Las elecciones de 1997 nos hicieron creer que las coas iban a cambiar. Sin embargo, primero vino la derrota del presupuesto de 1998 y después la del anatocismo. Ahora, nuevamente, con los votos de PAN y PRI, el Congreso de la Unión acaba de legalizar el ``robo del siglo'': la suscripción ilegal por parte del gobierno federal de los pagarés del Fobaproa, por un monto de alrededor de 609 mil millones de pesos, a través del Instituto de Protección al Ahorro Bancario (Inproaba), hipotecando con ello el futuro de la mayoría de los mexicanos.

Con la intención de mostrarlo como una secuencia de la aprobación del Inproaba, se anunció el miércoles un programa de apoyo a deudores. Así lo marcó Gurría cuando señaló que ``los beneficios fueron posibles por la voluntad de negociación del gobierno, del PAN, del PRI y de los banqueros''. Por el tono, y por la presencia de PAN y PRI en la conferencia de prensa donde se dió a conocer, se busca que los beneficiarios de las quitas, básicamente clase media, voten en el año 2000 por alguno de los partidos con ``voluntad negociadora'', excluyendo así al PRD, y anunciando implícitamente una alianza para ese año contra ese partido. Ahora resulta, entonces, que se tiene el nuevo programa, no por la lucha de El Barzón y de las otras asociaciones de deudores -así como por el PRD que la ha estado respaldando, partido al que pertenecen los principales líderes de los deudores- sino a la voluntad negociadora del PAN. Es decir, las fuerzas progresistas son derrotadas al arrebatárseles su bandera de lucha y colocar al PRD como el partido irresponsable e intransigente.

En lo que puede ser el preludio de una nueva derrota, la UNAM anunció, en boca de su rector, que podría aumentar sus cuotas de inscripción de 20 centavos a alrededor de 5 mil pesos (cantidad aproximada al 20 por ciento del costo por alumno). Con ello se lograría el primer efecto que buscaban las autoridades al anunciar un presupuesto más reducido para las universidades del país: elevar los pagos de los usuarios y, así, disminuir el subsidio. La última vez que se intentó hacerlo hubo una gran movilización estudiantil que lo impidió. Seguramente Barnés tendrá esto en mente; se jugaría el puesto si intenta implementar esta propuesta en un año recesivo como seguramente será el próximo, pero la presión debe ser enorme. El rector señaló que se exentaría del pago a los estudiantes que no tienen condiciones económicas para hacerlo. Ello supone una definición acerca de si se considerará al joven estudiante como dependiente de sus padres o como un individuo independiente. Los pagos altos en la educación universitaria son un freno para la independencia de los jóvenes en esas edades claves para el desarrollo individual. La instrumentación de un sistema de exenciones requiere, además, de un sistema de verificación semi-policiaco para evitar las falsas declaraciones, lo que puede tener un costo administrativo no despreciable y una pérdida de privacía para los solicitantes de la exención.

En estos días, cuando se acuerde la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos de la Federación, seguramente volveremos a sufrir nuevas derrotas. El ajuste entre los ingresos y los gastos será difícil, ante un poder Ejecutivo que se empecina en mantener el déficit ``oficial'' en 1.25 por ciento pase lo que pase, con la oposición generalizada al impuesto telefónico y los precios del petróleo por el suelo. En el ambiente de luna de miel entre PAN y PRI, las propuestas del PRD sobre recortes en los niveles de ingresos de los altos funcionarios y en otros lujos y aparatos burocráticos inútiles, serán dejados de lado, con lo cual el recorte recaerá seguramente en áreas vitales para la población. Incluso, en campos donde se habían logrado ya avances sustanciales, como la fórmula para asignar las aportaciones federales del Fondo para la Infraestructura Social, incluida el año pasado en la Ley de Coordinación Fiscal, existen presiones del PAN para cambiar la normatividad en su favor. Al parecer, quiere cobrarse caro los favores recibidos, ya que sus presiones van en el sentido de no asignar todo el fondo con base en la masa carencial, es decir con base en la magnitud de la pobreza como se hace ahora, sino asignar una tercera parte con base en población. Esto beneficiaría fuertemente a los estados y municipios que gobierna, que recibirían aportaciones mucho más altas.

Si el PRI aprueba esta regresiva modificación mostrará una parte del valor de cambio de la cabeza de Ortiz. En todo caso, aunque seguiremos derrota tras derrota, podremos divertirnos calculando el precio de dicha cabeza.

Correo electrónico: Julio Boltvinik