Luis Javier Garrido
La escaramuza

El Fobaproa (reconvertido gracias a la alianza del PAN con el gobierno en Iproaba) se había erigido como un obstáculo mayor para las ambiciones del grupo salinista de conservar el poder en el 2000, y por eso no puede extrañar que se haya tomado una decisión de fuerza e ilegal que constituye un nuevo desafío para la sociedad mexicana.

1. El caso del Fobaproa no es la expresión de la incompetencia del grupo tecnocrático en el manejo de las instituciones financieras del país, sino una evidencia de las actividades delictivas a que llegaron Carlos Salinas y sus amigos (y entre ellos Ernesto Zedillo) con tal de mantenerse en el poder, por lo que no tuvieron reparo en trasgredir una vez más el orden constitucional de la República e imponer una salida ilegal al problema, que no lo soluciona sino lo pospone porque el fardo del adeudo sigue pesando sobre la sociedad y porque lo que está viciado de una anticonstitucionalidad de origen no se puede legalizar.

2. La demanda insistente del PRD de conocer toda la documentación del Fondo antes de acordar una salida al problema era por lo mismo inviable. Lo que Andrés Manuel López Obrador (presidente del PRD) estaba solicitando era que los capos del narcosistema mexicano mostraran las pruebas de sus ilícitos: sus vínculos con los narcos y como se lava el dinero y se financian las campañas del PRI.

3. El voto fast track de ``la mayoría PRI-PAN'' en el Congreso logró encubrir en apariencia la ilegalidad en el manejo de los bancos, y hacer pagar al pueblo de México los fraudes del grupo gobernante, abriendo de paso la vía para que el sistema bancario pase al control del capital extranjero, pero tiene sin embargo un significado que va a entrañar costos políticos muy graves para quienes están ahora gobernando al país; y es que en los hechos constituye una verdadera declaración de guerra a los mexicanos.

4. El proyecto de ``transición'' de Córdoba y Salinas suponía llegar a un bipartidismo PRI-PAN, funcional al proyecto neoliberal (y a sus intereses), que les permitiera seguir excluyendo a la sociedad de la toma de decisiones, pero las cosas no les están resultando. El manejo fraudulento de las finanzas públicas del país por parte de Zedillo -que no ha sido menos grave que el del sexenio anterior- está mostrando sin embargo los límites de esa alianza, que lejos de tener un sustento en las mayorías debe enfrentar a sectores cada vez más importantes de la población, y ante este reclamo no parece tener más recursos que los de la propaganda.

5. La aparente salida al caso Fobaproa se logró, una vez más, por un acuerdo no entre el PRI y el PAN, como afirman los medios, sino por un entendimiento entre Los Pinos y el PAN, y por ello resulta significativo que una vez más los panistas hagan el trabajo sucio; no sólo aparentar que son los padres de la idea y defenderla sin vergüenza, sino tratando en los medios de engañar a los mexicanos con el mismo desprecio del gobierno; asumiendo que hacer política es como actuar en un set.

6. Los mexicanos saben ya bien que se seguirán utilizando los recursos públicos para cubrir una deuda ilegal, que el rescate no es a los bancos sino a los banqueros, que la decisión fue para apoyar al grupo salinista y no a los deudores, y que Fox, Diego y Medina no son más que comparsas.

7. ¿Quién puede ignorar que entre los beneficiarios fraudulentos del Fobaproa, y ahora del Iproaba, se encuentran varios de los más prominentes dirigentes de Acción Nacional, de Fernando Canales a Emilio Goicochea, y que los panistas votaron a favor del Fobaproa no sólo por su compromiso político con el narcosalinismo, sino por los poderosos intereses económicos que subyacen en ella. Desde que se hizo público en 1997 que Diego Fernández de Cevallos y Fernando Gómez Mont eran apoderados de negocios del Señor de los cielos, a quien se señaló como hombre de confianza de la familia Salinas, nadie puede ya dejar de sonreír cuando los panistas hablan del ``bien común''.

8. El voto del PAN a favor del Fobaproa tiene una indudable trascendencia histórica, ya que señala la culminación de una política panista de diez años (1988-1998), sustentada no en acuerdos para impulsar una transición política a fin de que los ciudadanos pudiesen alcanzar derechos plenos, sino en turbias componendas cuyo resultado ha sido el de impedirla, y todo en aras de una partidocracia que representa a los intereses más oscuros del país y que no ha dejado de actuar de espaldas a la sociedad.

9. Los dirigentes del PAN reconocieron en 1988 la supuesta ``legitimidad'' de Carlos Salinas, a quien habían calificado de usurpador, a cambio de que les abriera espacios políticos, y desde entonces no han hecho más que rescatar a un ``sistema'' en descomposición, integrándose a éste. En 1989 y en 1990 aprobaron modificaciones a las leyes electorales que no fueron democráticas, apoyaron en los años subsecuentes las políticas económicas del salinismo y sus manipulaciones políticas, pues Diego y sus amigos fungieron como comparsas en el proceso del 1994 y colaboraron al encubrimiento de Carlos Salinas en los crímenes políticos.

10. El voto en el caso del Fobaproa, llamado con justicia ``el fraude del siglo'', y del que los dirigentes panistas no pueden ocultar que han sido cómplices, beneficiarios y encubridores, no es sin embargo más que una escaramuza más. Los mexicanos no han dicho aún la última palabra.