El pasado 4 de diciembre el Instituto Nacional Indigenista (INI) cumplió 50 años de existencia. Desde 1948 ha sido la institución del Ejecutivo Federal encargada de instrumentar y aplicar la acción indigenista del Estado mexicano. Y por mandato de ley ha tenido como propósito central incorporar a los indígenas mexicanos al ``desarrollo nacional''. Sus creadores concibieron al INI bajo la óptica de una institución generosa y capaz de coordinar las diferentes dependencias del gobierno en relación con los pueblos indígenas.

Sin embargo el pensamiento gubernamental predominante de aquellos años partía de la premisa absurda de que los ``indios eran pobres por su cultura'', por tanto debían dejar su cultura y sus formas esenciales de existencia para poder acceder al desarrollo. El reflejo más contundente de este tipo de pensamiento se dio con la creación de los llamados Centros de Integración Social, convirtiéndose en auténticos laboratorios de cuestionamiento y transformación negativa de la mentalidad indígena. Muchos de los jóvenes formados en esos centros tendrían pronto fuertes ``crisis de identidad'', y en variados casos se convertirían en enemigos de sus comunidades de origen.

Así, a pesar de las buenas intenciones derivadas del primer congreso indigenista interamericano de Pátzcuaro, realizado en 1940, y los propósitos positivos de los creadores del INI, pronto se toparía esta nueva institución con una muralla de intolerancia, homogeneidad, discriminación y exclusión, propios de un sistema jurídico-político concebido bajo la óptica de un Estado conformado por individuos y no por colectividades diferenciados. Por su naturaleza, el INI no podría ser una institución con capacidad suficiente para albergar las esperanzas de los indígenas mexicanos.

Y aunque en los últimos años se han tratado de aplicar políticas y programas que tienden a transferir ciertas facultades y funciones a las comunidades y organizaciones indígenas --como es el caso de los Fondos Regionales de Solidaridad, la transferencia de medios audiovisuales y la aplicación de los proyectos sobre procuración y administración de justicia con organismos civiles-- la ruta global de integracionismo estatal no se ha modificado.

Y hoy esta ruta no puede persistir ante la emergencia indígena, la cual se ha profundizado más, sobre todo con el levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). Hoy, ante los nuevos tiempos y circunstancias que han modificado el escenario nacional y han colado a nuestros pueblos indígenas como un actor fundamental, el INI debe ser transformado radicalmente. Esto mismo se encuentra signado en los acuerdos de San Andrés sobre derechos indígenas, cuando se establece en las propuestas conjuntas entre el gobierno federal y el EZLN, el siguiente consenso: ``Puesto que las políticas en las áreas indígenas no sólo deben ser concebidos por los propios pueblos, sino implementadas con ellos; las actuales instituciones indigenistas y de desarrollo social que operan en ellas deben ser transformadas en otras que conciban y operen conjuntamente con el Estado los propios pueblos indígenas''.

De esta manera el camino de la transformación del INI se ha comenzado a trazar en San Andrés. Y esta exigencia tiene que empezar a darse en las regiones indígenas del país, mediante la conformación de comisiones mixtas entre los organismos gubernamentales ahí establecidos con las autoridades y representantes indígenas de la región específica de que se trate. Instancias mixtas, con el mandato claro de ir definiendo las políticas y programas de desarrollo regionales, y permitan la reconstitución de una nueva instancia de coordinación integrada por el gobierno y los representantes indígenas, con carácter ejecutivo y que estaría sustituyendo las actuales dependencias y organismos gubernamentales --incluido el INI.

A partir de estos acuerdos regionales se iría consensando una nueva política estatal y federal en relación con las muy diversas regiones y pueblos indígenas. A la par --desde las regiones-- se irían proponiendo los propósitos y las características de una nueva instancia federal que armonice los esfuerzos realizados en las regiones indígenas y concretice la necesidad de una participación decisiva de los pueblos indígenas en el plano nacional. Así, en los 50 años de trabajo y esfuerzo del INI, la mejor recompensa es reconocer su transformación radical y el trabajo por hacer posible este reto desde las más diversas regiones indígenas del país.