Qué se puede pensar de un gobierno que en el inicio de su mandato formula la necesidad de una reforma fiscal integral? Sin duda, que se trata de uno que promete actuar responsable y coherentemente en materia fiscal. ¿Qué pensar, asimismo, de este mismo gobierno que, cuatro años después y en el contexto de unos difíciles momentos provocados por la drástica caída de precios del petróleo, ratifique la necesidad de esa reforma fiscal integral? Sin duda -y una vez más-, que se trata de uno que pretende actuar con coherencia y responsabilidad.

No obstante, en este caso quedaría la duda sobre las razones y las circunstancias que lo llevaron, en los hechos, a retrasar cuatro años dicha reforma fiscal integral. Ahora bien, de nuevo permítaseme preguntar ¿qué se puede o debe pensar de un gobierno que retrasa su iniciativa, y aprovecha un inesperado aunque importante ascenso de los precios internacionales del petróleo, permitiendo que se agravara la dependencia fiscal de los recursos petroleros, se profundizaran los vicios y el carácter regresivo de la estructura impositiva del país? Que se trata -qué duda cabe ya- de un gobierno que, al menos en este terreno, ha actuado sin la responsabilidad que pregona y con mucha demagogia.

En 1994, el precio de la mezcla mexicana de exportación fue de sólo 13.88 dólares por barril, por lo que los ingresos petroleros representaron en ese año prácticamente la cuarta parte (27.2 por ciento) de los ingresos gubernamentales totales. La mitad era renta petrolera (derecho no tributario) y la otra mitad ingresos petroleros tributarios, suma del IVA neto reunido por Pemex y del IEPS (impuesto especial sobre productos y servicios), fruto del diferencial de los precios externo e interno de las gasolinas y el diesel, justamente ese que hoy se ha disparado como resultado de la elevación del precio interno y el descenso del externo.

En 1998, luego de tres años de que este gobierno profundizó la dependencia fiscal del petróleo, aprovechando el mayor precio de 1995 a 1997, la mezcla mexicana se cotizará a un promedio no mayor de 10.50 dólares por barril, por lo que los ingresos petroleros pasarán de la cuarta a la tercera parte (32 por ciento) del total de ingresos gubernamentales, luego de haberse elevado en 1995 y de casi haber alcanzado el 40 por ciento en 1996 y 1997. La contraparte es muy grave, pues en este sexenio, tanto la participación como el nivel real de los ingresos tributarios no petroleros -los que debieran ser el sustento del financiamiento gubernamental y de la atención a las necesidades sociales-, descendieron drásticamente en relación a los niveles logrados en 1993 y 1994, con precios del petróleo de 13.20 y 13.88 dólares por barril. No es justo, por eso, que ahora, a contracorriente, de manera drástica, incluso violenta, si consideramos el deterioro real del poder adquisitivo de la inmensa mayoría de la población, se busque un ascenso drástico y acelerado de la partida tributaria.

Y aunque, efectivamente, se explica la necesidad de compensar la merma fiscal por la caída del petróleo -agravada por el error gubernamental de estos tres últimos años-, no se explica porqué se llegó a ese callejón sin salida, cuando justamente, lo que se prometió hasta el cansancio -con ese realismo demagógico que se pregona día a día-, fue el ánimo de impulsar un cambio fiscal progresivo, más equitativo y más justo, no sólo con los contribuyentes, sino con todos los mexicanos a quienes pertenece el petróleo. En contra de lo que tanto se pregona, se actuó con una visión inmediatista y oportunista de corto plazo. Una cosa es aprovechar óptimamente el ascenso de precios del petróleo para fortalecer productiva y socialmente nuestro país y otra, muy distinta, utilizar dicha elevación de precios para seguir subsidiando fiscalmente -como lo demuestra la actuación impositiva del gobierno de 1995 a 1998- a banqueros, especuladores financieros, grandes monopolios industriales y comerciales, rentistas urbanos, terratenientes, entre otros.

Las cifras no engañan; en 1994 se dispuso de 47 mil millones de dólares de ingresos tributarios, con un PIB de 420 mil millones de dólares. En 1998 se dispondrá de apenas 41 mil millones de dólares de ingresos tributarios con un PIB de 410 mil millones de dólares. En ambos casos se trata de tasas fiscales ridículas frente a las grandes necesidades sociales y las enormes obligaciones estatales; son, además, unas de las más bajas del mundo (de 10 por ciento a 12 por ciento), en un país donde se logran unas de las ganancias más grandes del mundo ¿No bastó con el Fobaproa? ¿Esto es gobernar bien?