legislativa. A partir de la obligación reconocida de que se habrá de pagar cada año una cantidad creciente para el Fobaproa --ahora llamado de otra manera--, el esquema de ingreso-gasto del sector público ha quedado marcado. El mayor agujero en el presupuesto lo hace el Fobaproa --18 mil millones de pesos-- y, después, la baja en el precio del petróleo, calculada para 1999 en unos 15 mil millones.

La cuestión, sin embargo, es que el PAN no desea la creación de un nuevo impuesto al servicio telefónico --15 por ciento más el IVA-- ni tampoco está del todo claro que admitirá otros incrementos fiscales. La nueva coalición se encuentra en dificultades, pues el problema creado por ella misma no es de fácil solución.

El Presidente propone un recorte al gasto de unos 10 mil millones de pesos --después de haber disminuido el presupuesto de 1998 en 30 mil millones--, pero sin indicar aún los renglones que deberán afectarse. Por su parte, el PAN propone eliminar el subsidio a la Compañía de Luz, cerrar varias secretarías de Estado y reducir otros gastos, pero el gobierno no está de acuerdo.

La propuesta del PRD ya fue casi totalmente desechada al aprobarse el Fobaproa, aunque subsiste el planteamiento de eliminar los gastos innecesarios de la alta burocracia gobernante, lo cual es rechazado por la Secretaría de Hacienda.

La nueva coalición tenía acuerdos para apoyar a la banca y pasar el costo de la quiebra financiera al pueblo, más otros adicionales como la creación de un nuevo órgano de fiscalización a partir del año 2001 y un programa de apoyo a deudores con poco alcance y con la misma provisión presupuestal anteriormente considerada por Zedillo. Pero el gobierno y el PAN no avanzaron lo suficiente para integrar un paquete legislativo completo, por lo que tendrán que improvisarlo, ya que la coalición no está pensada para ser rota en el corto plazo, al menos antes del año 2000, cuando habrá elecciones presidenciales y para legisladores.

El propósito principal de la nueva coalición es dotar de estabilidad financiera al país a partir de soluciones supuestamente tranquilizadoras para los mercados. Sin embargo, la crisis de fin de sexenio ya ha empezado, especialmente a partir de la caída en el precio del petróleo, la volatilidad internacional, la especulación interna y las consecuentes alzas de las tasas de interés como medio único para controlar el tipo de cambio. El PAN asume las consecuencias de viejos errores priístas con tal de salvar intereses privados muy concretos.

Los alcances de la coalición legislativa son, principalmente, la oxigenación del viejo partido y el viejo sistema, más la lucha común del PRI y el PAN en contra del PRD, a quien siempre han tratado de presentar como un partido intransigente que rehuye cualquier acuerdo. El saldo de la acción común es ampliamente beneficioso para el Presidente y su partido, pues se han ratificado las operaciones del Fobaproa, aun cuando éstas pudieron deshacerse para entrar en otro esquema de salvamento de la banca, y Zedillo se ha presentado como el jefe de gobierno capaz de convencer a la oposición panista de la bondad de sus decisiones.

Dentro de todo este enredo el gobierno acude al PRD en busca de un acuerdo sobre los puntos en los que la coalición legislativa mantiene divergencias. Sería, naturalmente, un error de los perredistas acudir en auxilio de la nueva coalición, dando apoyo al PRI para vencer las objeciones y las confusiones del PAN. Ningún perredista podría votar en este momento por más impuestos para pagar el Fobaproa y mucho menos cuando existe la posibilidad real de que los panistas cedan finalmente para mantener la coalición en nombre de la estabilidad financiera.

En este marco se ha pensado en que varios nuevos impuestos se voten directamente en el pleno, dejándolos pasar por la Comisión de Hacienda, para que algunos diputados del PAN puedan ausentarse de la votación y el PRI logre sacar, solo, los nuevos gravámenes, sin el apoyo formal de los demás. Esta maniobra, sin embargo, sería demasiado elemental y dejaría ver el apoyo hipócrita del PAN.

Si la coalición legislativa entra en crisis será por la poca previsión de sus integrantes y por la torpeza del Presidente, que diseñó un programa económico para 1999 sin la debida consulta y acuerdo. La coalición es, por tanto, real en la medida en que existen intereses compartidos entre las direcciones del PRI y el PAN, pero la forma de operarla es torpe, a lo que se debe sumar la permanente presión del PRD mediante la denuncia del contenido de los proyectos conjuntos del Presidente y los líderes panistas.