Aún prófugos, 32 de los implicados en la masacre de Acteal: CNDH

Triunfo Elizalde Ť La recomendación 1/98, que la Comisión Nacional de Derechos Humanos dirigiera, el 8 de enero de este año, a Roberto Albores Guillén, gobernador interino de Chiapas, con motivo del asesinato de 45 personas -21 mujeres, 15 niños y nueve hombres-, con armas de fuego, cuchillos y machetes, el 22 de diciembre de 1997, en la comunidad de Acteal, tenía, al día de ayer, según la dependencia, el siguiente avance de cumplimiento:

Del paquete de nueve puntos presentado a Albores Guillén, en el primero y el segundo, en que se pidió la remoción de 12 servidores públicos y el inicio de un procedimiento administrativo para determinar sus responsabilidades, por acción u omisión, se dice que las autoridades estatales ``aportaron pruebas suficientes para acreditar ante este organismo nacional que fueron separados del cargo que ocupaban en la administración pública de la entidad''.

Conforme al tercer punto, la Contraloría General del Estado inició el procedimiento administrativo no sólo contra 12 sino 16 funcionarios, a fin de determinar la responsabilidad en que hubiesen incurrido. Según la CNDH, se hicieron llegar evidencias sobre la determinación recaída en aquéllos, decidiéndose la inhabilitación para desempeñar funciones públicas de 11 de ellos: uno por 10 años, nueve por ocho y uno por seis años, por lo que dicho punto se considera cumplido.

De las indemnizaciones a favor de los deudos de las personas asesinadas y de los lesionados se asegura que, de conformidad con las víctimas o sus representantes de la Asociación Civil Las Abejas, y del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, el 10 de marzo el gobierno estatal ``depositó en Banca Promex de Tuxtla Gutiérrez la cantidad de un millón 885 mil pesos, en la cuenta 594D49105061 a nombre del Fondo de Indemnización Acteal''. A este monto se agregaron 30 mil pesos ``para completar el pago por revaloración médica pericial a tres lesionados''.

Aplican programas en 41 municipios

En lo concerniente a la atención médica especializada para las personas que resultaron lesionadas, las autoridades estatales informaron que ``se ha brindado y se sigue brindando servicio asistencial''. En todo caso, la CNDH seguirá apoyando a las víctimas de los hechos delictuosos y verificará que este punto se cumpla a cabalidad.

Por cuanto a los programas de apoyo a la productividad, desarrollo social, salubridad, educación, seguridad pública, procuración y administración de justicia, se señala que el gobierno chiapaneco ha puesto en marcha dichos programas, particularmente en 41 municipios calificados como prioritarios de las regiones Norte, Selva, Altos, Fronteriza, Centro y La Fraylesca, con un monto de inversión de un millón 682 mil pesos. En este sentido, la CNDH precisa que los avances de dichos programas ``están sujetos a verificación'' mediante visitas de funcionarios de este organismo nacional, para constatar que los recursos referidos sean efectivamente aplicados. En consecuencia este punto está parcialmente cumplido.

Del punto sexto, el gobierno estatal expidió el Reglamento Interno de la Secretaría de Hacienda, que junto con las secretarías de Desarrollo Económico, de la Contraloría General, de Desarrollo Urbano, Comunicaciones y Obras Públicas, de Agricultura y Ganadería, de Ecología, Recursos Naturales y Pesca, de Desarrollo Turístico, y de Educación, Cultura y Salud, carecían de dicha normativa. Aún falta la emisión de los reglamentos de la Secretaría de Gobierno, la de Salud, la de Desarrollo Agrario y la Procuraduría General de Justicia. Debido a esto, para la CNDH este punto sigue parcialmente cumplido.

El punto siete, que pide efectuar una auditoría administrativa a la PGJE, ``una vez realizada, sus resultadis evidenciaron una serie de deficiencias e irregularidades''. Por ese motivo la Contraloría local ``sugirió'' iniciar los procedimientos administrativos en contra de los funcionarios públicos a quienes se atribuyen actos u omisiones detectados. A la vez, se crearon seis juzgados de Paz y Conciliación Indígena ubicados en los municipios de Altamirano, Huixtlán, San Miguel Mitontic, Oxchuc, Tenejapa y Zinacantán. Pese a lo anterior, la CNDH considera que este punto está parcialmente cumplido, ``en razón de que no existen pruebas de que se hayan realizado los procedimientos administrativos de responsabilidad''.

Sobre la realización de programas específicos -punto número ocho- relativos a la capacitación a servidores públicos de la PGJE y de la Coordinación General de Policía, se señala que se tiene como parcialmente cumplido, en virtud de que aún se encuentra pendiente acreditar la realización de los programas y la CNDH no cuenta con las pruebas de cumplimiento respectivas.

En cuanto al punto nueve, de enviar al Congreso local una iniciativa de ley para crear un Centro de Atención a Víctimas del Delito, se considera cumplido parcialmente.

De hecho, la recomendación 1/98 también fue dirigida, con un solo punto, a la Procuraduría General de la República, la cual atrajo el caso el 23 diciembre de 1997, que había iniciado la Procuraduría del estado. La PGR inició 13 averiguaciones previas, de las cuales 12 se han consignado y una se encuentra en trámite.

De las indagatorias, radicadas 5 en el juzgado primero de distrito y 8 en el juzgado segundo de distrito, ambos con sede en Tuxtla Gutiérrez, la PGR solicitó el libramiento de 279 órdenes de aprehensión del fuero federal y 193 del fuero común, luego de efectuar mil 86 diligencias que incluyen 467 dictámenes ministeriales y 94 ampliaciones de declaración, 372 dictámenes periciales, 569 testimonios, 424 peritajes que incluyen pruebas de radizonato de sodio, criminalística de campo, balística, medicina forense (necropsias), y otros aspectos del mismo orden.

A la fecha, dice la CNDH, se observa que se ha consignado a 135 personas, de las cuales 97 están privadas de su libertad; 86 de ellas son civiles y 11 ex servidores públicos. Al respecto están radicados nueve procesos penales, actualmente en fase de instrucción. En general, los juzgados mencionados libraron 83 órdenes de aprehensión, quedando 32 por cumplirse, todas ellas por los delitos de asociación delictuosa, lesiones, homicidio y portación de arma de fuego sin licencia y de uso exclusivo de las fuerzas armadas.