Estados Unidos enfrenta una crisis institucional que podría resultar tan importante como la que se produjo cuando el presidente Richard Nixon fue obligado a separarse de su cargo por su responsabilidad en el caso Watergate. En ese momento, la renuncia de Nixon permitió restaurar la confianza de la sociedad en el Estado y restableció la majestad de la primera magistratura, severamente vulnerada por las prácticas ilícitas e inescrupulosas del presidente Nixon.

Pero en el caso del proceso de destitución de Clinton -acusado de cometer perjurio, obstrucción de la justicia y abuso de poder al intentar ocultar sus relaciones íntimas con Mónica Lewinsky-, el sistema político estadunidense se encuentra inmerso en una lucha de poder que, antes que devolver a la presidencia su credibilidad, pone en evidencia ante la opinión pública estadunidense y mundial la hipocresía y el oportunismo de los diferentes grupos políticos de la que, todavía, es la primera potencia económica y militar del mundo.

Para ilustrar los despropósitos en los que han incurrido tanto los demócratas como los republicanos en el marco del impeachment contra Clinton bastan dos ejemplos: el primero, la confesión del propio presidente electo de la Cámara de Representantes, Robert Livingston, en el sentido de que ha tenido varias relaciones extramatrimoniales y, el segundo, el ataque lanzado sin autorización de la ONU y a contrapelo de la comunidad internacional por los ejércitos estadunidense y británico en contra de Irak, justo en el momento en que se iniciaban los debates legislativos en torno al proceso de destitución.

Mientras los republicanos censuran la vida privada del mandatario estadunidense en nombre de una moral rancia e hipócrita, y exhiben de manera escandalosa e injusta la conducta privada de Clinton, el Presidente acosado rompe a su vez con la legalidad internacional al ordenar el bombardeo de un país severamente debilitado por la guerra de 1991 y por el largo bloqueo al que, desde entonces, ha sido sometido. De este modo, la comunidad internacional y los propios ciudadanos estadunidenses tienen la impresión de que Clinton ha ordenado destrucciones y muertes de personas inermes sólo para tratar de disminuir las presiones que está recibiendo en su propio país, circunstancia mucho más grave, peligrosa y lesiva que sus aventuras sexuales y sus intentos por mantenerlas en secreto.

Con ello, el gobierno de Estados Unidos no sólo generó suspicacias y sospechas entre sus ciudadanos, sino que también anuló buena parte de sus recientes esfuerzos en favor de la paz en Medio Oriente, irritó a Rusia, China y las naciones árabes y suscitó el rechazo de la mayoría de la comunidad internacional.

Hoy, en la Cámara de Representantes, se votará sobre la procedencia de juzgar al presidente Clinton. De darse una decisión afirmativa, el mandatario se encontraría en la cuerda floja. Pero más allá del resultado de la votación de hoy en Washington, la crisis política motivada por el llamado sexgate y sus posibles vínculos con el bombardeo contra Irak ponen en evidencia la hipocresía, la decadencia, el oportunismo, el abuso de poder y el carácter oligárquico del sistema político estadunidense.